La empresa española ENCE analiza no construir su planta de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el fronterizo río Uruguay, motivo de un serio conflicto entre el vecino país y la Argentina.

En este sentido, "La Nación" atribuyó ayer a "fuentes empresariales'' esta versión, que ya había circulado en algunos medios.

Fuentes empresariales que conocen la iniciativa en detalle admitieron a La Nación que "el ánimo que predomina entre los máximos directivos de Ence es el de congelar de modo definitivo la fábrica proyectada, sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a (la ciudad argentina de) Gualeguaychú'', dice el matutino.

"Sin embargo, la compañía no hará anuncios. Hasta ahora sólo dijo que congeló las obras hasta diciembre y esperará a conocer si se destraban los créditos internacionales pedidos'', añade La Nación.

Por su parte, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú designó a los abogados Fabián Moreno Navarro y Ana Angelini como representantes en la Cancillería para integrar el equipo de profesionales que trabajará en la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El último jueves, en su exposición ante ambientalistas y vecinos en el Teatro Gualeguaychú, el canciller Jorge Taiana pidió que dos abogados de la Asamblea fueran designados para trabajar en la preparación del "memorial" ante La Haya. Taiana anticipó que el equipo argentino se reunirá mañana a las 15.30, en la sede de la Cancillería, para preparar los argumentos que, en un lapso de seis meses, justifiquen la demanda argentina por la construcción de las papeleras.

En ese marco, el canciller consideró que el camino de la Corte de La Haya "es el mejor que tenemos", a pesar de la negativa del tribunal a paralizar las obras de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Asimismo, dijo que la presencia de abogados de la Asamblea en la Cancillería servirá para que la presentación ante el Tribunal incluya los sentimientos de Gualeguaychú frente a las papeleras.

Argentina ha cuestionado las obras alegando que violan el Estatuto binacional del Río Uruguay, firmado en 1975, que obliga a los dos países a consultarse y lograr consenso sobre cualquier obra sobre ese curso de agua compartido. Los argentinos sostienen también que el Uruguay emprendió las obras de manera unilateral e inconsulta.