VIEDMA (AV)- El gobierno rionegrino ratificó el cronograma de gestiones destinado a recuperar las deudas de los productores que tomaron créditos al entonces Banco de la Provincia de Río Negro (hoy residual). El sector forma parte de una cartera general que rondaría los 70 millones de pesos.

La continuidad de los contactos con representantes de la actividad frutihortícola y ganadera responde a incorporar más adherentes tomando en cuenta que sobre 1.500 que están en condiciones de acceder a facilidades de pago sólo formalizaron un acuerdo alrededor de 400.

El Ministerio de Producción fijó para ello un plan de visitas para constituirse, principalmente, en las cámaras agrícolas.

Al respecto, el titular de la cartera, Juan Accatino, el fiscal de Estado, Alberto Carosio, y el Director de Tierras, Jorge Belacín; explicaron a "Río Negro" que las reglas de juego dispuestas por el gobierno "no tienen espíritu recaudatorio sino que la pretensión es poner en el sistema (productivo) a los que están fuera de él".

Para las devoluciones está vigente el decreto Nº 1.133. En el caso de pequeños y medianos ganaderos, los beneficios exigen que cuenten hasta 3.500 cabezas ovinas y 420 bovinos y que posean como único ingreso el producido de esa explotación. Para aquellos vinculados a tareas agrícolas se tomará un máximo de 30 hectáreas.

Podrán aplicar al momento de su refinanciación el 60% de la deuda consolidada mediante la presentación de un plan de inversión en su establecimiento, y el 40% restante se podrá abonar en efectivo o en bonos provinciales o nacionales hasta en plazo de 10 años.

Los funcionarios aclararon que la certificación de las inversiones está a cargo de ese ministerio, mientras que los productores deberán respaldarlas presentando documentación y facturas de gastos.

Los próximos acuerdos deberán tener el aval de la Comisión de Transacciones Judiciales.

La cartera general incluye a unas 4.000 carpetas deudoras de la mencionada cifra, por lo que en mayo pasado la Legislatura facultó por ley a la Comisión de Transacciones Judiciales -que integran diputados y funcionarios- a negociar su cobro o disponer el archivo de las carpetas pendientes. Un gran porcentaje de esos expedientes tienen trámites judiciales.

Entre las deudas, la mayor cantidad pertenecen al régimen general por préstamos personales, comerciales o de tarjetas de créditos; en tanto que el sector productivo concentra la otra parte importante del pasivo. Entre estos morosos, el 80 por ciento corresponde al sector frutícola y el restante se reparten en horticultores, ganaderos, apicultores, como también, cooperativas y productores de la Línea Sur. Una decena de lupuleros ya arreglaron su situación.

Si bien esa nueva norma legislativa no está reglamentada, se prevé concretar ese trámite en los próximos días.

La política de cobro de la provincia registró múltiples modificaciones y cambios de gestores en esta década.

Esta situación hizo peligrar incluso el derecho de cobro del Estado rionegrino ya que un deudor ganadero llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) con ese cuestionamiento después que un juez y la Cámara Civil resolvieron en su favor. El máximo órgano judicial volvió a dar vida a las acciones de la provincia porque habilitó la continuidad de los reclamos judiciales.