Los diputados dieron ayer aprobación definitiva a la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y de esa forma, con 12 años de demora, el Congreso cumplió con una obligación surgida de la reforma constitucional de 1994.

Los DNU son el mecanismo usado por el Poder Ejecutivo para modificar la legislación sin la intervención del Congreso. Si bien existían antecedentes previos, los Decretos de Necesidad y Urgencia recién conquistaron carácter constitucional en 1994.

Los convencionales constituyentes, sin embargo, evitaron precisar su forma de validación y delegaron a los legisladores la discusión de una ley que reglamentara su uso.

Con el proyecto impulsado por el oficialismo, el Congreso tendrá la facultad de derogarlos o ratificarlos pero sin un plazo perentorio. Mientras tanto, los DNU mantendrán su vigencia. Allí residió precisamente el eje de la controversia que atravesó los debates en el Senado y Diputados.

La oposición buscó sin éxito que se impusiera un plazo para que, una vez vencido sin un pronunciamiento del Congreso, los decretos quedaran automáticamente derogados.

Pero el oficialismo, y sus aliados del peronismo bonaerense y de sectores de la UCR, impusieron el proyecto tal como llegó del Senado con 139 votos a favor y 92 en contra. La reglamentación sancionada ayer crea una comisión bicameral que será la encargada de revisar la validez de los DNU antes de su tratamiento por ambas cámaras.

Al abrir el debate, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Juan Manuel Urtubey, defendió la decisión de mantener la vigencia de los decretos mientras el Congreso adeude un pronunciamiento expreso.

"Nosotros hemos salido de la concepción que otorga al silencio del Congreso un sentido ratificatorio o denegatorio, no asignamos al silencio ningún valor", aseguró Urtubey. Y destacó que, de ahora en más, "una comisión bicameral permanente de ocho diputados y ocho senadores comenzará a controlar, con 12 años de mora, los Decretos de Necesidad y Urgencia".

El encargado de contestarle desde la UCR fue Mario Negri, quien repasó las restricciones constitucionales al dictado de leyes sin la manifestación expresa del Congreso. "Vamos hacia una democracia delegativa, a una democracia plebiscitaria", advirtió Negri.

"Para que exista una ley debe haber voluntad expresa de ambas cámaras", coincidió Federico Pinedo, de PRO. El diputado del ARI Adrián Pérez subió el tono de los cuestionamientos. "Es un claro ejemplo de gatopardismo: legislar para que nada cambie" dijo Pérez sobre la propuesta oficialista que también calificó de "brutal, oportunista y mentiroso".

Menos catastrófico en sus diagnóstico, el socialista Hermes Binner también pidió darle valor al silencio del Congreso pero se mostró a favor de cumplir con la asignatura pendiente de la Constitución. "No creo que estemos debatiendo entre totalitarismo y Democracia, sino entre distintos marcos institucionales", interpretó por su parte Claudio Lozano (CTA), con tono reflexivo.

Su alusión tomó inconfundible distancia de la diputada del ARI Elisa Carrió, quien en declaraciones a la prensa, fuera del recinto, aseguraba al mismo tiempo que el régimen vigente era "fascista". "Este proyecto está en el marco de un contexto concentrador de poder en torno al Poder Ejecutivo", terció el lavagnista Jorge Sarghini, titular del bloque Peronista Federal. (DyN)