El antecedente directo de la causa que investiga Lozada (y que en un primer momento pasó también por la jueza Silvia Baquero Lazcano) es el informe elaborado por un equipo de legisladores provinciales.

La investigación duró dos años e involucró a representantes de todos los bloques, entre quienes estaba el actual gobernador Miguel Saiz.

En su momento el trabajo de la comisión fue boicoteado por el Consejo de Administración que encabezaba De Ferrariis y también encontró cierta resistencia en el entonces gobernador, Pablo Verani.

Aun así, luego de analizar balances, contratos y cientos de actas del Consejo, los legisladores consideraron probado que la CEB "se apartó de su objeto social" al crear las sociedades anónimas para encarar otros negocios "que comprometieron su patrimonio".

La comisión investigadora atribuyó responsabilidades a De Ferrariis, al resto de los consejeros y los organismos de control como el EPRE y la dirección de Cooperativas de la provincia.

Los legisladores consideraron que al hacer público el informe habían completado su cometido, pero en julio del 2003 el entonces procurador fiscal de la provincia, Hugo Mántaras, ordenó la causa penal respectiva. (AB).