SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez de instrucción Martín Lozada ordenó en las últimas semanas varias medidas que reactivaron la causa por presuntos delitos cometidos en la administración de la CEB y que podrían desembocar en un próximo llamado a indagatorias.

La investigación involucra a la conducción de la Cooperativa de Electricidad que encabezó durante 14 años Leonardo de Ferrariis, hasta que renunció a la presidencia en julio del 2002.

La instrucción del expediente comenzó hace ya tres años como derivación de un exhaustivo informe que elaboró un equipo de legisladores provinciales, cuyo dictamen final se conoció en junio del 2003.

Durante la gestión De Ferrariis la CEB conformó varias sociedades anónimas desde las cuales incursionó en otros negocios como telefonía, saneamiento, internet, tevé por cable, forestación y ejecución de obras públicas, que le significaron cuantiosas pérdidas a la empresa.

El endeudamiento superó los $30.000.000 y puso a la CEB al borde de la quiebra. Hace pocos días la actual asamblea de delegados aprobó la imposición de un "contribución extraordinaria" para afrontar ese pasivo.

Según la comisión legislativa que estudió el caso, los ruinosos negocios encarados por De Ferrariis se apartaron del objetivo social de la CEB y "pusieron en riesgo la normal prestación del servicio eléctrico", que era su finalidad original.

El expediente judicial inaugurado hace ya tres años tuvo escasos avances en un principio, hasta que el actual Consejo de Administración de la CEB decidió constituirse en querellante, con el patrocinio del abogado Mario Altuna.

Desde entonces la causa registró mayor movimiento, dado el visible interés de varios actores en evitar que caiga en la prescripción.

El juez Lozada reconoció que la Justicia en general tiene escasos medios para investigar delitos económicos -en este puntual el expediente acumula ya cientos de kilos de documentación apilados en un baño-, pero confió en obtener buenos resultados. Uno de los hechos concentró la atención del juez es el depósito de 100 mil dólares que efectuó la CEB en un banco chileno como aval por una obra de gas en Temuco que jamás se ejecutó.

El pago está fechado en julio del 1999 y según las constancias intervinieron en la transferencia el Banco Francés y el Banco de Crédito e Inversiones del país vecino. El juez Lozada emitió el mes pasado un exhorto diplomático a Chile con el propósito de averiguar quién recibió el dinero, cuyo rastro se perdió y jamás fue reintegrado a las arcas de la CEB, a pesar del incumplimiento en la realización de la obra.

Según el magistrado, el objeto de la investigación es determinar si el millonario déficit que presentó la CEB en el período 1996/2002 "es producto de maniobras compatibles con el delito de administración fraudulenta".

Además, de profundizar la pesquisa sobre los 100 mil dólares girados a Chile, el juez habría incorporado el resultado de pericias contables solicitadas por la querella. El actual presidente de la CEB, Omar Goye, dijo entender que se trata de un tema "complejo", pero dijo estar "conforme" con la marcha de la causa.

La causa no sólo está orientada a dilucidar lo ocurrido con determinadas transacciones y contratos que supuestamente perjudicaron a la CEB. También apunta a definir si la conducción de la empresa incumplió la ley de Cooperativas al eludir la distribución de excedentes para aplicarlos en la creación de sociedades que nada tenían que ver con su objeto inicial.