BUENOS AIRES- Doce años después del atentado a la AMIA, los familiares de las víctimas y la comunidad judía exigieron ayer que la masacre sea declarada un crimen de "lesa humanidad" para que la causa no prescriba y reclamaron al gobierno que rompa vínculos con Irán porque, afirmaron, a tres años de gestión "no basta con decir" que la investigación fue "una vergüenza nacional".
Con la notoria ausencia del presidente Néstor Kirchner -que desde que asumió siempre había ido, pero a esa hora estaba en Paraguay-, la comunidad judía y los parientes de las 85 víctimas de la masacre le hicieron saber en un acto al gobierno que "no alcanzan" decretos y promesas, y sostuvieron que se necesitan "respuestas" a los interrogantes abiertos sobre los autores intelectuales y materiales del ataque.
Igualmente, Kirchner dijo en Asunción que "por trabajos de sectores de poder y de otros sectores (a los que no identificó) aún no se ha podido resolver las sanciones a los culpables", y dijo que el atentado "nos duele a todos los argentinos".
En tanto, Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas, afirmó que "el mundo sabe quién es Irán. También el mundo debe saber qué es Hizbollah. Es una organización terrorista disfrazada de partido político. Eso también debe entenderlo el gobierno argentino en forma inmediata, si todavía no lo hizo".
Czyzewski sostuvo que Kirchner les "prometió que el Ejecutivo iba a estudiar" cómo "considerar delitos de lesa humanidad los atentados a la embajada y a la AMIA". Y recomendó a los legisladores que "la misma fogosidad y empeño que ponen en discutir si la Argentina necesita o no una ley de superpoderes deberían ponerlas para sancionar una ley que castigue el financiamiento de organizaciones terroristas".
Por el gobierno, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió que "no es fácil" cambiar la legislación para que se declare el ataque como delito de "lesa humanidad" y no pudo "anticipar" qué harán con las relaciones diplomáticas con Irán.
Pero con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ratificaron el compromiso de cumplir en todo lo que se pueda para el esclarecimiento del atentado que permanece impune.
Los oradores lanzaron también fuertes críticas a los investigadores judiciales: le exigieron al juez Ariel Lijo que llame a indagatoria al ex presidente Carlos Menem y a su ex ministro del Interior Carlos Corach por presunto encubrimiento de la pesquisa. Y deslizaron un supuesto "pacto" de silencio con agentes de la SIDE para que en el juicio oral "sólo" hablaran del pago ilegal al entonces detenido Carlos Telleldín y se permitiera liberar a los ex policías bonaerenses detenidos por el caso.
No estuvieron Kirchner -quien por la tarde se reunió con autoridades del Congreso Judío Mundial- ni su esposa, la senadora Cristina Fernández, porque se encontraba enferma, se explicó.
Sí acudieron y se mezclaron con el público Alberto y Aníbal Fernández, el ministro de Educación, Daniel Filmus; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el secretario de Cultura, José Nun; el jefe del Gobierno porteño, Jorge Telerman, y su antecesor, Aníbal Ibarra.
(DyN/AFP)
