SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo municipal impugnará ante el Superior Tribunal de Justicia un reciente decreto del gobernador Miguel Saiz que regula las atribuciones y competencias en el área Catedral.

El asesor letrado del municipio, Manuel Vázquez, aseguró que el decreto "es inconstitucional" porque avanza sobre "facultades y derechos" que corresponden al gobierno local.

Entendió que la decisión de Saiz "pretende retrotraer" la situación jurídica y regulatoria en Catedral a la que regía antes de comenzar el proceso de municipalización.

Recordó además que la provincia está en falta porque ya se cumplieron los dos años previstos para la transferencia definitiva del área Catedral al municipio -incluidas las tierras y las concesiones de medios de elevación- pero hasta ahora el proyecto respectivo sigue trabado en la Legislatura.

Vázquez ofreció ayer una conferencia de prensa acompañado por el secretario municipal de Obras Públicas y presidente del Ente Regulador de Catedral (Enrecat), Juan Carlos Alvarez, y por referentes de otros partidos como la legisladora Ester Acuña (PJ), su colega Carlos Valeri (Encuentro) y el concejal Andrés Martínez Infante (Encuentro).

El abogado advirtió que el decreto plantea "un conflicto de competencias" entre el municipio y la provincia. Observó que en su mismo articulado "curiosamente ya prevé que las diferencias se resuelvan según lo dispuesto en el artículo 207 de la Constitución Provincial", la de acudir al STJ.

Los denunciantes hicieron notar que el decreto reserva a la "autoridad concedente" (el gobierno provincial) la potestad sobre la concesión de medios de elevación, las actividades de escuelas de esquí, de instructores y fotógrafos, además del uso del espacio público en el cerro y los contratos de publicidad.

Al mismo tiempo asigna al Enrecat atribuciones de fiscalización y sanción y sólo concede al municipio el derecho de habilitar y aprobar "obras civiles no incluidas en el sector de la concesión", habilitar comercios que tampoco se opongan a la concesión y ejercer competencia ambiental en el área Catedral.

Un capítulo del decreto deja "excluidas" de la competencia municipal la concertación de publicidad, la regulación y control de los medios de elevación y el cobro de tasas a la concesionaria CAPSA. Esta última cuestión ya fue motivo de conflicto hace dos años y se saldó cuando la empresa aceptó librar los pagos en ese concepto.

Para Martínez Infante "no es lógico que el gobierno regule competencias en el cerro Catedral cuando el contrato de adecuación con CAPSA (firmado en marzo del 2004) establece en su artículo 26 que la empresa acepta la transferencia irrevocable de la concesión al municipio". Allí mismo quedó fijado el plazo de 24 meses, que ya está vencido.

El concejal también sostuvo que en función de ese incumplimiento "es exigible en forma inmediata que el municipio administre el canon" pagado por CAPSA. Hoy esa imposición ronda los 1.200.000 pesos anuales y se reparten entre el Enrecat y la provincia.

Acuña, por su parte, admitió que el decreto de la discordia no la sorprendió porque hasta ahora el gobernador Saiz no había demostrado verdadera voluntad de promover la municipalización del cerro.