El fiscal federal Federico Delgado requirió ayer que el ex titular del PAMI y ex secretario de la Tercera Edad, Víctor Alderete, sea investigado por su presunta actuación durante la dictadura en una sociedad que al parecer administró bienes de desaparecidos.

Fuentes judiciales informaron que los socios en la compañía SMC S.A., en que Alderete pudo haber participado como síndico, eran el entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército general Guillermo Suárez Mason y el ex jefe de la Policía bonaerense general Ramón Camps, como indicaban las iniciales del logo de la firma.

Delgado pidió al juez federal Daniel Rafecas que se impute a Alderete en un dictamen en el que planteó: "Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas o para realizar los más variados emprendimientos por medio de la mercantilización del terror".

El dictamen del fiscal se inscribe en un reclamo mayor, la investigación y castigo de los delitos económicos cometidos por la última dictadura en el marco de la represión, pues entendió que "están conectados entre sí y constituyen una totalidad en tanto comportamientos".

"Se probó que existió un plan criminal que se exteriorizó como una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder con el deliberado objetivo de despolitizar y recluir a la ciudadanía a lo 'privado' para 'normalizar' un momento de la historia que se percibía como amenazante para el orden social vigente", afirmó Delgado.

En ese contexto, añadió: "Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil". "Para sentar las bases de un nuevo patrón de acumulación (era necesario) un altísimo grado de concentración del poder para aislar y desmovilizar a la ciudadanía", sostuvo. Para ello, la dictadura concedió "licencias para delinquir para quienes eran parte del régimen, de manera concomitante con la represión". (DyN)