ROCA (AR).- La intimación a pagar sus deudas antes del 31 de agosto no tuvo el mejor recibimiento entre los vecinos de las 260 viviendas de Roca, que a diario ven cómo las paredes externas de sus casas pierden solidez y padecen las consecuencias de haber sido construidas sobre un verdadero salitral.

"Yo quiero vivir en una casa digna, no aguanto más. La casa se me cae día a día". Andrea Agüero reclama desde hace nueve años para que le caduquen la deuda de la casa o le solucionen el problema edilicio que padece su inmueble. "Las paredes se descascaran, las plantas no crecen y el sistema cloacal colapsa periódicamente", describió la mujer. El caso de Andrea se multiplica por decenas en el populoso barrio ubicado al oeste de esta ciudad.

"Yo no pago más la cuota mensual porque creo que esto es una falta de respeto. El día que quieran desalojar a alguno de nosotros, todos nos vamos a ayudar a impedirlo", sostuvo ofuscada Marta Jara, quien reside en la calle 105 entre Villegas y San Martín.

Junto a otros vecinos, Jara conformó un "grupo de trabajo" -según su denominación - para "sacar adelante al barrio". "Nadie nos toma en cuenta, hicimos muchos reclamos a las autoridades. Nos culpan de no cuidar las casas", agregó.

Uno de los más nuevos

Las 260 viviendas fueron inauguradas en 1997. El barrio está limitado por las calles Villegas y 9 de Julio y por las transversales 99 y 107, siendo el más afectado por la inundación de 1999, que tuvo como consecuencia la evacuación de 70 familias, aguas en las casas y el canal secundario desbordado.

Este hecho hizo que el salitre acumulado en las paredes intensificara su

acción degenerativa, extendiéndose incluso al cordón cuneta.

"Mi casa se llenó de agua y estuve varias semanas sin poder habitar porque era imposible respirar el olor nauseabundo", señaló Agüero. El anegamiento la obligó a poner "machimbre" sobre todas las paredes de la casa a una altura que dista en pocos centímetros del techo.

En esta ocasión el gobierno determinó suspender por una año el pago de las cuotas y revaluar el precio de cada residencia. Fue así que el IPPV determinó que cada casa pase de costar 29.800 a 25.00 pesos.

Sin embargo, los problemas siguen. "Cada tres meses tengo que pagarle a algún albañil para que revoque todo lo que se descascara", indicó la vecina. Todas estas razones la motivaron a considerar el inicio de acciones judiciales.

En 2001 el agua llegó nuevamente al interior de las casas.

"Me cansé de que no me tomen en cuenta, por esto exijo que me caduquen la deuda o que me den una casa en otro sector así me puedo ir de acá. No estoy renegada, estoy harta y por eso iniciaré acciones legales", indicó Agüero, quien reside en la intersección de las calles 107 y 9 de Julio, esquina de la que afloran las aguas servidas cada vez que colapsa el sistema cloacal.

Desde la sede central del organismo de viviendas provincial, Graciela Martínez, secretaria de Prensa informó que desde 2003 -cuando se inició la gestión de Vicente Pili a cargo del IPPV- no recibieron ningún reclamo formal sobre estas situaciones. Asimismo, de exponerse los casos por escrito, auguró que "serán solucionados".

Mientras tanto, los altos niveles de salinidad, afectan a algunas paredes interiores de los núcleos habitacionales.