NEUQUEN (AN).- Los concejales analizarán hoy en comisión un nuevo organigrama para el juzgado de Faltas número dos, a cargo de Jorge Carlos López, quien defiende la inamovilidad de su cargo. El año pasado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sentenció que en el 2001 debía haberlo dejado y en todo caso volver a concursar, si pretendía retener la función.

La sentencia judicial estaría con efecto suspensivo como consecuencia de una apelación planteada por el funcionario.

En la página web de la Corte Suprema de Justicia figura el inicio de un expediente por parte del juez de faltas con fecha de ingreso el 26 de mayo del 2005, dos meses después de conocido el revés del TSJ. La carátula, "López Jorge Carlos contra municipalidad de Neuquén sobre acción procesal administrativa",  es idéntica a la que fue tramitada por la justicia neuquina.

En el renglón "Fallos" del mismo expediente de la Corte figura que fue dada "la caducidad" al expediente.

La Carta Orgánica -que es al municipio lo que la Constitución a la provincia- establece que los jueces de faltas duran seis años en sus funciones y son elegidos por la mayoría absoluta del total de los miembros del Concejo, previo llamado público y abierto de postulantes, en función de sus antecedentes y méritos.

Fuentes municipales y legislativas se mostraron sorprendidas por las consultas relativas a la sentencia del TSJ con fecha 28 de marzo del 2005 y a la demanda de López en la Corte, el 26 de mayo de ese mismo año.

Desde el Deliberante se indicó que el juicio es contra la comuna y por lo tanto el seguimiento es "su" responsabilidad. Desde el municipio se trasladó la responsabilidad a los ediles por tratarse -se adujo- de "un tema de incumbencia legislativa".

López se desempeña como juez de Faltas desde 1989. Fue uno de los pocos funcionarios que no juró por la Carta Orgánica por entender que afectaba derechos adquiridos, en el sentido de la inamovilidad en el cargo. En el 2002 pidió al TSJ la revocación del concurso con el propósito de mantener la titularidad del juzgado dos. Adujo que su designación se realizó en el marco de la ordenanza 1349/77 y por ende, mantiene la estabilidad mientras dure su buen desempeño.

El TSJ sentenció en su contra. Dijo que el cargo debió haberse concursado en el 2001 y que en su caso particular, la aplicación de la ordenanza 1341 "devino en inconstitucional".

La propuesta de organización y de funcionamiento del juzgado a cargo de López que hoy tratan los concejales ingresó el 6 de junio por la secretaría de la presidencia del Deliberante.

Se trata de una iniciativa que López viene reclamando desde 1998 conjuntamente con su colega del juzgado uno, Mónica Acuña. Apunta a que se dicte una ordenanza especial reasegurando la autonomía funcional y un organigrama administrativo.