SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara del Trabajo de esta ciudad hizo lugar a la demanda iniciada por el empleado de Rentas, Pedro Pizarro, contra la sanción de 30 días de suspensión que le impuso la Junta de Disciplina por decir que la falta de verificación de créditos de la Provincia en el concurso de Catedral Alta Patagonia se parecía a una sinvergüenzada más que a una irresponsabilidad.

Pizarro es el mismo que hace una década denunció la existencia de comprobantes de pago de la DGR con sellos apócrifos, investigación que motivó las condenas del escribano Raúl Echevarría y los funcionarios de Rentas Ana María Limonti y Sergio Garaycochea. También en esa época fue sancionado y discriminado por "destapar la olla", pero esta sanción lo puso al borde de la cesantía, dado que otra mínima suspensión en 24 meses significaría su despido con justa causa.

El demandante envió ese comentario por e mail en forma contemporánea con la información que difundió este diario sobre la falta de verificación por parte de Rentas en el concurso de CAPSA. Pero la Junta de Disciplina le aplicó la extrema sanción por no haber denunciado ante la justicia y "haber vertido expresiones ofensivas hacia la máxima autoridad de la Dirección General de Rentas y demás funcionarios, poniendo en duda el accionar de los mismos y faltando a la obligación de guardar respeto a sus superiores y compañeros".

Pizarro expuso que había enviado el e mail ejerciendo su derecho constitucional a peticionar y a defender, tanto sus derechos, como los de la provincia, y que sus términos no tenían la intención de desprestigiar o injuriar a alguien.

Respecto del argumento de la Junta de que debió realizar una denuncia penal, el juez Juan Lagomarsino observó que "más prudente parece, para un empleado, solicitar que se investigue, antes que hacer él mismo la denuncia, sin contar quizá con todos los elementos de juicio que sí tienen las autoridades. No afirmó Pizarro que éste o aquel fuese un sinvergüenza, sino que la conducta de no verificar un crédito de la Provincia parece una sinvergüenzada, y que por eso debe investigarse. No encuentro en ello reproche sancionable, teniendo en cuenta que el crédito de la provincia fue verificado tardíamente, después de haberse hecho pública la omisión que la publicación periodística imputa a la Dirección de Rentas", señaló el magistrado, antes de apuntar que "por la falta de verificación oportuna del crédito no se instruyó sumario alguno, ni se aplicó sanción a los responsables".

Sobre el otro motivo alegado para la sanción, Lagomarsino manifestó "no creo que en un sistema democrático y republicano pueda alguien ser sancionado imputándole poner en duda una conducta de su superior jerárquico".