Al cierre de esta edición el escenario abierto en la Argentina por el fallo de la Corte Internacional de La Haya tenía dos características:

Una: el gobierno nacional asumía el hecho con mesura en sus definiciones.

Dos: en Entre Ríos concretamente en Gualeguaychú anoche seguían instalándose disgusto y mucha emoción suelta y excluyente entre quienes, a lo largo de este proceso, asumieron el diferendo más en términos épicos que reflexivos.

En relación con lo primero, no es poco tratándose de un bloque de poder muy proclive al temperamento agrio ante lo que le es distinto a sus deseos.

En cuanto a lo segundo, es de esperar que los sectores movilizados durante meses en contra de las papeleras no generen ahora conductas intemperantes que dañen los intereses argentinos aún en juego en la Corte de La Haya.

Sucede que la Argentina es un país con una sobrecarga muy negativa de pasiones a la hora de reflexionar sobre cuestiones de su política exterior.

Sobrecarga signada por nacionalismo y de un inmenso cúmulo de percepciones que, inexorablemente, siempre la llevan a considerarse víctima de la más variada gama de conspiraciones.

Es una historia de vieja data. Por alguna patología muy profunda que le llega de su pasado, la Argentina siempre se ha sentido agredida cuando en realidad ha sido un país definidamente agresivo para con no pocos de sus vecinos. Ya en el desafío retórico, ya en la acción concreta. El daño que ha hecho a la imagen del país este patrón de procedimiento es elocuente. Su resultado es la fama de país de nula confianza que la Argentina logró en el plano internacional.

Ahora, que en el caso papeleras interviene la Corte Internacional de Justicia, vale recordar el caso del Beagle, paradigma de la conducta mencionada. La Argentina aceptó con Chile la intervención de la Corte.

Pero cuando ésta dijo que las islas eran chilenas, la Argentina, en manos de una dictadura, se pintó la cara con respaldo de una inmensa mayoría Y sólo la intervención de El Vaticano impidió una guerra cuyo resultado hubiese arrojado más muerte y odio.

Y algo también muy grave: el gobierno constitucional que le siguió a aquella dictadura dejó pasar dos años antes de aceptar el resultado de la intervención de El Vaticano, que acreditó las islas a Chile. Huelga hablar del costo que tuvo para el país dar por tierra con la vía diplomática en el caso Malvinas.

Y cuesta creer que aquel gobierno constitucional no renovara los vínculos con Gran Bretaña. Todo un conjunto de conductas donde primó más la irracionalidad que el sentido común en el que se sustenta la racionalidad.

Ahora, ante el caso papeleras, puede ponerse punto final a aquella historia.

CARLOS TORRENGO