El presidente Néstor Kirchner optó por el silencio y la comunicación oficial tras la resolución de la Corte de La Haya quedó expresada a través de un comunicado oficial.

En primer término, la Cancillería destacó que la decisión "no prejuzga sobre el fondo de la controversia" y agregó que el Gobierno se mostró "satisfecho" porque el máximo tribunal internacional expresó "la garantía de disponer el desmantelamiento de las plantas si, durante la sustanciación del caso se demostrara que ellas causas daño ambiental irreparable".

Pese a la expectativa que generó su primera aparición pública Kirchner no hizo ningún tipo de referencia al tema durante un acto en la Casa Rosada, en contra de lo que suele hacer respecto de los temas que dominan la coyuntura. El día anterior, como el tema dominante eran los "superpoderes", arrancó la mañana criticando a los legisladores que se oponían al proyecto oficial.

Después llegó entonces la comunicación oficial de la Cancillería en sintonía con las primeras conclusiones que sacó con el fragor de la noticia la nueva secretaria de Medio Ambiente y abogada de la asamblea, Romina Picolotti.

La resolución de la Corte de La Haya que rechazó el pedido de medida cautelar de la Argentina, no cierra la controversia con el Uruguay ante ese tribunal sino que, por el contrario, dio paso ayer al inicio de lo que será el juicio en esa instancia internacional.

Tras la lectura de la resolución de la Corte, los representantes de la Argentina -encabezada por la diplomática Susana Ruiz Cerrutti- y Uruguay se reunieron con la presidente del tribunal, Rosalyn Higgins, para dialogar acerca de los plazos que cada país requiere para presentar la documentación.

El eje de la controversia

El eje de la demanda de la Argentina, como ha sido desde el inicio de la controversia, es la violación al Estatuto del Río Uruguay.

Así, fuentes oficiales revelaron que "se estima que en 6 o 7 meses" la Argentina podría presentar la memoria, es decir, la documentación de su demanda, y luego haría lo propio el Uruguay,

con la contramemoria.

En ese contexto, el tribunal será testigo de audiencias, réplica y duplica entre los representantes argentinos y uruguayos, con cruce de documentación.

Según se indicó, "hay una voluntad de agilizar" la resolución del juicio por parte de la Corte, aunque se prevé que el proceso hasta el fallo quedaría para dentro de, al menos, dos años.

No obstante, la Argentina puede solicitar al tribunal internacional una nueva medida cautelar, si en algún momento aparecen elementos que certifiquen que las plantas tienen efectos contaminantes. Al respecto, la funcionaria de la Cancillería, Ruiz Cerrutti, explicó a radio Del Plata que lo de hoy "no es un fallo, es una decisión interlocutoria frente a una medida de carácter provisional; no prejuzga sobre el fondo de la cuestión".