SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal de esta ciudad manifestó ayer su expreso rechazo a la resolución del gobierno nacional que impone precios diferenciales en las zonas de frontera para los combustibles despachados a vehículos extranjeros.

En una comunicación aprobada por unanimidad, los ediles hicieron saber a la Presidencia de la Nación, a la Secretaría de Energía y a la de Turismo que "no comparten" la polémica medida. Y pidieron también la "derogación" de la norma mediante un segundo artículo que no figuraba en el texto original y fue agregado ayer durante la sesión.

Aun con los matices que surgieron durante el debate, tanto los concejales identificados con el Frente para la Victoria como los radicales que responden al gobernador Miguel Saiz no dudaron en confrontar con sus jefes políticos y votaron a favor del proyecto.

La comunicación fue impulsada por el concejal Hugo Cejas (SUR), quien la elaboró horas después de que tomara estado público la decisión del gobierno nacional. Todos los bloques reconocieron la urgencia del tema y acordaron tratarlo ayer mismo sobre tablas, en la última sesión previa al receso de invierno.

En respuesta a una de las motivaciones invocadas desde la Secretaría de Energía, Cejas refirió que "no se puede evitar el desabastecimiento de combustible a costa del movimiento turístico".

Dijo que si bien la medida no entraría en vigencia en agosto, ya comenzó a generar daño a la economía de la región y propuso como alternativa mantener la discriminación en el precio sólo para los vehículos pesados.

También Silvina García Larraburu (PJ) aseguró que no compartía la decisión pero desmintió que esté orientada a perjudicar al

sector turístico. "Lo interpreto como una medida de una parte del gobierno para frenar el drenaje de combustible. Sin dudas que es una resolución perfectible y mejorable, pero quiero decir también que este gobierno ha hecho por el turismo lo que no se hizo en años", dijo la edil.

La concejal aprovechó para descalificar a los prestadores turísticos que también cobran precios diferenciados a los extranjeros en la hotelería y otros servicios.

El presidente del Concejo, Marcelo Cascón (UCR), interpretó que la medida del gobierno nacional "es casi un auto boicot" por la pérdida que provocará en la industria turística.

También la encontró contradictoria "con todo lo que está definido desde la política exterior del presidente Kirchner".

Cejas abogó porque el debate "no caiga en la política partidaria", pero aun así consiguió apoyo unánime para su proyecto. Antes García Larraburu se había permitido valorar "la independencia de criterio" de Cascón, por no plegarse a la posición asumida por el gobernador Saiz.