SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Concejales del Mara y Encuentro presentaron un proyecto de ordenanza para adherir a la ley provincial 3.365 y crear un marco normativo que garantice el acceso a las costas de lagos, ríos y arroyos.
La iniciativa señala que para concretar la adhesión "deberá garantizarse en todo el ejido comunal el libre acceso a las riberas de ríos y espejos de agua de dominio público nacional, provincial y municipal".
El actual parcelamiento de la ciudad incluye una treintena de bajadas al lago Nahuel Huapi y otros espejos de agua que han sido ocupadas o se encuentran inhabilitadas y no hay un proyecto urbanístico que contemple abrirlas en lo inmediato.
La edila del Mara y titular de la comisión de Obras Públicas, Sandra Guerrero, señaló a este diario que "el proyecto lo hicimos para dar contexto a lo que viene" en alusión a la redefinición del mapeo de la ciudad.
La apertura de bajadas a los lagos y arroyos que rodean Bariloche es una condición ineludible para satisfacer el reclamo popular de "costas libres" y complementar el trabajo realizado para delimitar la línea de ribera y las playas públicas.
La comisión de Obras Públicas cuenta con un diagnóstico del mapeo de la ciudad sobre el que está trabajando y espera lograr importantes avances en los próximos días.
"No se necesita sólo que la costa esté libre sino que tengas espacios para llegar y cuando el lago sobrepasa la línea de ribera se necesita un espacio mayor que la línea de ribera", explicó Guerrero.
La ley 3365, promulgada en marzo de 2000, garantiza el libre acceso a espejos y cursos de agua del dominio provincial con "fines recreativos" y encomienda al Estado la obligación de actuar en "forma oficiosa" ante el requerimiento de personas físicas o jurídicas en tal sentido.
También prevé la constitución de servidumbres de paso o expropiaciones, según corresponda a la envergadura del camino, y obliga a garantizar estos accesos en la aprobación de nuevos loteos.
Hasta la fecha el municipio no adhirió a esta ley que contribuiría a solucionar un reclamo social creciente en los últimos años. La adhesión propuesta por los concejales Diego Breide, Andrés Martínez Infante y Guerrero fija como autoridad de aplicación a la secretaría de Turismo, que será la responsable de dar intervención
al DPA, el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, Catastro, el Parque Nacional Nahuel Huapi y los demás organismos.
El proyecto es funcional al pedido de reforma del Código Civil que pondría orden definitivo a la problemática de uso de las playas públicas pero aún no fue tratado en el Deliberante.
Se trata de una comunicación al Congreso de la Nación que tendría incidencia en todo el país ya que plantea la modificar el inciso 5 del artículo 2340 que excluye del dominio público los lagos no novegables y las playas lacustres en general. El nuevo texto propuesto revierte esta situación reservando para el Estado "los lagos, sus lechos y sus márgenes, entendiéndose por tales la extensión de tierra de 30 metros desde la línea de ribera".
El otro artículo observado es el 2349, según el cual "el uso y goce de los lagos que no son navegables pertenece a los propietarios ribereños" que quedaría derogado lisa y llanamente.
