BUENOS AIRES (ABA)- "Por donde se lo mire, el caso Carrasco es Balza". Seca y contundente, la afirmación pertenece al capitán retirado, Rodolfo Correa Belisle, y fue lanzada a este cronista tras declarar en una de las audiencias del juicio político al juez federal Rubén Caro.

Cuando resta saber si el jurado de enjuiciamiento destituirá o no al magistrado de Zapala (el fallo se conocerá el 15 de agosto), uno de los tres integrantes de la acusación disparó en off the record: "El dilema es saber cómo jugará en la cabeza del jury lo que representa para el gobierno el embajador en Colombia". ¿Podrá exponerse el jurado a dictar una sentencia que cuestione de modo tan directo el rol que le cupo al ex titular del Ejército?

El alcance de la pregunta recogida en los pasillos de tribunales no es menor, dado que para los fiscales Diana Conti, Federico Storani y Beinusz Szmukler, el

juez Caro permitió que inteligencia militar le manejara la instrucción para así poderse plasmar una "historia oficial" sobre el homicidio de Carrasco.

Es más, la mayor expectativa de la parte actora entre los cargos esgrimidos es que el magistrado de Zapala sea condenado por "claudicación jurisdiccional"; es decir por haber dejado que los representantes del Ejército no sólo investiguen aspectos de seguridad del cuartel, sino también el mismo homicidio (cuando los sospechosos de cometerlo eran militares).

Para acreditar tal fin entre otros aspectos mencionaron la actividad del instructor militar Raúl José, a su asistente, Eduardo Jordán (jefe de Inteligencia de la brigada) y la presencia (acreditada por testigos) de entre 30 y 50 hombres a su servicio. También se aludió en reiteradas exposiciones sobre la función desarrollada por el coronel Daniel Reimundes como "colaborador" del magistrado.

En su alegato del viernes pasado, Conti llegó a calificar a Caro de "cómplice de la conspiración del silencio armada por los militares".

Pero en caso de comprobarse esa hipótesis, no puede pasar por alto que tanto Reimundes como el jefe de Inteligencia Jorge Miná, subrayaron que actuaron bajo la orden del entonces titular del Ejército, Martín Balza.

En tal sentido -más allá de la probable docilidad del magistrado- cabe el interrogante acerca de cómo esquivar una mención a la responsabilidad de Balza en dicha maniobra.

El tema está flotando bajo la mesa, dado el prestigio político y social acumulado por el actual embajador a partir de su autocrítica por lo ocurrido durante los años de plomo.

Por lo pronto, no pasó desapercibido que la acusación no haya realizado una sola mención al ex jefe militar, lo que hizo la defensa cuando citó como prueba el libro de aquel "Dejo Constancia".

A la hora de declarar, Reimundes legitimó su actuación en el marco de los reglamentos militares que lo equiparan a un oficial de justicia, pero Conti rechazó que la colaboración de una autoridad militar con un juez esté contemplada en un sistema donde rige la independencia de poderes.

En las siete audiencias, la fisonomía de Caro fue cambiante: de a ratos dejaba perder la mirada, otras veces la clavaba en el circunstancial expositor.

Pero su rostro difiere en mucho de aquel que instruyó una de las causas más importantes de la Argentina. Es otro dato para tomar en cuenta: Han pasado doce años: ¿cómo puede entender el ciudadano común que el hombre que está en el banquillo haya seguido dirimiendo sobre vidas y haciendas hasta hace apenas cuatro meses cuando fue suspendido?; ¿es este hombre el mismo que aquel de 1994?

Otro dato central pasará por la interpretación del jurado sobre la posibilidad real que tenía el juez de moverse por el cuartel sin colaboración militar, cuando ante la opinión pública los mandos uniformados se presentaban como principales interesados en resolver la situación.

Volviendo la mirada hacia atrás, para reflejar el clima de tensión de aquellos días, Oscar Vignoli -defensor de Caro- esgrimió ante el tribunal artículos de este diario donde aparecía el ministro de Defensa, Oscar Camilión, alertando sobre la gente en la calle manifestándose frente a los cuarteles y diciendo que la paz social estaba en riesgo.

Sobre el punto, Storani fue enfático al responder que el juez bajo la lupa "tuvo la oportunidad histórica -que hubiera contado con el apoyo de la enorme mayoría del pueblo argentino- de actuar con independencia, pero optó por someterse a la investigación militar".

Algunas pruebas sobre ello fueron los testimonios concordantes de varios policías de la federal (Carlos Juárez, Mario Acuña y Mario Romero) acerca de cómo Caro no los tuvo en cuenta. "Yo no los pedí, ni los hubiera llamado", le dijo el magistrado en cuestión a los dos primeros.

Lo ocurrido con dos ex soldados, también, fueron puntos de apoyo de la fiscalía. Por un lado, el caso de Juan Castro cuya declaración esencial -para saber que pasó con su amigo Carrasco- fue interrumpida por Caro (por causas difíciles de justificar), quien después convalidó la internación por 40 días en el cuartel bajo "custodia" militar.

En un sentido similar, el testigo Fabián Luna, analfabeto, aseguró en su conmovedora declaración que en el juzgado de Zapala lo indujeron a responsabilizar a Canevaro, Sánchez y aSalazar, y que -no obstante su resistencia- después le cambiaron la declaración.

La vara con que el jurado de nueve miembros (que con el correr de las audiencias tuvo mayor participación en el interrogatorio a los testigos) mida el grado de influencia que tuvieron en la causa los militares enviados a "colaborar" con Caro, será determinante en un juicio político que tiene final abierto.

CLAUDIO RABINOVITCH