NEUQUEN (AN)- La segunda "causa TCI" comenzó a ser juzgada ayer, casi con los mismos imputados que la anterior en la que terminaron todos absueltos. Esta vez la acusación se vincula con la adjudicación a la empresa por parte del IPVU de diversas obras y la obtención de "créditos puente" cuando ya no tenía capacidad técnica y financiera para llevarlas adelante.
Los imputados en esta causa con Julio Russo, ex presidente del IPVU; Jorge López, ex presidente de TCI; y los accionistas de la firma Juan José Tosello, Diego Eduardo Sapag y Luis Felipe Sapag. Al primero lo asiste el defensor oficial Gustavo Vitale, y al resto Federico Rúa. La acusación está a cargo del fiscal penal Pablo Vignaroli y del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, mientras que el tribunal lo integran Emilio Castro, José Andrada y Héctor Dedominichi.
Al inicio de la audiencia de ayer, Vignaroli -con la adhesión de Gaitán- explicó que el delito que se les atribuye a los imputados es "fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel". Russo sería el autor y los demás partícipes necesarios.
Los hechos comenzaron a desarrollarse en 1996, durante el último gobierno de Felipe Sapag. Los diez años que pasaron desde entonces y la demora en completar la investigación motivaron que Vitale, acompañado por Rúa, pidiera el sobreseimiento por prescripción o que se declare la insubsistencia de la acción penal. Ambos planteos fueron rechazados.
Para el caso de Russo, el fiscal Vignaroli indicó que en su carácter de presidente del IPVU "accedió a que TCI, que no funcionaba desde hacía años, resultara adjudicataria de diversas obras englobadas en el denominado Acuerdo para la Reactivación del Empleo". Para ello invocó "un derecho inexistente para la continuidad de unos también inexistentes planes plurianuales nacionales y provinciales".
"Asimismo -continuó- aceptó a propuesta de TCI un sistema de financiamiento a través de una empresa originante que debía financiar el 100 por ciento de las obras, denominada The Security Trading Corporation SA, sin efectuar ningún tipo de averiguación sobre su solvencia ni exigir la constitución de garantía alguna".
Según Vignaroli, "esa empresa era virtualmente inexistente, con un patrimonio insignificante para la obligación que asumía, de manera que los denominados 'créditos puente' que el IPVU otorgó para el inicio de las obras a las empresas contratistas, que debía haberlos efectivizado dicha razón social, nunca fueron devueltos". El fiscal dijo luego a "Río Negro" que los dueños de esa firma están prófugos.
Estas y otras maniobras fueron, a criterio de la acusación, "para procurar un lucro indebido a TCI y perjudicaron el patrimonio" del IPVU. Los demás imputados prestaron "un aporte indispensable" para que Russo "cometiera el delito".
Tosello fue el único que aceptó declarar. Señaló, entre otros argumentos, que todo lo actuado "está avalado por actos administrativos no controvertidos. Fueron controvertidos después, por un cambio de la política, de las personas, supongo que con algún grado de intencionalidad, como Rubén Di Neno (presidente del IPVU en el gobierno de Sobisch) que se prestó para hacer una denuncia de este tipo".
Explicó además que "algunas de las obras" adjudicadas a TCI y transferidas a otras empresas "fueron terminadas" y "hubo recupero de dinero que pasó a las arcas del IPVU".
Según señaló Vignaroli, para cuando TCI le propuso al IPVU que The Security financiara las obras, ya las había cedido. "¿Ustedes sabían que el IPVU iba a aceptar la propuesta?", preguntó. Al respecto, Tosello dijo que no podía dar una respuesta.
Las audiencias seguirán a lo largo de toda la semana con declaraciones de testigos.
