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Martes 04 de Julio de 2006
 
Edicion impresa pag. 5 > Nacionales
Flamarique sigue eludiendo a la Justicia y le toca otra vez a De la Rúa

El ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique solicitó ayer una nueva postergación de la declaración que debía prestar en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el Senado, en el año 2000, mientras que el jueves próximo deberá presentarse el ex presidente Fernando de la Rúa.

Fuentes judiciales indicaron que por tercera vez en las últimas semanas, Flamarique eludió ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante la causa.

En esta oportunidad, el ex funcionario realizó un cambio de abogado y por ese motivo pidió más tiempo para que su nuevo representante legal pueda estudiar el expediente.

Flamarique era asistido por el defensor oficial Rodolfo Catinelli, pero ayer presentó un escrito ante el juez Rafecas notificando que su nuevo defensor sería Carlos Alvarez, por lo que la audiencia fue suspendida, según se señaló en los Tribunales del barrio de Retiro.

En la citación anterior, Flamarique no se presentó a declarar por tener pendientes cuestiones laborales que no podía postergar, según había señalado.

En tanto, ayer trascendió que el ex presidente Fernando de la Rúa deberá ampliar su declaración indagatoria el próximo jueves 6 de julio.

El ex jefe de Estado había pedido a Rafecas ampliar su declaración indagatoria, pero cuando el magistrado le fijó fecha para la semana pasada, De la Rúa pidió la postergación de la audiencia, porque lo habían convocado demasiado pronto.

Tanto el ex presidente como Flamarique están imputados por la presunta comisión del delito de "cohecho activo", es decir el pago de los sobornos para que se aprobara en el Senado la ley de Reforma Laboral.

El ex jefe de Estado declaró por primera vez en la causa el 5 de junio pasado, cuando intentó defenderse en una exposición que se prolongó durante más de 12 horas.

En esa oportunidad, el ex jefe de Estado negó enfáticamente el supuesto pago de sobornos a senadores y justificó la legalidad de la norma de Reforma Laboral aprobada en abril del 2000.(Télam)

 
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