NEUQUEN (AN)- El vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño y Adolescente de las Naciones Unidas, Norberto Liwski, visitó la ciudad y se entrevistó con la ministra de Acción Social, María Oscos, y con el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Fernández; entre otros funcionarios.

Liwski, quien vino a Neuquén por primera vez en el 2004, destacó que "a diferencia de hace un año y medio, en la provincia hoy no veo ninguna corriente de opinión que esté dispuesta a cambiar lo esencial de la Ley 2302".

Sin embargo, el vicepresidente del organismo internacional sostuvo que aún hace falta que se implementen varios de los puntos que plantea la referida norma legal, particularmente el que se refiere a la conformación de un Consejo Provincial de la Niñez, integrado por representantes de diversos sectores sociales.

Antes de reunirse con Oscos, Liwski adelantó que "conversaremos con la ministra nuestra preocupación e interés de que el Consejo Provincial de la Niñez entre en una etapa de efectivo funcionamiento".

El especialista en derechos de niños y adolescentes arribó a Neuquén a raíz de una invitación del Foro en Defensa de la Ley 2302, con el objetivo de ofrecer recomendaciones a diversas instituciones gubernamentales y sociales, sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Adolescente, de la cual nuestro país es un miembro activo.

En una conferencia de prensa realizada ayer al mediodía, Liwski también manifestó su preocupación porque en el último tiempo "hubo un cambio de procedimiento" en el funcionamiento de la Defensoría del Menor de Neuquén. El especialista indicó que ése fue uno de los temas que conversó por la mañana con el vocal Fernández.

"Las modificaciones derivadas de resoluciones de otros ámbitos judiciales ha generado una situación que pone en riesgo la capacidad de protección y promoción de derechos de los niños por parte de la Defensoría", expresó el miembro del comité de

las Naciones Unidas Liwski también se refirió al debate en torno a la reducción de la edad mínima penal y repudió "el imaginario de que los adolescentes son una de las principales fuentes de inseguridad ciudadana".

El especialista opinó que la legislación penal juvenil de Argentina necesita ser actualizada porque fue sancionada durante la última dictadura militar, e instó a que se abra el debate sobre una nueva ley, que tenga en cuenta la complejidad del tema "y no soluciones mágicas".

Liwski observó que generalmente el debate sobre la inimputabilidad de los menores se instala en la sociedad "detrás de algún hecho aberrante, buscando el camino del atajo y de las reformas penales de poca racionalidad".