VIEDMA (AV)- Una situación conflictiva pareciera reavivarse en cuanto a una definición sobre el nuevo sistema de autotransporte de pasajeros en esta capital a cambio de un incremento paulatino de las tarifas.

El actual concesionario del servicio hizo saber que si no se decide en la comuna cuanto antes aumentar el boleto a un peso, sobre los 0,70 pesos actuales que llevan casi 20 años de vigencia, podría llegar a restringir las frecuencias ante la falta de rentabilidad.

Los usuarios del servicio de autotransporte de pasajeros en esta capital podrían tener que desembolsar en el nuevo boleto, un primer incremento escalonado partiendo desde un 29% aproximadamente, de acuerdo con el esquema inicial que se está evaluando en la comuna. A cambio de ello, la concesionaria debería ir realizando modificaciones en el servicio e incorporar nuevas unidades.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Concesiones del Concejo Deliberante, Verónica Belloso (PJ), solicitó a la Fiscalía Municipal un dictamen vinculado al proyecto de modificación girado por el Poder Ejecutivo para que se lo autorice a concesionar mediante contratación directa, ante una serie de errores que tiene el texto enviado por el intendente Jorge Ferreira a tratamiento legislativo.

La edil mencionó que "estamos dispuestos a salvar los errores legales elaborando un nuevo texto para garantizarle a los vecinos un servicio de buena calidad y sobre todo un boleto cuyo costo sea razonable, atendiendo los reclamos planteados por organizaciones de la sociedad civil".

Casi todas las entidades coinciden en expresar su preocupación por el valor del boleto junto con la necesidad de reformular recorridos, frecuencias y el estado de las unidades.

En el mismo orden, Belloso y su par Pedro Pesatti consideraron que "es una pena que otra vez tengamos que vernos involucrados en un clima de tensión, donde por un lado el empresario (Carlos) Balogh dice que restringirá el servicio porque no se le aumenta el boleto y por otro el Ejecutivo que envía un texto de contrato que escapa a todo marco legal vigente y que demanda de la facultad saneadora del Concejo para que la modalidad propuesta pueda ser viable".

Sostuvieron que "lo ideal hubiera sido que se llame a una licitación o al menos a un concurso de precios en un contexto económico favorable para los empresarios interesados en prestar este servicio, cuestión que no descartamos en el mediano plazo, pues pensamos introducir en el contrato la potestad a favor del Estado para licitar las líneas actuales y otras nuevas que puedan surgir a futuro con el objeto de no monopolizar la explotación de un servicio que será concesionado por vía directa".