SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Tribunal de Cuentas del municipio denunció ante la Fiscalía Penal número 4 de esta ciudad la posible comisión de delitos en el manejo contable del municipio durante el año 1999.

La auditoría realizada sobre el balance de ese ejercicio determinó que existen "ajustes sin documentar" por un monto de 872.555,70 pesos.

El presidente del Tribunal de Cuentas, José Luis Hernández, dijo que en principio esa irregularidad podría quedar encuadrada bajo la figura de incumplimiento de deberes del funcionario público.

Aclaró no obstante que "la Justicia deberá determinar si corresponde profundizar la investigación" y encuentra elementos que definan delitos de mayor gravedad. El año fiscal 1999 fue el último de la gestión del intendente César Miguel y es recordado como uno de los más caóticos de la historia del municipio.

Era habitual por esos días el incumplimiento en el pago de sueldos y proveedores. La deuda crecía sin pausa y las medidas de fuerza del Soyem mantuvieron paralizada la administración durante varios meses.

En aquel momento el municipio trabajaba sin presupuestos y sin balances desde hacía más de dos años. Y la reconstrucción posterior también demoró largo tiempo, al punto de que el balance de 1999 recién consiguió dictamen del Tribunal de Cuentas a fines de 2003.

En marzo de 2004 el Concejo Municipal lo aprobó, aunque observó la enorme cantidad de irregularidades reflejadas en el balance y recomendó al Tribunal que profundice la investigación a fin de determinar si existió perjuicio para las cuentas públicas y señale a sus eventuales responsables, "a fin de formular los cargos correspondientes".

Hernández explicó que ese nuevo relevamiento se demoró hasta ahora por la complejidad del análisis y los faltantes de documentación.

En otras oportunidades el organismo de control efectuó presentaciones judiciales ante supuestos desmanejos en la Hacienda municipal, pero la Justicia terminó rechazando los planteos alegando ausencia de fundamentación.

Con esa experiencia entre manos, esta vez el Tribunal de Cuentas acompañó su denuncia con un un puntilloso escrito de más de 300 fojas que fundamentan el planteo.

Otra posibilidad es que la Justicia determine que los supuestos ilícitos están prescriptos. Pero Hernández cree que esa cláusula podría no ser aplicable porque hay empleados que tendrían responsabilidad en los hechos irregulares de 1999 "y todavía siguen en funciones".

En diciembre pasado el Tribunal había difundido las conclusiones de una segunda auditoría sobre el balance 99, donde señalaba que en aquel ejercicio existió en el municipio "una importantísima dejadez administrativa, con falta de controles básicos". También sostenía allí que los responsables de las fallas y omisiones detectadas "se encuentran en las áreas de Tesorería y Contaduría, dependientes de la secretaría de Hacienda".

Además de César Miguel desde su rol de intendente, las áreas abarcadas por la investigación estaban a cargo del secretario de Hacienda Ernesto Saavedra (hasta su renuncia en febrero de 1999) y de Beatriz Garza y Marisa Cevallo, que cumplían funciones en Tesorería.

Si bien el año 99 fue tal vez el más desquiciado en la historia contable del municipio, Hernández dijo que el ordenamiento posterior también deja mucho que desear. Al punto de que el balance 2004, sobre el cual el Tribunal dictaminó recientemente por la "abstención", presenta irregularidades del mismo tipo que las incurridas siete años antes, esta vez por un monto de 600.000 pesos.