Casi al borde de la emoción, el intendente Icare agradeció a los concejales por la aprobación de la ordenanza que acababa de habilitar la compra directa de 17 hectáreas, donde está proyectado relocalizar a unas 200 familias de la Barda del Ñireco y el barrio San Cayetanito.

Fue durante la última sesión del Deliberante, cuando Icare pidió la palabra para remarcar que se trataba de un hecho "histórico", porque abriría paso a la construcción de las viviendas prometidas hace dos años por el presidente Néstor Kirchner, cuando visitó la ciudad poco después de los desmoronamientos en la Barda que por milagro no mataron a nadie.

Tanta euforia no alcanzó para ocultar la sucesión de errores e improvisaciones que signan la política municipal en materia de tierras y viviendas. Y que puede resumirse en el dato temporal señalado en el párrafo anterior: "dos años". En ese lapso el Ejecutivo no consiguió articular respuesta alguna a la permanente zozobra en la que viven los vecinos de la Barda y se agrava con cada lluvia.

A Icare y sus colaboradores les tomó más de un año empezar a cumplir con la orden judicial para mudar a las cinco familias en mayor riesgo, quienes habían presentado un amparo y consiguieron rápido fallo favorable.

Y está visto que la espera para conseguir tierras hubiera sido todavía mayor si no aparecía el abogado José Luis Martínez Pérez para "ofrecer en venta al municipio" las 17 hectáreas ubicadas al sur del barrio San Francisco. Tal como quedó asentado con brutal sinceridad en los fundamentos de la ordenanza.

La demora incluso llegó a generar comentarios en la mismísima Casa Rosada. Varios referentes del kirchnerismo local y provincial comentaron que más de una vez el presidente se quejó en privado por la inoperancia de Icare para conseguir las tierras indispensables para construir las casas.

Pero, aun con los méritos que algunos le atribuyen, la ordenanza sancionada el jueves deja varios cabos sin atar que obligan a moderar cualquier optimismo.

Las mayores objeciones fueron expuestas por la concejal Sandra Guerrero (MARA), responsable del único voto en contra. Pero entre los argumentos de otros ediles también se filtraron frases inquietantes.

Guerrero observó que Martínez Pérez sólo tiene un boleto de compra-venta en su favor por las tierras, pero no es titular del dominio. Los verdaderos titulares (la familia Lera), no figuran en el expediente.

La concejal dijo que el municipio no puede contratar con alguien que no tiene escritura a su nombre y que no puede subdividir la parcela. Hizo notar que los "poderes" que Martínez Pérez dice tener y que lo habilitan para enajenar la tierra "tampoco están incorporados al expediente".

Desmintió que el municipio carezca de tierras -como argumentan una y otra vez desde el Ejecutivo- y que existan razones fundadas para la compra directa. Exigió que se efectúe una licitación, como único modo de garantizar la "transparencia" de cualquier compra posterior. Advirtió por último que el municipio se expone a un juicio, que en cualquier caso "será caro y lo pagarán los contribuyentes".

Entre quienes votaron a favor, bien vale citar también algunas de las intervenciones que si no son una "apertura de paraguas", se parecen mucho.

Tanto Diego Breide y Andrés Martínez Infante (Encuentro) como Irma Haneck (SUR) y Silvina García Larraburu (PJ) admitieron que la operación planteada no es el ideal pero se inclinaron por "correr el riesgo".

"No estamos aprobando algo trucho o ilegal" se defendió Haneck. mientras que Breide consideró preferible "supeditar la resolución del tema a hipotéticos y virtuales riesgos jurídicos antes que cargar en la conciencia con una vivienda que se pueda derrumbar".

Marcelo Cascón (UCR) tampoco quiso asumir el costo de un voto desfavorable, pero se mostró incómodo con la compra directa y pidió "una planificación urgente y un llamado de oferentes de tierra en el lapso más breve posible".

Suficiente como para concluir que todo quedó prendido con alfileres y que la saga de la Barda del Ñireco y sus sufridos vecinos tiene todavía final abierto.