El intendente de Roca es una de esas personas con las que cuesta muy poco conocer su máximo grado de irritabilidad.

Quienes lo frecuentan describen que apenas en una cena, su verbo es capaz de anunciar peleas a las trompadas, conciliaciones y nuevas peleas con una misma persona, prodigando mil pestes para todo aquel que no comulga con sus convicciones.

Equivocado o acertado en su discurso. Conversando mano a mano o enfrentando a cientas de personas desde un atril. La vehemencia responde a una característica de su personalidad que poco ha variado en los más de 20 años que lleva haciendo política partidaria activa.

Sin embargo, los avances logrados por su gestión en el municipio terminaron aplicando un baño de indemnidad a la imagen de Carlos Soria.

En consecuencia, el que pretenda enfrentarse con el mandatario por estos días tendrá que revisar dos veces la solidez de sus argumentos.

Un claro ejemplo del efecto inverso que puede generar una disputa con el intendente en el presente puede ser narrado en primera persona por los técnicos del Departamento Provincial de Aguas en el Alto Valle.

Aun jurando que procedieron guiados íntegramente por un análisis técnico, poco podrán hacer sus responsables para que, al menos por varias semanas, el organismo sea observado en distintos sectores de la comunidad roquense como una usina de trabas ante el crecimiento roquense.

Todo comenzó cuando el DPA, en acuerdo con el Consorcio de Riego de Segundo Grado, anunció que el agua volvería al canal grande el 1 de agosto, fecha en la que todavía estaría ejecutándose la obra de cementado del sistema en el tramo roquense y por ende, parte de la inversión realizada se transformaría en desperdicio.

Soria protagonizó entonces una pelea a los gritos con las autoridades del DPA en la región, con una profusa dosis de insultos incluida.

Y sin que nadie requiriera mayores datos para saber si las razones del organismo provincial son fundadas o si las consideraciones respecto de la idoneidad de los ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas son certeras, en cuestión horas Soria consiguió demonizar a quienes propusieron adelantar dos semanas la fecha de reapertura del dique Ballester.

Antes de avanzar hay que advertir que en este caso particular, además de tacto, a los funcionarios provinciales les faltó una cuota de sentido común.

Priorizar intereses particulares -una eventual necesidad de agua de los productores de fruta de carozo, que por otra parte son una minoría en el espectro productivo valletano- sobre el beneficio general que reportará el revestimiento del canal, no tenía otro destino lógico que la desaprobación mayoritaria.

En consecuencia, el DPA quedó expuesto y, con poco, el gobierno municipal emergió como víctima en el escándalo.

De todas maneras, el dato que subyace es la actitud adoptada por el propio gobernador, Miguel Saiz, después de conocer lo ocurrido en Roca.

El titular del Ejecutivo provincial ordenó al DPA que acordara con el Consorcio de Riego la postergación del regreso del agua al sistema valletano.

La velocidad de la decisión gubernamental y el costo asumido por la contradicción pública deja claro que Saiz evalúa al presente como una instancia en la que no es aconsejable aparecer en disputas públicas con Soria sobre temas inherentes a la infraestructura pública.

Esto no significa que el radicalismo roquense imponga la autocensura a la hora de evaluar y relacionarse con la gestión municipal.

Se trata de un mensaje direccionado a aquellos que no miden correctamente los tiempos y en vez de erosionar, fortalecen la imagen de Soria.

Porque en una ciudad sin conflictos sociales urticantes, un incesante ritmo de obras y una prestación de servicios básicos mejor que en el pasado reciente, el concepto sobre el intendente se nutre cada día de la adhesión mayoritaria.

Se hace nítido entonces que nadie hará crujir la estructura de Soria si las discrepancias no llegan acompañadas de pruebas concretas para afirmar que su gestión no es tan positiva como parece.