Por Juan Pablo Benito y Pablo Rosales

Aprovechar esta situación implica para mi preguntarnos como estamos concibiendo la categoría de pcd desde cada uno de los lugares que nos toca ocupar en la sociedad y cuales los aportes a considerar para que ciertos aspectos de la “realidad” logren modificarse por acción del pensamiento  crítico.

Vamos a observar como se procede a la certificación. Certificar a una persona es rotularla, nominarla, ensayar una descripción de sus condiciones, sus potencialidades, sus dificultades, sus actividades, desde las mas intimas, las relacionadas con el aseo personal hasta las mas sociales tales como a cuantas cuadras queda el supermercado donde hace las compras, cuanto tarda en llegar a el, si lo hace con o sin ayudas técnicas, si conoce o no el uso del bastón verde o rojo o si se maneja con lenguaje de señas..etc. todo ello nos sirve para arribar al llamado DIAGNOSTICO FUNCIONAL y determinar si ese FUNCIONAMIENTO es adecuado a la expresión o desenvolvimiento de una persona con o sin discapacidad. Esto resulta muy importante no tanto por como he de comportarme frente a esta persona, sino por el cúmulo de beneficios sociales de los cuales termina resultando acreedor. Esto si marca una cierta condición social particular por así decirlo. Decimos esto no porque no entendamos que cuando hablamos de discapacidad debamos hablar de protección de derechos, dentro de los cuales se hallan los derechos a los beneficios sociales, sino porque en nuestra configuración social actual se destaca este tipo de consideración acerca de las pcd..

Hoy nos parece que es mucho mas legitimo, rápido y hasta silencioso apresurar una gestión de pensión por incapacidad laboral a la cual le anexamos un certificado de discapacidad (entiéndase que no es lo mismo una expresión a la otra) que promover el derecho fundamental al trabajo y la inclusión laboral aunque la promoción de este derecho nos haga colocarnos en el lugar incomodo de explicar que las pcd no son importantes por lo que pueden brindar a la sociedad en orden a su productividad sino simplemente porque se les ocurra participar en igualdad de condiciones con las demás dentro de las leyes de la oferta y demanda laboral, pero con el cuidado de que dichas leyes serán reguladas por otras que prohibirán discriminar en función de la discapacidad de las personas, por ejemplo.

Certificar la discapacidad entonces, no puede ser una acción aislada. No se debe certificar a alguien porque así yo, obra social, le puedo cubrir un mayor porcentaje de beneficios. No consideramos que sea esta la forma de proceder en este terreno.

A veces preferimos pecar de “exigentes” y creo que ni siquiera esa es la palabra. La cuestión es que si se percibe que algunas de estas es la MOTIVACION por la cual se busca la certificación seguramente vamos a discutir con alguien. Puede ser una motivación viajar gratis, otra comprar un auto más barato, adquirir una vivienda dentro de un plan habitacional, obtener alguna clase de subsidio, etc.. son motivaciones que acercan a mucha gente al proceso de certificación. Muchos lo consiguen, otros, los menos informados rebotan una, dos o mas veces con la DENEGATORIA. Quiero decir que dentro del proceso se incluyen natural y permanentemente este tipo de ruidos o motivaciones que desvirtúan permanentemente el objetivo primordial. No se busca que alguien “encuadre” porque así tendrá una vivienda. Se le otorga la vivienda porque es el derecho de esa persona a vivir dignamente.

Recuerdo el primer modelo con el que discutí bastante, un modelo centralizado donde el saber medico tenia un lugar privilegiado y el concepto de daño, lesión, deficiencia, lideraban la ecuación, dentro de la cual los conceptos de discapacidad y minusvalía complementaban el análisis de la situación y permitían arribar a una conclusión.

Años antes ni siquiera se cuestionaba el tiempo de otorgamiento del certificado. Se otorgaban de manera DEFINITIVA tal como era considerada la discapacidad. No se esperaba una evolución ni modificación del cuadro de base ni de las condiciones que se anexaban a la vida de estas personas. El concepto era ESTATICO, nada podía modificarlo. Hoy a diferencia de aquellos años nos preocupa observar que tipo de prestaciones debemos anexar a la vida de la persona para que modifique su situación y luego, a los 4 años, queremos volver a encontrarnos para verificar las modificaciones acontecidas. No por la consideración de este diagnostico muchas veces fundado en ese componente estático que tiene la diversidad funcional establecida la mayor parte de las veces sobre el concepto de “deficiencia” sino por las ORIENTACIONES PRESTACIONALES que estamos llamados a plasmar en el mismo certificado. En función de ellas es que debemos revisar su adecuación a la edad y a las condiciones socio-económicas de las personas para producir la mejor de las orientaciones.

Hoy hemos constituido 10 equipos de certificación de discapacidad en todo el territorio provincial y poseemos un volumen de mas 4000 certificaciones al año.

Desde la creación de la primer junta evaluadora descentralizada buscamos respondernos a la pregunta: que tiene para decirnos la persona con discapacidad??

Básicamente esta pregunta puede realizarse desde que el espacio de entrevista nos procura el ENCUENTRO.

Este encuentro ha sido la base para una planificación distinta en todo sentido de los beneficios o las políticas del área, hemos tratado de seguir todos y cada uno de los reclamos, sugerencias, propuestas que nos han realizado no solo en ese espacio. Pero debo destacar que haber explorado ese lugar tuvo un efecto de liberación importantísimo. Cuando antes el equipo permanecía intocable, invisible, inerte ante las vicisitudes de una persona una vez adquirido el status de pcd. Hoy, este equipo interdisciplinario, constituido básicamente por un medico un trabajador social y un psicólogo, complejiza su accionar. Tuvimos que delinear y poner en funcionamiento el área de ASESORIA LEGAL para escuchar todos y cada uno de los reclamos en términos de derechos vulnerados, negados, silenciados, tergiversados, ignorados.

No se si podré compendiar aquí todos los temas que me gustaría tratar con ustedes pero si algo he aprendido es que no nos faltan leyes que atiendan a este colectivo menos aun si consideramos que todas ellas han sido votadas por unanimidad en el honorable recinto. Lo que si se es que la gran mayoría de ellas adolecen de la consideración de un factor fundamental que es responder de donde saldrán los recursos para su cumplimiento y además pensar que muchas, muchisimas de ellas son de corte asistencial dejando para mas adelante seguramente la cuestion promocional o preventiva. Así que si podemos colaborar porque este debate se instale en nuestras comunidades no será en vano habernos formulado la pregunta. Por ejemplo que hacemos con la ley que regula la provisión de perros guías para personas con discapacidad visual si en las pocas asociaciones que poseemos para el tratamiento especifico de la temática le enseñamos a manejarse independientemente con un bastón. Y que hacemos con la ley de oportunidades de comunicación para las personas sordas o hipoacúsicas si el canal de televisión no subtitula sus programas o no incluye interpretes de seña o si en las escuelas no formamos a alumnos y docentes en el uso de este recurso que amplia radicalmente las oportunidades de comunicación y expresión. Preguntas que no encuentran respuesta aún. Comisiones legislativas de seguimiento para cada una de estas leyes que no se conforman ni trabajan en pos de su concreción. Leyes que llegan tarde en algunas provincias. La 24901 por ejemplo. El establecimiento sistemático de los servicios diseñados para la cobertura de las necesidades de las pcd tales como centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de rehabilitación y servicios promocionales entre otros.

La certificación de discapacidad de nada nos sirve si estas condiciones no se dan mínimamente y por mucho tiempo mas seguiremos definiendo la discapacidad como un modo de opresión social. Debemos certificar pero también debemos hacer otras cosas. Las políticas de estado en materia de discapacidad confluyen en la transversalidad de los impactos que deben producir en el tejido social. Sin ello de nada sirve la certificación.