El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales resolvió este viernes por unanimidad iniciar sumario el docente de Locución, Patricio Orlando, denunciado por maltrato. Asimismo, se votó la separación preventiva de las tareas al frente del aula hasta tanto se pruebe o no la veracidad de los hechos denunciados por la Comisión de Mujeres (Codemu) y el Centro de Estudiantes (CE) de esa dependencia de la Universidad Nacional del Comahue.
Por otra parte, la docente de abogacía Ana Calafat fue designada como sumariante. Estará en sus manos realizar la recopilación de información pertinente, lo que incluye entre otras cosas recibir los testimonios de los denunciantes y de quienes fueron señalados como testigos de los actos que las organizaciones estudiantiles le imputan a Orlando. Posteriormente el Consejo Directivo deberá resolver al respecto si corresponde una sanción o no, pero la decisión final estará en manos del Consejo Superior de la universidad. Vale recordar que los denunciantes pidieron la exoneración de toda carga docente.
En junio, la Codemu y el CE presentaron ante el decano una denuncia en la que señalaron que Orlando había cometido reiterados actos de discriminación contra una estudiante basados en su contextura física y su condición femenina. También hicieron referencia a los modos agraviantes utilizados al frente de las clases.
Anteriormente se pidió la reapertura de un sumario irresuelto de hace diez años atrás cuando una estudiante de Locución denunció haber sufrido acoso sexual por parte del mismo docente. El nuevo sumariante en esta causa es el abogado y docente de la Fadecs Diego Broggini.
En un comunicado de prensa difundido minutos más tarde de la resolución del Consejo Directivo, el Centro de Estudiantes señaló: "Esto es un gran avance para lograr erradicar y desnaturalizar los contantes agravios, humillaciones y abusos que viven los y las estudiantes por parte de algunos docentes de la Universidad; para mejorar nuestra formación profesional, para poder seguir estudiando y no tener que abandonar nuestros estudios contribuyendo a la alta deserción universitaria". Asimismo agregaron: "es necesario pelear para que el sumario determine que Patricio Orlando sea relevado del cargo y que este ejemplo sirva para seguir denunciando a los docentes que practican la pedagogía del miedo en esta Universidad y en el resto de los centros educativos del país".
RECOMENDACIONES DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LA MUJER
“La principal violación a los derechos humanos de las mujeres en el país hoy es la penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera”, destacaron hoy las organizaciones de la sociedad civil que analizaron las observaciones finales al Estado Argentino que realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas.
El 20 de julio el Comité de Expertos de la CEDAW difundió el informe sobre la revisión de Argentina -que se realizó el 12 y 13 de julio) en el que expresa observaciones al Estado Argentino. “Estas recomendaciones son vinculantes tanto para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres poderes tienen responsabilidad en la implementación de medidas y políticas públicas para evitar estas muertes”, expresó Andrea Pochak, Directora Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Silvina Ramos, del CEDES, reclamó que “ahora está en manos de las máximas autoridades resolver esta deuda con los derechos humanos de las mujeres que ya lleva más de 90 años”.
Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, recordó que el reclamo de despenalización del aborto coincide con las recomendaciones que hizo en marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU y reclamó que en el Congreso Nacional se trate el proyecto presentado de Ley impulsado por la Campaña por el Derecho al Aborto, que tiene cincuenta firmas de diputados y diputadas.
Leticia Kabusacky, de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), explicó el mecanismo de revisión del cumplimiento por parte de los países de la principal convención de los derechos de las mujeres, adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y con rango constitucional en la Argentina desde 1994. Argentina deberá presentar ante el comité de expertas internacional avances en estas áreas en dos años, señaló.
“No podemos aceptar que el Gobierno continúe planteando excusas. Exigimos que se eviten las muertes por causas maternas injustas e injustificadas de tantas mujeres en el país. Se deben cumplir todas las leyes, incluido el Código Penal”, dijo Mabel Bianco, de FEIM, y resaltó que hoy las organizaciones asumieron la responsabilidad de difundir estas recomendaciones y que el Estado tiene que cumplirlas.
El Comité de la ONU señaló que el Gobierno concretamente debe “asegurar el acceso a servicios de salud de las mujeres y adolescentes, incluido los servicios de salud sexual y reproductiva, y que la educación sexual integral se realice en todas las escuelas”. Además, instó a que se adopten “todas las medidas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad materna”.
El Comité reclamó que se revise la legislación que criminaliza el aborto, que tiene graves consecuencias sobre la salud y la vida de las mujeres, y que se asegure la aplicación de la Guía de Atención del Aborto no punible en todo el país en forma uniforme y equitativa, garantizando el acceso a los servicios de todas las mujeres”. La Guía, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación 2007, había sido presentada por la delegación oficial argentina ante la ONU como un avance elevado al rango de resolución ministerial. Sin embargo, días más tarde el Ministro de Salud Juan Manzur negó haber firmado dicha resolución.
El documento emitido por las Naciones Unidas es el resultado del proceso de evaluación del cumplimiento de todos los derechos de las mujeres en el país, por el que el Gobierno tuvo que rendir cuentas ante el organismo internacional en julio. Para formular sus observaciones y recomendaciones finales al Estado argentino, el comité de expertas internacionales consideró también la opinión de las organizaciones de la sociedad civil que les presentaron informe alternativos.
El comité reconoció los avances realizados, que también fueron mencionados por las organizaciones, pero expresó su preocupación por otros déficits que aún persisten: la situación de las mujeres privadas de libertad, las altas tasas de embarazo adolescente, y la falta de estadísticas desagregadas por sexo. Ante la responsabilidad del Gobierno Nacional de implementar la Convención, lo urgió a jerarquizar y fortalecer el Consejo Nacional de la Mujer como mecanismo para garantizar los derechos de las mujeres.
Otro aspecto a enfatizar, agregó Estela Díaz, de la Campaña por el Derecho al Aborto, es la recomendación de implementar la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009 por el Congreso, para lo que el Gobierno debe asignar el presupuesto necesario, y no fue incorporado en el presupuesto 2010.
¿Qué es la CEDAW? La Convención contra toda forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) es el tratado internacional de Naciones Unidas más importante sobre derechos de las mujeres. Fue aprobada por Naciones Unidas en 1979, ratificada por nuestro país en 1985 y con jerarquía constitucional desde 1994. Para consultar el informe completo del Comité de Expertos
Tienen presencia en las conducciones locales pero todos los secretarios generales del gremio docente fueron varones. Al parecer, la dinámica sindical y las obligaciones que conllevan los cargos provinciales suelen contraponerse a otros roles socialmente asignados.
Según datos de la OIT, las mujeres representan casi el 40% de los miembros de las organizaciones sindicales. Sólo son mujeres el 1% de los dirigentes de los sindicatos.
Desde su creación en 1974 a la fecha, nunca una mujer estuvo al frente de la secretaría general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), el cargo más alto de la conducción en el sindicato docente de la provincia, donde el 85% de los afiliados son mujeres.
Muchas de ellas han tenido y tienen fuerte participación en la conducción de las 18 seccionales que tiene la Unter en el territorio rionegrino. Actualmente 8 de ellas (Conesa, Río Colorado, Villa Regina, Almafuerte, Roca, Cipolletti, Sur y Sierra Grande) están al frente de mujeres mientras que el resto de la dirigencia es masculina.
El próximo 2 de septiembre se renovará la conducción del gremio y estas elecciones no parecen ser la excepción a la regla. En las tres listas presentadas, para los cargos a secretario general y adjunto, están propuestos varones: Marcelo Mango y Jorge Molina, por Alternativa Celeste y Blanca; Marcelo Nervi y Ricardo Berros, por Unidad Azul Arancibia; y Martín Lamas junto a Manuel Hermida, por el Frente de Lucha de los Trabajadores de la Educación.
¿Qué es lo que impide que las mujeres que participan activamente en la vida del gremio alcancen el cargo de mayor jerarquía en la organización? ¿Falta preparación? ¿Falta compromiso? ¿Hay normas internas que lo impiden? ¿Hay debate interno alrededor del tema? ¿Qué dicen ellas? ¿Y ellos?
Diferentes voces coinciden en que la dinámica propia del gremio dificulta que las mujeres puedan tener una participación plena. A pesar de los avances en relación a la igualdad de oportunidades entre los géneros, sobre las mujeres sigue recayendo el mayor peso de las tareas domésticas y la crianza de los hijos.
Para Marisol, docente de primaria afiliada a la Unter, si bien las mujeres han ido ganando espacios y aspirando a alcanzar puestos de conducción "los costos a veces son un poco grandes". Se refiere al hecho de no tener horarios fijos o tener que viajar constantemente y dejar los hijos. "Creo que el impedimento más grande que tuvo la mujer hasta ahora es que el peso de la familia sigue recayendo sobre ella". Al mismo tiempo rescata que actualmente hay muchos mas varones que acompañan las decisiones de sus parejas.
Las dificultades no sólo se reducen al acceso a los cargos de conducción, también tiene que ver con la posibilidad de participar plenamente de la vida gremial. Los congresos extraordinarios, instancias decisivas, suelen ser lejos de casa a lo que se le suman que las asambleas por localidad pueden extenderse por varias horas. La docente, que en la mayoría de los casos cumple con doble turno, sale del trabajo para participar de una instancia de decisión de la que seguramente deberá retirarse antes para cumplir con las tareas domésticas.
Para Carlos Tolosa, ex secretario general de la Unter, se han dado pasos en la reivindicación de los derechos de las mujeres pero sigue estando presente el hecho de que "al menos en el hogar la que lleva los pantalones es la mujer". "He visto en innumerables asambleas que se hacen las 8 o 9 de la noche y las maestras se tienen que retirar porque tienen que ir a hacerle la cena a la familia". Tolosa asegura que nunca se puso en discusión esta dinámica a nivel institucional, aunque es una realidad de la que se tiene conciencia.
Nancy es docente de inglés y da clases en una escuela primaria. Esperó a que su hijo ingresara a la universidad para terminar la carrera y dedicarse plenamente a la profesión.
"Ahora que estoy desarrollando mi tarea creo que hubiese sido muy difícil compaginar todo: mis tres hijos chicos, mi marido, la casa. Ahora estoy disfrutando el trabajo pero veo a mis compañeras que están en esto hace 20 años y están al borde del colapso porque es mucho el trabajo que tienen, que no se reduce sólo a lo pedagógico".
Una mirada interesante es la que aporta María Inés Hernández, integrante del consejo académico de la Escuela de Formación Permanente "Rodolfo Walsh", quien entiende que una de las situaciones que se dan es que muchas de las mujeres que participan del gremio "no se han empoderado como para ocupar cargos de poder, lo que implica una mayor toma de decisiones." La docente señala que "si bien estamos preparadas para eso a la hora de buscar el candidato no aparecen nombre de mujeres" y en ocasiones suelen ser ellas las que se plantean que todavía no, que, tal vez, "todavía no estamos preparadas".
Mabel Burín, doctora en psicología clínica, especialista en estudios de género y salud mental, habla de "techo de cristal" para referirse a "una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres" pero que bien puede aplicarse a una carrera político-sindical. Es una especie de barrera que no se ve pero que les impide seguir avanzando.
"Este carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar.", continúa.
Este techo que dificulta a las mujeres alcanzar las metas profesionales o políticas para las que están preparadas parece invisible, pero la realidad demuestra que existe. Pese a las conquistas logradas –fruto de años de lucha- sigue siendo "noticia" que las mujeres ocupen los vértices jerárquicos de las organizaciones.
Violencia en las aulas: más agravios contra estudiantes
A principios de mayo, la Comisión de Mujeres (Codemu )y el Centro de Estudiantes (CE) de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UNCo (Fadecs), comenzaron una campaña de alerta sobre la presencia de abuso y violencia en las aulas. La iniciativa surgió luego de que recibieran varias denuncias por parte de estudiantes que iban desde el maltrato verbal, la humillación frente a sus pares, hasta el acoso y el pedido de favores sexuales a cambio de notas.
El primer paso que dieron estos dos grupos estaba orientado a desnaturalizar ciertas prácticas que son constantes en las aulas y devienen de una relación asimétrica de poder docente-alumnos. En ese marco, lanzaron una suerte de protocolo de conductas ante la que las estudiantes debían estar alertas: comentarios sugerentes acerca del cuerpo, miradas intencionadas a determinadas parte del cuerpo, contactos físicos inadecuados (roces, caricias, manoseos), ofrecimiento de clases particulares innecesarias fuera o dentro del ámbito académico, mails o mensajes de texto que no guardan relación con las materias, comentarios con excesivo interés por tu vida sexual, chistes y comentarios sexuales ofensivos o humillantes, insinuaciones de mejora de notas a cambio de "favores", comentarios agraviantes por el solo hecho de ser mujer.
La campaña generó un gran revuelo en los pasillos de la facultad. Mientras algunos docentes tomaron en sus manos la problemática planteada, otros se limitaron a decir que denuncias de este tipo desprestigiaban a la casa de estudios. Algunos fueron más lejos y aseguraron que estaban en presencia de una “cacería de brujas”. El decano Omar Jurgeit y la secretaría académica Paola Ceruti se comprometieron a formar una comisión destinada a recibir las denuncias.
Un mes después, en junio, la Codemu y el CE presentaron ante el decano una denuncia contra el docente del área de Locución, Patricio Orlando. Asimismo, pidieron la reapertura de un sumario administrativo que se había abierto diez años atrás contra el mismo docente a partir de la denuncia de una estudiante que manifestó ser víctima de acoso sexual. Dicho sumario había sido cajoneado y recién a partir de estos nuevo hechos se definió la reapertura y la designación de un nuevo sumariante.
En la nueva denuncia, las organizaciones estudiantiles señalaron que Orlando había cometido reiterados actos de discriminación contra una estudiante basados en su contextura física y su condición femenina. También hicieron referencia a los modos agraviantes utilizados al frente de las clases
Frente a la gravedad de la denuncia presentada fue poco lo que las autoridades de la unidad académica realizaron. A pesar de que el texto fue presentado en los primeros días de junio, recién el pasado 3 de agosto el decano lo remitió al Consejo Directivo de la unidad académica. Jurgeit manifestó no tener elementos para resolver al respecto.
En todo este tiempo, no se tomaron medidas de protección hacia las y los estudiantes que aportaron su testimonio a la denuncia. Aunque algunos actualmente se encuentran cursando en cátedras de este docente, las mismas no fueron intervenidas, tampoco se abrieron cátedras paralelas. En cambio, se le permitió el acceso a todo el texto de la denuncia, sin proteger el nombre de quienes habían denunciado.
Los hechos se agravaron en los últimos días ya que Patricio Orlando remitió un mail a varios docentes de la carrera, incluida la jefa del departamento de comunicación, en la que vierte serias amenzasas e imputaciones contra una de las estudiantes que aportó su testimonio: Belén Spinetta (periodista del diario “Río Negro” y co-editora de Hijas de Eva). Para ello, utilizó las expresiones textuales que dicha estudiante empleara oportunamente en su denuncia. En ese mail, Orlando escribió “Belén Spinetta dixit; una auténtica enferma mental y/o delincuente calumniante, que va pagar su GROSERA Y ARTERA MENTIRA con trabajo "social" y/o "comunitario" durante MUUUUUUCHAS más horas de las que ella misma imagina, además de dinero que deberá oblar y que destinaré a la construcción de una sala de profesores exclusiva para los de Comunicación Social, a menos que se retracte ante la Justicia extra muros de la UNCo y PIDA PERDÓN por su "confusión" y su "desmemoria" de SIETE años atrás...y que Dios se apiade de su putrefacta alma; y no estoy exagerando un ápice”.
Frente a la gravedad de este hecho, el CE y la Codemu decidieron ampliar la denuncia y adjuntar el mail al expediente que se tramita ahora en el Consejo Directivo. Asimismo, pedirán la separación preventiva del cargo hasta tanto se resuelva definitivamente el caso. Recibieron la adhesión de distintas organizaciones sociales, grupos de mujeres y organizaciones políticas.
Ahora, ante la excusación del decano, queda en manos de los consejeros directivos de los distintos claustros resolver al respecto. También queda que las autoridades de la universidad, empezando por la rectora Teresa Vega, tomen cartas en el asunto ya que hasta el momento no han emitido opinión al respecto de los hechos denunciados por las y los estudiantes de la sede roquense.
Los casos se dan en medio de denuncias de abuso y trata. Estas víctimas son tres veces más vulnerables: son discapacitadas mentales, son pobres y son mujeres. Una de ellas es la menor de edad que dijo que estuvo en un prostíbulo de Neuquén.
Una menor de edad con discapacidad desapareció en abril del colegio al que asistía, en Roca. Quince días después fue encontrada en Neuquén capital. Contó que había estado en un prostíbulo vecino a la Dirección de Seguridad de la Policía.
La joven cursa hoy un embarazo de 3 meses, tiene 15 años y es alumna de la Escuela Especial 1. En el mismo colegio hay otra menor de 14 años embarazada. Según los docentes, se registraron al menos cinco casos de alumnas "captadas" por redes y abusadores.
Este informe tiene un doble objetivo: denunciar la situación de vulnerabilidad de niñas y jóvenes con discapacidad mental; reflexionar en torno a la educación sexual que reciben y el rol que cabe a instituciones estatales que trabajan con esta población.
De la situación de M., la menor "captada", devino una crisis al interior de la escuela, que se sintió "desarmada" para abordar su caso. Eso se tradujo en enfrentamientos por lo que debió hacer o no la institución el día que la alumna llegó sucia, lastimada, sin dormir y aparentemente drogada, y fue devuelta a su casa. Esa tarde M. desapareció.
Dos docentes la vieron ese día, una la vio corriendo cerca de la escuela y la paró. M. dijo que se tenía que ir con su papá (que no existe). Otra la vio por la noche, en una rotonda, muy pintada y arreglada, esperando que "su papá" la pase a buscar.
No hace mucho tiempo la joven fue a la escuela con alimentos y dinero del que no pudo explicar procedencia. M. es una nena linda y vive en una familia integrada por varios miembros con discapacidad mental. Cuando desapareció, desde la escuela acompañaron a la madre de M. a hacer la denuncia y el expediente judicial se archivó al aparecer la menor en Neuquén. Docentes y directivos admiten que cuando ocurrió lo de M. no sabían qué hacer. La directora admite que hace tiempo hay "redes merodeando", pero que se sienten "solos" para enfrentarlas.
Actualmente M. cursa un embarazo de tres meses, que se corresponde con el tiempo que estuvo desparecida. Consultada al respecto, la fiscal neuquina Sandra González Taboada -quien desestimó que fuera un caso de trata- aseguró que se le realizó a M. el examen médico correspondiente, y "a pesar de no haberse hallado en su cuerpo evidencia alguna que permitiera suponer una relación sexual, igualmente y a modo preventivo, se la derivó al Hospital Castro Rendón para profilaxis y prevención de enfermedades venéreas".
Si la concepción fue antes o después de ser encontrada en Neuquén es cuestión de días. Lo cierto es que M. está embarazada, y todas las instituciones que trabajan con ella son interpeladas por tal situación.
Su desaparición evidenció falencias del sistema educativo que la "contiene", del sistema sanitario que la "atiende" y que no evitó un embarazo; y de las instituciones públicas que brindaron escasas herramientas para afrontar la situación en la que estaba en juego su integridad sexual; fragilidad que se extiende a toda la población de la escuela, menores con discapacidad mental e igual condición de pobreza.
Lo que pasó en las dos semanas que M. estuvo desaparecida es materia de investigación, pero hay importantes indicios de que estuvo captada por una red de trata. Parte de esos indicios los aportó la joven tras su aparición.
Coincidencias
Las dos menores embarazadas pertenecen a familias socialmente vulnerables, las mamás de ambas tienen discapacidad mental y ninguna da cuenta de cómo llegó al embarazo. Mientras M. registra poco de lo que está sucediendo, M.E. rechaza su embarazo. Cuando le obsequiaron una cajita con ropa de bebé habría dicho: "Qué lindo, acá lo voy a poner adentro para tirarlo a la basura cuando nazca".
En ninguno de los casos se consideró la posibilidad de un aborto, pese a que el Código Penal lo considera no punible cuando "el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
El aborto no es tema de debate, aun cuando sería legal practicarlo. Está vedado al interior de las instituciones intervinientes, incluso el colegio. Dos trabajadoras sociales de la escuela complejizan el panorama: "Estas familias ni siquiera tienen como posibilidad el aborto. El aborto es un tema de clase media. Las familias de estas chicas embarazadas aceptaron la situación. Es más fácil que se hable de dar el chico en adopción que de aborto".
Varios relatos de docentes y técnicos coinciden en que las jóvenes no eligieron concebir.
En la entrevista que acompaña este informe, la directora de la escuela opina sobre qué tendría que fortalecer la institución para evitar que menores con discapacidad lleguen a un embarazo no deseado y descubre una grave realidad.
La Escuela Especial 1 a la que asisten las menores embarazadas es una de las 22 escuelas especiales de la provincia. Concurren niños de 45 días a 16 años que engloban en la categoría amplia de "discapacitados mentales". El único denominador común es que todos provienen de hogares pobres; luego hay matices. Explica Rita Rodríguez, trabajadora social actualmente con licencia en la escuela: "Por la mañana hay chicos de 13 a 16 años que reciben lo pedagógico; la idea es que se apropien de la lectoescritura. Hay chicos con discapacidad mental severa y otros que fueron derivados por la escuela común por problemas de aprendizaje o conducta. Algunos aprenden a leer y escribir y los que no, navegan en el mundo de lo que pueden. Hay chicos que pueden hacer alguna otra cosa y hay chicos que no. Por eso a la tarde se hacen talleres".
"La directora es una persona creativa que busca respuestas para cada caso, hace atención personalizada, pero hay cosas que exceden a la institución", afirma. "Hablamos de chicos que están en riego socioambiental, con padres ausentes, familias carenciadas, chicos desnutridos; en realidad hay una gran población de discapacitados funcionales. Es el que se discapacita porque no ejercitó lo que tenía que ejercitar un chico, porque no fue estimulado, le faltó alimento, no recibió herramientas de la educación formal..."
Hay, entonces, alumnos con triple vulnerabilidad en razón de la discapacidad, el género y la situación socioeconómica. En esta realidad hay dos temas que se superponen: la fragilidad en la que se encuentran las niñas con discapacidad mental frente al abuso sexual y a quienes se aprovechan de tal situación: tratantes, proxenetas y abusadores.
Si bien el abuso intrafamiliar es importante en esta población y la escuela contabiliza estos casos, los docentes visualizan otro fenómeno: la trata. El primer antecedente similar que recuerdan es el de dos menores que fueron captadas por una red de prostituyentes cuyos cabecillas hoy están presos: Alberto Fasanella, condenado a 19 años, y Andrés Reguera, condenado a 12 por promoción de la corrupción de menores. Una de las víctimas, también discapacitada mental, fue contagiada de SIDA y hoy está embarazada.
Una docente que prefiere el anonimato afirma: "Identificamos a un abusador en barrio Campamento, por el que creemos pasaron como 20 chicas. Denunciamos pero no pasó nada y hay nenas en serio riesgo, una de ellas fue víctima de abuso de muy pequeña. Las niñas abusadas tempranamente quedan fijadas en ese momento y se meten en situaciones de peligro: son presa fácil de los abusadores...".
En casos así Educación y Salud Pública deben asumir un rol para el que no suelen estar dispuestos. Pero ¿qué responsabilidad tiene la institución? Hay tantas respuestas como docentes opinen. Algunos se sienten sobrepasados y sienten que los padres les transfieren toda la responsabilidad para cuidar a sus hijas e hijos.
La vicedirectora, Marita Ulla, respondió que ella sólo estaba "para educar", aclarando que la educación sexual no forma parte de ese "educar" y que no le corresponde "meterse en la vida íntima de las y los alumnos". La directora, por su parte, cree "que lo primero es que la institución tome conciencia". También recuerda que este es un problema de la sociedad y todas las escuelas, donde "hay casos de embarazos producto de abuso".
Otra opinión la ofrece Dante López Dorighoni, ex director de la 1, profesor especializado en discapacitados mentales: "La educación sexual está tomada como una responsabilidad individual, cómo se deben cuidar para que no las abusen. Mucha autoayuda, cero laburo comunitario. A las familias, tan vulnerables como los chicos, se les imputan responsabilidades, se las denuncia a la justicia pero no se trabaja con ellas en construir herramientas para la supervivencia...".
Todos los consultados conocen situaciones concretas de abuso. López Dorighoni recuerda que hace un par de años presentó una nota a la directora porque se había librado a su suerte a un grupito de adolescentes en alto riesgo. De ellos, un par de chicas estuvieron vinculadas a la red de Stefenelli (Fasanella y Andrés Reguera - Blog Hijas de Eva).
El dato lo confirmó la Defensora de Menores Penal, Mónica Belenguer, quien -por otra parte- desconocía que M. estuviese embarazada. No descarta la realización de una ADN para constatar una posible paternidad y agrega la necesidad de fortalecer los mecanismos de resguardo para estas niñas: "Viven triple vulnerabilidad: discapacidad, pobreza y género".
Días atrás fueron procesados por el delito de trata dos sujetos que habían intentado captar menores en el Hogar de Menores de Roca, otro espacio con población vulnerable.
La Trabajadora Social Rita Rodríguez agrega: "El tema de la trata hay que seguir trabajándolo. En la escuela ya se registraron 4 casos de características similares al de M.. Hay alumnas que fueron metidas en redes de proxenetas, han sido explotadas sexualmente a cambio de comida. Sabemos que el barrio Campamento se registró la mayoría de los casos, tenemos identificado a un hombre que las nenas señalan, pero no logramos que se lo detenga. Hay un caso en el que se drogó a una chica... nosotras indagamos, ella nos odiaba por eso, pero descubrimos de quién se trataba. Supimos que el tipo abusa de menores con discapacidad, que las somete a cambio de comida. En el tiempo que investigamos supimos de unas 20 chicas que pasaron por la casa de este sujeto. La que quiso denunciar fue amenazada".
Pese a la gravedad de la situación, la Supervisora de Educación Especial de Roca se negó en reiteradas oportunidades a hablar con este medio. También le reprochan desde el colegio que haya mantenido absoluto silencio ante el caso M., conducta incomprensible para una escuela que hace lo que puede.
Proxenetismo, trata, violaciones y abusos sexuales son distintas caras de un mismo fenómeno: la violencia que sufren estas niñas - mujeres; que, otra vez, queda en evidencia en las biografías de estas dos menores.Mañana, segunda parte de la investigación.
