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Desde la restauración de la democracia en nuestro país, en 1983, hasta el año pasado, unas 2950 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del estado. Del total, 41 casos corresponden a la provincia de Río Negro y 28, a la de Neuquén.
Así lo reveló un informe del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado que, desde 1996, realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en todo el país, y difundido por la organización Periodismo Social.
El relevamiento incluye todas las muertes que son resultado de la aplicación de una política represiva estatal y la utilización de los recursos del Estado.
En cantidad de casos por distrito, la provincia de Buenos Aires encabeza el listado con 1342 crímenes lo que representa el 47,49% del total. Segunda está Santa Fe con 299 (10,58%) y tercera Córdoba con 247 (8,74). En el décimo lugar, se ubica Río Negro con 41 casos (1,45%) y décimo tercera lo hace Neuquén con 28 (0,99%) entre 1983 y 2009.
Sin embargo, cuando se analiza la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia, se desdibuja "la hegemonía de Buenos Aires": "dejando de lado su colosal supremacía poblacional, cae a un tercer lugar en el cálculo por millón de habitantes (97,06), detrás de Tierra del Fuego, con 148,40 y Santa Fe, con 99,64". En nuestra región, la diferencia entre Río Negro y Neuquén se mantiene: 74,16 casos y 59,05 respectivamente.
Los datos son reveladores y rompen con el mito de que "acá esas cosas no pasan". El gatillo fácil no es una herramienta exclusiva de la policía de Buenos Aires ni tampoco de un partido político en particular, concluye. Aunque no discrimina la modalidad de la represión según los distritos, junto con la tortura, son utilizados en todo el país, sobre todo en grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza y exclusión.
La modalidad gatillo fácil es la más común de los crímenes que involucran a las fuerzas de seguridad (51%). En su mayoría, están motivados por la "pinta"de la víctima (joven y pobre) o en circunstancias en las que son sospechados de haber cometido delitos o mientras huyen luego de un delito consumado.
Le siguen los asesinatos de personas privadas de su libertad (33%) en comisarías y cárceles que, en buena medida, se corresponden con la aplicación de tormentos que terminan en muerte.
Por último, se ubican los homicidios cometidos entre miembros de las fuerzas de seguridad y los de corte "privado" originados en discusiones familiares o laborales (9%), y los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta (2%).
Para CORREPI, los jóvenes son el blanco favorito del gatillo fácil, ya que el 49,47% de las víctimas (unas 1398 personas) tenían entre 15 y 25 años. El 18,54% tenía entre 26 y 35 y el 2,97% eran menores de 14 años.
Por otra parte, si bien en los últimos años la cantidad de casos por año se mantiene no logra disminuirse de manera significativa. En el 2004 hubo 203 casos. Dos años más tarde subió a 213 y luego bajó levemente hasta ubicarse en 175 en 2009.
En este sentido, el estudio concluye que el gatillo fácil no se detiene con una purga, ni se puede atribuir a "desbordes individuales", a falta de formación en derechos humanos".
Llama la atención la cantidad de casos protagonizados por las "nuevas estructuras" que una y otra vez han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos.
La creciente cantidad de pibes muertos en todo el país, considera, es muestra de que la represión cotidiana es una política de estado que puede adoptar diferentes modalidades pero que se mantiene como forma de perpetuar y profundizar un sistema que desprecia la vida y que cada vez excluye a más personas.
Sobre Bariloche.- Laura Musa, de la Fundación Sur dedicada, a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la juventud en Argentina y América Latina, opinó sobre la situación que vive Bariloche, luego de la muerte de tres jóvenes, dos de ellos adolescentes, que se suman a la "lista negra de la democracia".
"Hubo un delito, grosero, hubo ajusticiamiento. Existió un crimen, por parte de una policía que no tiene límites en su accionar. Acá por ejemplo no se sabe qué fiscal intervino en lo que iba a ser supuestamente una detención. Lo importante a entender es que esto es una práctica sostenida de la Policía contra los chicos pobres, marginados, jóvenes. Actúan sin límites, hasta que ocurre un estallido como este. Los únicos límites los ponen los padres de clase media con sus hijos, que no lo permiten. No en casos como el de Bariloche". |
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