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30 » May 2010 |
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Casos de Trata en Río Negro podrían llegar a la CIDH |
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La Coordinadora General del Programa “Esclavitud Cero” de la Fundación El Otro, Mercedes Assorati, contó a este diario que está redactando una solicitud de Audiencia Temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que expondrán los casos de trata denunciados en Río Negro como caso testigo de incumplimiento de toda la legislación existente para este tipo de delitos. Sería la primera vez que un caso de trata ocurrido en el país llegue a tribunales internacionales. La presentación compromete seriamente al ex Jefe de la Policía y actual Secretario de Seguridad y Justicia, Víctor Cufré.
Desde la Fundación que preside Assorati- se denunciaron por lo menos 7 casos de trata en la provincia que no han tenido ninguna sanción por parte del Poder Judicial. Hay denuncias desde el año 2005, cuando se produjeron allanamientos en Valle Medio y encontraron menores y extranjeras indocumentadas. Las mujeres eran de otras provincias argentinas y procedentes de Paraguay. Pese a que se comprobó que existieron casos de trata y que están prohibidos los prostíbulos en el país, esos lugares siguieron funcionando. “La situación de impunidad en Río Negro es grave, existen denuncias concretas sobre casos concretos de Trata. Trabajé cuando estaba a cargo de la Organización Internacional de Migraciones en Argentina, en la causa que tomó la Jueza Marisa Bosco tras recibir una primera denuncia desde Paraguay, conozco el tema en profundidad. La OIM acompañó en el allanamiento en el 2005, se encontraron mujeres en situación de trata, se restituyeron a sus países de origen, y todo quedó como si nada. Esos lugares siguieron funcionando y siguieron siendo denunciados por el delito de Trata”.
Pero hay más. La situación que amerita que Río Negro pueda ser evaluado como caso testigo en la Comisión de la CIDH, reviste mayor gravedad pues incluye amenazas a funcionarios que investigaron y denunciaron; como las recibidas por la jueza del Juzgado Penal N° 30 de Choele Choel; las que recibió la Defensora del Pueblo actual y el oficial Ormeño, a quien se expulsó de la policía por colaborar en las tareas de investigación encomendadas por una jueza, a las que estaba obligado. En Río Negro, además, se comprobó mediante testimonios de víctimas que lograron salirse de las redes y por medios de escuchas telefónicas que existe connivencia entre proxenetas y policías que nunca fueron sancionados. “En Río Negro- agrega Assorati- se demostró que los policías investigados no sólo permiten que los delitos ocurran, sino que además forman parte del negocio. Las escuchas muestran que la policía protege a los tratantes y que algunos uniformados formaban parte de una red y participaron en traslado de menores de edad. También hubo funcionarios municipales involucrados”.
La Red pampeana y las complicidades locales
El caso Otoño Uriarte tuvo un efecto no deseado, como el de desnudar ciertas redes que están operando en la zona desde hace tiempo. Una es la conocida como la “Red Pampeana” que opera en Neuquén, Río Negro y La Pampa; trayendo mujeres de otras provincias y de países como Paraguay, Brasil y Dominicana. La “Red Pampeana” se conoce desde 2007, luego de una investigación iniciada por la periodista Mónica Molina, actual Subsecretaria de Políticas de Género del Municipio de Santa Rosa. El trabajo de investigación fue la punta de una madeja que permitió descifrar la modalidad operativa de la red, sus contactos y algunos de los prostíbulos que manejan en esta región. Se supo entonces que en esa red trabajaban por lo menos tres personas identificadas y vinculadas a los prostíbulos de General Roca y Choele Choel, conexión en la que trabajó la jueza Bosco. Esta red operaría a través de socios entre La Pampa y localidades de Río Negro y Neuquén, entre ellas: Río Colorado, San Antonio Oeste, Las Grutas, Catriel, Sierra Grande, Neuquén, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, donde las jóvenes rotan por el dominado “sistema de plaza”. Existiría otra red operando en las localidades turísticas lacustres, en conexión con Puerto Montt y otra que se sumerge hacia la Patagonia más austral. Se considera a Río Negro zona de tránsito, destino y ablande de mujeres. Unidades Fiscales Especiales (UFASE) pudo comprobar que el dueño de una de las Whiskería de Choele Choel investigada por Bosco tendría otros inmuebles Santa Cruz.
Una de las mujeres que pudo escapar de esa red contó cómo se reclutan jóvenes, muchas de ellas menores en Paraguay y en provincias argentinas. Obviamente se las recluta bajo engaño, se adulteran sus documentos y se las mantiene en situación de esclavitud. A las menores se las oculta en domicilios particulares, todo con complicidad de policías y funcionarios, que suelen ser clientes de estos lugares. Por tal motivo- la existencia de una estructura de complicidad) la situación denunciada en 2005 en Valle Medio volvió a repetiré en 2008, cuando se rescataron 14 mujeres provenientes de Paraguay, Brasil y Dominicana de un cabaret de Choele Choel. Esta vez con pruebas contundentes como las escuchas que demostraron la connivencia entre proxenetas con policías- razón por la cual la jueza Bosco pidió asistencia a la Policía Federal para allanar los locales.
Pero pese a las investigaciones iniciadas, a las denuncias efectuadas por víctimas y arrepentidos, en Río Negro no pasó nada. Ningún policía está preso por estos hechos, ningún tratante, ningún funcionario que participó en firmar libretas sanitarias truchas o en falsificar documentos. Varias de las víctimas de Trata que encontraron en Valle Medio tenían documentos apócrifos, muchos de ellos confeccionados para falsear la edad de menores y otras para cubrir su identidad. Paraguay informó que nombres y números de documentos falsos, de personas muertas en aquél país, servían para estos fines.
Las irregularidades continuaron, la jueza Marisa Bosco que investigó estos casos denunciados en 2007 fue amenazada, inclusive tuvo varios encontronazos con el ahora ex jefe de la policía Víctor Cufré y el Ministro de entonces, José Luis Rodríguez. El oficial Ormeño, que trabajó con la jueza, también fue amenazado e intimidado, inclusive amenazado de muerte; también fue amenazada y vapuleada la Defensora del Pueblo y el Coordinador del Centro de Derechos Humanos del Comahue, Germán Bernales, quien recibió una carta documento firmada por Cufré y otra del Área de Asesoría Legal de la Policía de la provincia, con asiento en la ciudad de Choele Choel. En enero de este año, una nueva intervención del CeDHCo ofendió a Cufré, quien tras convocar a reunión ampliada con la Cúpula Policial y el Ministro Larreguy le hizo saber a Bernales que le haría llegar otra “carta documento”. La Carta nunca llegó. El CeDHCo pedía que se investigue seriamente la actuación policial en los casos de Trata y que se sancione a los policías acusados de graves delitos. La lista de intimidaciones tiene a otros protagonistas y modalidades que incluyen llamadas anónimas y celulares interceptados a legisladores y a una médica que atendió a una de las mujeres dominicanas accidentadas hace unos meses, accidente que Cufré se apuró en calificar de ocurrido en motivo en que tres dominicanas venían de vacaciones a la zona.
Las causas por trata no tuvieron resultados en términos de sanciones. Recién se están investigando casos del 2006. Assoratti entiende que estas demoras no pueden obedecer a un buen proceder el sistema judicial y que es justo que se piense que las causas se “cajonean en Río Negro”, por lo que afirma que en esta provincia existe una red de complicidades en la órbita del Estado para que esto ocurra. “Y esto lo desnudó la situación de Ormeño- explica- Antes de que fuese echado de la fuerza una podía dudar, pero lo echaron por colaborar con la jueza en la investigación en la que estaban implicados sus colegas. Era su obligación y resulta que su jefe de policía le pedía que desobedezca a la jueza y que se calle. La decisión de Cufré de expulsarlo es inexplicable. El caso es una barbaridad institucional.”
En igual sentido se expresaron la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini y Gustavo Adrián Martínez en un informe realizado hace un año en su carácter de Auditor del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Río Negro, quien indagó en el desempeño de la Dra. Marisa Bosco en las investigaciones por los casos de Trata. Ambos denunciaron las graves irregularidades cometidas por parte de la jefatura de policía en la causa. La investigación judicial denunciaba complicidad de policías y proxenetas, incluso la Defensora del Pueblo pidió la renuncia del Jefe de la Policía en relación a la causa y se sugirió al Superior Tribunal de Justicia que actúe debido al atropello cometido hacia Ormeño. Nada de eso ocurrió. El STJ optó por frenar la situación, el Poder Legislativo también, en relación a los pedidos del legislador Martín Soria para que se reúna la Comisión de Seguridad de la Legislatura para que allí den la versión de los hechos la jueza Bosco y el oficial que actuó con ella en la investigación.
En cambio, lo que sí ocurrió fue que hace unos días el Jefe de Policía de Río Negro, Víctor Cufré, fue premiado con el cargo de Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. No hay antecedentes sobre un enroque de estas características en Río Negro, para un cargo que tendría que tener un civil o persona de conducta intachable. Un premio que seguramente tiene motivos sobrados por parte de la gestión Saiz y tendrá consecuencias inesperadas para la comunidad. En términos de políticas de Seguridad se asume que la policía suele ser parte del problema, que en todo caso el secretario de Seguridad debe controlar la actuación de la policía, no tener el mismo collar. Lamentablemente la policía de Río Negro no goza de la mejor reputación entre las policías de provincia del país, el saliente Jefe de la fuerza no se va con una institución mejor que la que recibió y asume con varias causas en sus espaldas, situación de extrema gravedad. La designación de Cufré en ese cargo tan sensible fue impugnado por las organizaciones de la sociedad civil que combaten el delito de Trata; y lo es por varios motivos que exceden haberle hecho la vista gorda a los proxenetas y sus subordinados que actúan en connivencia bajo sus narices. Y esto no quiere decir que todos los policías sean malas personas o rufianes, sino que hay policías que ensucian a la institución, y esos no son precisamente los “Ormeño”.
En relación a las causas por Trata de personas, cuenta Assorati que hace unos meses, volvieron a presentar todas las denuncias existentes en Río Negro a UFASE, “la UFASE viajó a la provincia para investigar la situación y las denuncias hace un par de meses fueron a parar a un juzgado de Roca. Hasta acá tenemos una abrumadora acumulación de delitos: denegación de justicia, violación de garantías constitucionales, obstrucción de la investigación, Trata, Cohecho, discriminación de la mujer, etc. Se viola toda la legislación existente para este tipo de delitos y el Estado no hace nada. Creo que se trata de una constelación de violaciones a la ley que no puede pasarse por alto. Por eso creemos que el caso de Río Negro bien puede ser un caso testigo, que amerita ser presentado en la Comisión Interamericana. Para que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que haberse agotado primero los recursos internos dentro del Estado en donde se produce, es decir, haber atravesado los canales normales de resolución dentro de su sistema judicial. Pero en Río Negro no tenemos 1 caso, sino 7 casos que muestran que la justicia no funciona. Puedo mostrar- en consecuencia- que en Río Negro hay un patrón de impunidad y que las instituciones no están funcionando. Puedo especular, o la Comisión que recepta casos podría hacerlo, que esto ocurre porque hay connivencia política, policial y judicial con el delito; o puede indicar que los remedios que tenemos como sociedad para combatir este flagelo no son efectivos. Reitero: En Río Negro hay 7 denuncias presentadas y cuando el Estado no responde, los individuos están indefensos, por eso se crean estos sistemas internacionales de protección, para que se pueda reclamar en otro lugar.”
El camino de la presentación
El camino que seguirá la presentación es el siguiente: Primero se pide una AUDIENCIA TEMÁTICA. Allí se expone la situación que si bien tiene como caso testigo a Río Negro, denuncia la gravedad de la situación en Argentina en lo que refiere a “corrupción policial y trata”. La presentación que elabora Assorati cuenta con el asesoramiento de abogados de la Universidad de Texas y de la Universidad de Columbia y el apoyo de ONG americanas que se dedican a combatir el delito de Trata. Si la Comisión Interamericana admite el caso, se estudia la situación y se propone una solución al Estado; y luego del efecto que esto tenga, por ejemplo si el Estado no responde, la Comisión decide que el caso pase a la Corte Interamericana para su tratamiento.
En la Comisión hay relatorías especiales: relatorías temáticas y relatorías por país. En el mes de marzo se envió la información de los casos de trata ocurridos en Río Negro al Área de Denuncias de la relatora para Argentina que- además- tiene a su cargo la relatoría de Mujer. Se trata de la comisionada Luz Patricia Mejía. En el mes de octubre se solicitará la audiencia temática y por primera vez el delito de trata ocurrido en la provincia de Río Negro, sería ventilado en la órbita de la justicia internacional.
Por Susana Yappert----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Policías involucrados en causas de trata
El juzgado Correccional Penal Nro. 30 de la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro con asiento en la ciudad de Choele Choel, a cargo de la Dra. Marisa BOSCO; investigó los casos de trata de personas con fines de explotación sexual bajo Expediente 14475/07. Quien comisiona para dicho fin al Oficial Subinspector, Gabriel ORMEÑO. Las investigaciones son producto de las escuchas telefónicas registradas por la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) el 23 de noviembre de 2006 que centralizaron la participación de efectivos de la policía provincial, el Of. Ppl. César CAYUMIL (ex jefe de operaciones y que fuera trasladado después de los hechos a la Regional 2da) y el Cabo Daniel VIVANCO (único imputado en las causas de Trata de personas), siento este último quien habría atendido el teléfono de la Unidad 8° de policía para comunicarse con Abel Eduardo QUIROGA, regente del prostíbulo “LAS VEGAS”. La intención de QUIROGA era fichar a una niña de 15 años a quien habrían traído de la provincia de La Pampa. Dicha escucha quedó registrada en Fs. Nro. 1.654 del expediente que se investiga por la muerte de la adolescente Otoño URIARTE.
Otros policías involucrados tras la revelación de escuchas: El Ex Comisario de la Unidad 3ra de la ciudad de General Roca, Roberto Emilio GARCIA, quien fue registrado en una escucha telefónica, negociando con un proxeneta. En la escucha el ex comisario le avisaba que iba a realizarse una inspección en el cabaret “Cristal” pero también el regente intentaba poner en las adicionales de su local a policías de su confianza, a cambio GARCIA pedía favores sexuales. El ex Comisario García fue trasladado después de los hechos a la Regional 2da y propuesto como policía a cargo de la Seguridad de Tribunales locales. También se encontraron en las causas que investigaban el delito de Trata de personas, el Subcomisario Moisés RODRÍGUEZ (Sobreseído de la causa en septiembre de 2009) y el Comisario Inspector Carlos BRITOS. Estos últimos fue ascendido de rango a cargo de la Subregional que comprende de Cipolletti hasta Catriel. También la información habla sobre la participación de un jerárquico de la cúpula policial que estuvo en Choele Choel y frecuentaba el cabaret.
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Testimonio de una joven brasilera, tratada en Choele Choel, que fue restituida a su país
“… cuando llegamos nos esperaba [CARLOS], que nos llevó directo al boliche y ahí nos dijo que teníamos que trabajar como prostitutas y que estábamos debiendo todos los gastos para llegar hasta ahí. Teníamos que trabajar para pagarlos y que no podíamos regresar a Brasil hasta que los gastos no estén pagos. Para trabajar nos dijo que teníamos que hacernos análisis, que nos acompañó, luego nos llevó a la policía por las huellas y foto y después a la municipalidad. Después que hicimos todo ya empezamos a trabajar desde las 10 de la noche hasta las 06 de la mañana, después dormíamos hasta las 4 de la tarde. Teníamos que limpiar todo nosotras. Dormíamos allí en el mismo lugar donde teníamos sexo con los clientes y comíamos una sola vez al día por la noche. Cuando llegamos nos sacaron los documentos y nos dijeron que si no trabajábamos no nos podíamos volver a Brasil…” |
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Categoría : Actualidad y Opinión |  Comentarios [0]
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