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29 » Aug 2009 |
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Panorama Laboral: Mujeres y jóvenes, los más afectados |
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Según un informe elaborado por Ernesto Kritz, director de la consultora SEL, sobre Situación laboral y social en Argentina de julio 2009, 1 de cada 4 personas que había salido de la pobreza durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, volvió a caer. Las mujeres y los jóvenes siguen siendo los más perjudicados.
“El examen de los indicadores sociales revela que el modelo de gestión iniciado en 2003 probó ser muy eficaz para reducir rápidamente la pobreza y la desigualdad desde una situación extrema de crisis; pero también que, después de un plazo no tan prolongado, presenta límites difícilmente salvables para sostenerse y remover las causas estructurales de la privación y la inequidad”, expresa Ernesto Kritz en su informe.
Bajado la realidad, en lo que es la gran lupa del gran Buenos Aires, significa que la incidencia de la pobreza es ahora igual a la de octubre de 2001 (más recientemente, a la del segundo semestre de 2005) y más alta que en cualquier momento de la década pasada, con excepción de mayo de 1990.
“La distribución del ingreso medida por la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, como por el coeficiente de Gini, mejoró sensiblemente con relación a 2001-2002, pero es casi la misma que a fines de 1998, y apreciablemente más desigual que hace dos décadas, e incluso que en buena parte de los años noventa”.
Kritz señala que hay factores estructurales que impiden que entre un cuarto y un tercio de la sociedad pueda mejorar de manera sostenida sus condiciones de vida y participar de una movilidad social ascendente. Estos factores tienen que ver, por una parte, con la segmentación laboral y, por la otra, con la escasa y desigual distribución del capital humano.
Más de un tercio de la fuerza de trabajo es informal. Sin incluir el servicio doméstico no registrado, los trabajadores privados informales (asalariados y cuenta propia sin capital) son casi tantos como los asalariados privados registrados. La informalidad laboral es la principal causa de exclusión social y sus víctimas son mayormente mujeres, jóvenes y personas de baja escolarización.
Los trabajadores informales carecen de protección legal y de seguridad social. El 45% de ellos está bajo la línea de pobreza; sus empleos son inestables (el 75% no alcanza a cumplir un año en el mismo trabajo); son los primeros en ser despedidos (el desempleo es 4 veces mayor que en el empleo formal); ganan mucho menos que los trabajadores formales y no tienen acceso al crédito.
En el empleo informal predomina la intermitencia, es decirla rotación entre trabajos de corta duración, con empleadores efímeros. Los trabajadores intermitentes son casi el 15% de la población ocupada. 7 de cada 10 desocupados tuvieron como último empleo un trabajo no registrado.
La situación de las mujeres
“La informalidad es la puerta de entrada al mercado de trabajo –y muchas veces el lugar de permanencia a lo largo de la vida activa- de la mayoría de las mujeres, los más jóvenes y los menos educados”, afirma Kritz.
Mientras que en el sector privado formal hay dos ocupados varones por cada mujer, en el sector informal la relación es casi de uno a uno. Esto está muy influido por el empleo en el servicio doméstico. Cuando éste se excluye, el peso de las mujeres en la ocupación informal se reduce a un tercio, una proporción menor que entre los asalariados privados registrados y muy inferior a la que se encuentra en el sector público. Esto lleva a precisar la observación: la informalidad es la puerta de entrada al mercado de trabajo de las mujeres en los empleos de menor nivel de calificación, señala el estudio.
La situación de los jóvenes también es altamente compleja: cuatro de cada diez desempleados tienen menos de 25 años y, cuando consiguen empleo, generalmente son no registrados. Ocho de cada diez ocupados de hasta 19 años tienen trabajos informales; en el tramo más amplio de hasta 24 años, son seis de cada diez. Muchos de estos jóvenes abandonaron antes de tiempo el sistema educativo o el sistema educativo no le proveyó de conocimientos suficientes y se encuentran en situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.
“Una razón principal para la deserción escolar es que, en una proporción importante, pertenecen a hogares de bajos ingresos que no pueden mantenerlos; pero otra no menor, es que, por la débil formación en competencias básicas, y el déficit de preparación para el trabajo del sistema educativo público, muchas veces no encuentran una relación clara entre la permanencia en la escuela y la posibilidad de competir con éxito por un empleo de buena calidad”, explica el director de la Consultora SEL.
El 60% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, cursó sólo estudios Primarios. “Los incentivos para buscar trabajo para los jóvenes en situación de marginalidad, y en general para los que vienen de los hogares de la parte inferior de la estructura social, no son muchos. Entre los ocupados de menos de 25 años, los salarios en empleos privados no domésticos son algo más de la mitad del promedio del mercado, y 30% por debajo del salario mínimo. Con su bajo
capital humano –sea por la insuficiente escolaridad, o por la pobre calidad de la educación recibida- su precio de reserva no es lo poco que podrían ganar con su muy baja productividad, sino lo que podrían obtener fuera del mercado, incluyendo las actividades ilegales. Su escaso capital social, por la falta de una red de contactos, refuerza esta situación”.
La correlación entre bajo nivel educativo e inserción laboral informal, no se limita a los jóvenes: el 62% del total de los informales no terminó la escuela media y un 40% sólo cursó primaria. En el sector formal, por el contrario, 61% de los ocupados tiene cuando menos estudios secundarios completos.
Los trabajadores informales hacen los trabajos menos calificados. “El núcleo principal del empleo informal está en las microempresas, en su mayoría de muy baja productividad: 7 de cada 10 asalariados en este estrato trabaja sin contrato; en las firmas de 6 a 10 ocupados, la proporción es 1 de cada 2. Cuanto más informal es el empleo, mayor es la correlación con las
unidades de muy pequeño tamaño y más baja productividad; 80% de los que tienen empleos intermitentes trabajan en unidades de hasta 5 ocupados.
Kritz propone en este contexto cinco 5 reformas para crecer con equidad.
Si bien señala las dificultades estadísticas para conocer cabalmente la situación social en Argentina, sobre todo los referidos a precios al consumidor (la canasta básica relevada por el gobierno y la de empresas privadas es un 50% menor en valores) y los referentes a la medición de empleo e ingresos, es posible -mediante estudios privados- acercarse a la realidad de pobreza y desempleo.
Metropolitana es 10,5%. Esto equivale a poco menos de 750.000 personas. En los partidos del Conurbano la tasa alcanza a 12,3% (unas 570.000 personas), aunque con una fuerte heterogeneidad entre cordones. En los partidos más consolidados (las áreas GBA 1 y GBA 2 de la clasificación del INDEC) el desempleo es 7,8%, muy semejante al de la Ciudad de Buenos Aires.
En el sector formal, donde la mayoría de los empleos son estables, el desempleo es de sólo 5,8%, pero entre los informales, llega a 21%. La informalidad está aún extendida. Cerca del 40% de los económicamente activos del área metropolitana de Buenos Aires tienen una inserción laboral deficiente. La frecuencia es mayor a medida que se avanza desde el centro hacia la periferia de la región.
El desempleo afecta el ingreso de los hogares y asociado a la informalidad, es un determinante principal de la pobreza. Entre los indigentes en el mercado de trabajo, en efecto, el desempleo supera el 21% y entre los pobres no indigentes se acerca a 13%. Según una medición de esta consultora realizada en mayo de 2009, el desempleo en el Área
Se mencionó antes que la distribución del ingreso medida por la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, como por el coeficiente de Gini, mejoró sensiblemente con relación a 2001-2002, pero es casi la misma que a fines de 1998, y apreciablemente más desigual que hace dos décadas, e incluso que en buena parte de los años noventa.
Un ejemplo muy claro de inequidad, es el de las transferencias, subsidios y beneficios impositivos por hijos a cargo. Los asalariados registrados cobran en concepto de asignación familiar y subsidio por escolaridad entre $149 y $82 mensuales por hijo4; los hogares en extrema pobreza que no califican para la seguridad social, en cambio, reciben –no todos- una asignación asistencial por el Plan Familias del Ministerio de Desarrollo Social, de $45 por hijo. Esto significa que las transferencias monetarias que cobran los asalariados formales, son entre 3,3 y 1,8 veces más altas que las que perciben por sus chicos los hogares beneficiarios de los planes sociales. Más inequitativo aún, los contribuyentes al impuesto a las ganancias, que pertenecen al cuartil de ingresos más altos, pueden deducir de la base imponible $5.000 anuales ($417 por mes) por cada hijo menor a cargo5. En otros términos, más del 95% del monto de transferencias beneficia a los asalariados formales, que en su gran mayoría están sobre la línea de pobreza, y a los no asalariados de las clases media alta y alta. Los instrumentos principales de las políticas de transferencias de ingresos están diseñados para hogares donde al menos uno de los padres tiene una inserción laboral formal, es decir es un asalariado registrado, o paga impuesto a las ganancias, explica Kritz.
Los que más necesitan las transferencias son los que menos reciben. En el 30% más pobre de la población, uno de cada dos menores no recibe transferencia alguna; sólo uno de cada tres pertenece a un hogar donde el padre o la madre cobra una asignación por hijo a cargo, y apenas uno de cada ocho recibe asistencia monetaria de un plan.
Este estrato de ingresos bajos concentra la mitad de los chicos dependientes, según reveló esta misma consultora en el mes de enero de este año.
La política de transferencias de ingresos hacia los menores a cargo tiende a consolidar el patrón de desigualdad. Para quebrar la segmentación social y reducir de manera sostenible la pobreza y la desigualdad, hay que emprender reformas orientadas a remover sus causas estructurales. Una agenda en este sentido incluye:
1) Formalización del mercado de trabajo, con eje en las micro y pequeñas empresas de baja productividad
2) Reforma de los planes sociales, consolidándolos en una asignación universal única por hijos a cargo
3) Universalización de la seguridad social, desvinculada de la forma de inserción en el mercado de trabajo, con cambio en la base de financiamiento.
4) Inversión en capital humano y políticas de igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades de origen
5) Política anticíclica de preservación del empleo
Si, como se señaló, el empleo informal se concentra en los pequeños establecimientos de baja productividad, la agenda debe incluir una revisión de las regulaciones que afectan el costo laboral. Es importante proveer incentivos que demuestren en el corto plazo que la formalidad mejora el bienestar de los hogares. En esa línea, la propuesta incluye un nuevo instrumento, que en rigor debería hacerse extensivo a toda la población activa, incluso el sector formal. Se trata de una tarjeta de seguridad social, que además de las prestaciones, proporcionaría beneficios semejantes a la tarjeta de débito bancaria. Las ventajas de esta iniciativa son varias. En primer lugar, mejora la equidad, pues extiende a todos -sobre todo a los más pobres- los beneficios de la devolución del IVA, hasta ahora restringidos a los hogares de los ocupados formales bancarizados; esto puede significar un aumento del ingreso real de 5%. En segundo término, al universalizar la bancarización, une la formalización laboral con la lucha contra la evasión fiscal. En tercer lugar incorpora al mercado de crédito de consumo a sectores actualmente excluidos.
De este modo, y sin aumentar el gasto fiscal, sería posible asignar unos $100 mensuales por hijo a cargo, y de este modo en el extremo inferior de la pirámide, el ingreso per cápita familiar aumentaría 2,4 veces.
Otra propuesta es la de crear un régimen de seguro para cubrir parte de los salarios en períodos recesivos. Esto se completa con dos elementos fundamentales: educación como camino más seguro para salir de la pobreza y una política de gobierno pro- empleo.
“La política económica, el sistema regulatorio y las instituciones, deben ser consistentemente pro-empleo. Sin más inversión, toda otra iniciativa no sirve. Esto se refiere a incentivos y acciones a favor de la actividad productiva y la competitividad, como a la construcción de un soporte institucional para facilitarlo y estimularlo. La seguridad jurídica y un sistema de estadística pública adecuado y confiable, son condiciones para lograr ese ambiente pro-empleo”, concluye el informe del SEL. |
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Categoría : Actualidad y Opinión |  Comentarios [1]
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 No encuentro |
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Por : Ruperta | 01 » Sep 2009 | 11:46 am |
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No tiene mucho q ver con la nota pero... sigo sin encontrar las "Conclusiones del XXIII Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas"!! (en Neuquén). Me gustaría por favor que alguien las publique!!
En realidad tiene q ver ya que todo está relacionado con el interés de las mujeres por lo que nos preocupa!!
Pór favor publiquenlas en alguna parte!! gracias
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