México, 19 mar 10 (CIMAC).- Autoridades de salud
pública de Managua iniciaron el tratamiento de
quimioterapia para controlar las células
cancerígenas que afectan a “Amalia”, la mujer
nicaragüense, a quien se le había negado la
atención porque presenta un embarazo de alrededor
de 10 meses, informó Débora Grandison, procuradora especial para la Mujer.
Grandison, quien se entrevistó con los
especialistas que atienden a “Amalia” dijo que
pese a que el Ministerio de Salud, (Minsa) no ha
oficializado el anuncio, confirmó a la prensa el
traslado de la paciente a un hospital de Managua
para brindarle una mejor atención y administrarle
el debido tratamiento que podría salvarle la vida.
“Fuimos a León con el director del Hospital Oscar
Danilo Rosales, y con la paciente. El caso está
claramente identificado, ella padece cáncer,
recibirá el tratamiento adecuado y será
inevitable la suspensión del embarazo”, señaló Grandison
La funcionaria explicó también que, de hecho, la
quimioterapia afectará al feto de apenas 10
semanas, pero en ningún momento se ha pensado que
se penalizará a los médicos que la están
atendiendo. Las acciones prolongarán la vida de
"Amalia", quien ya tiene una niña de 10 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) solicitó el 26 de febrero pasado al
gobierno nicaragüense, aplicar medidas cautelares
para la nicaragüense, a quien los hospitales
públicos le habían negado tratamiento contra el
cáncer, debido a la prohibición total del aborto en ese país.
Desde finales de 2006 se penaliza el aborto
terapéutico en Nicaragua, violentando de ese modo
el derecho de las mujeres a la protección de su
salud y de su integridad personal.
Y aunque el Ministerio de Salud, decidió
finalmente aplicar el tratamiento de
quimioterapia a “Amalia”, Organismos No
Gubernamentales reiteran que sigue siendo
responsabilidad del Estado las consecuencias
negativas que pudieran resultar del retardo de la
atención médica, así como por no haber propuesto
la interrupción del embarazo, como parte del
tratamiento para combatir el cáncer y prolongar la vida de Amalia.
10/LR/LGL
Aborto No punible, poryecto de Nancy Parilli & otras
Reproducimos una nota de la periodista Mariana Carbajal en el que da cuenta de un poryecto que impulsan senadoras, entre ellas la neuquina Nancy Parilli, para evitar dilaciones en abortos no punibles.
El kirchnerismo impulsa en el Senado una reforma al Código Penal para
evitar que se produzcan dilaciones arbitrarias en la realización de
los abortos no punibles. Con el caso de María, la niña de 15 años
violada de Comodoro Rivadavia, que todavía espera una autorización de
la Justicia para interrumpir la gestación forzada, como telón de fondo
, tres senadoras del Frente para la Victoria y dos de
Tierra del Fuego, aliados al oficialismo, presentaron un proyecto de
ley que clarifica con una interpretación amplia los permisos para
abortar vigentes y castiga con prisión de un mes a dos años a las
autoridades hospitalarias que no garanticen su acceso en un plazo de
tres días.
“Sería un primer eslabón, una primera respuesta frente al problema del
aborto. En el resto del bloque hay acuerdo”, señaló a Página/12 la
senadora del FpV Nancy Parrilli (Neuquén), quien acompaña con su firma
la iniciativa elaborada por su compañera de bancada Elena Corregido
(Chaco).
El proyecto se presentó el mismo día que volvió a ingresar a la Cámara
de Diputados el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, que despenaliza esta práctica dentro de las
primeras doce semanas del proceso gestacional. En diálogo con este
diario, ayer Corregido se mostró de acuerdo con una ley “de plazos”
que legalice el aborto. “Los argentinos nos debemos una discusión
sobre el aborto. Podríamos tomar el ejemplo de España”, consideró
Corregido. Pero en lo inmediato, indicó, se debe clarificar el alcance
del artículo 86, inciso 1º y 2º, que define los permisos para
interrumpir voluntariamente un embarazo. “Estamos aclarando un
artículo para que nadie pueda desde su posición ideológica impedir el
ejercicio de un derecho”, señaló Corregido. “Obligar a cualquier mujer
que fue violada a llevar a término un embarazo implica, como dijo el
Superior Tribunal de Justicia de Chubut, atribuirles a las mujeres
actos heroicos que el Derecho no puede imponer”, agregó.
El proyecto modifica el artículo 86 y establece que el aborto no será
punible en las siguientes circunstancias:
1. Si se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la
mujer. En este caso, el concepto de salud “será interpretado de manera
integral como el estado completo de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad”.
2. Si la mujer necesita recibir tratamiento médico y éste estuviera
contraindicado durante el embarazo. Este permiso está inspirado en el
caso de Ana María Acevedo, la joven de 20 años santafesina, que tenía
tres hijos, y murió el 17 de mayo de 2007, luego de que se le negara
el tratamiento que requería por padecer un cáncer de mandíbula debido
a que estaba embarazada.
3. Si el embarazo fuera consecuencia de una relación sexual no
consentida o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer. En
estos casos, no exige que haya denuncia penal.
La iniciativa establece que el peligro para la salud o la vida de la
mujer deberá “ser avalado por la opinión de un profesional matriculado
de la salud, distinto del que practique o dirija la intervención”. En
ningún caso, señala, se requerirá la opinión de un “Comité de Etica”.
Los abortos no punibles deberán realizarse en los servicios públicos
en un plazo no mayor a tres días desde su solicitud. El proyecto
contempla la objeción de conciencia, que deberá ser declarada por
escrito. Pero se aclara que no podrá ser “institucional”, por lo que
“las autoridades de las instituciones públicas de salud deberán
garantizar los recursos físicos y humanos para el ejercicio del
derecho que esta ley confiere a las mujeres”; de no hacerlo en un
plazo de tres “se los considerará comprendidos dentro de las causales
del artículo 248 del Código Penal”, que castiga el incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
El proyecto lleva las firmas de las kirchneristas Corregido, Parrilli
y de Teresita Quintela (La Rioja), José Carlos Martínez y María Rosa
Díaz, del bloque Afirmación por una República Igualitaria, de Tierra
del Fuego, aliados al oficialismo. “El Estado tiene que poner luz en
este asunto”, dijo Corregido y consideró como una “situación de
profunda injusticia”, los obstáculos que enfrentan las mujeres en el
país para acceder a un aborto no punible.
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE ABORTO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Buenos Aires, 28 y 29 de noviembre del 2008
Instituto Isedet
“El aborto es un tema relevante para los medios de comunicación: el 60% de los artículos sobre el tema son publicados en espacios destacados. Sin embargo, no se hace una cobertura informada del tema; y la mayoría de los medios penaliza la interrupción del embarazo y hace una interpretación restrictiva del código penal.” Conclusiones del monitoreo El aborto en la prensa gráfica argentina, realizado en abril del 2008.
Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a periodistas para lograr una cobertura informada del tema aborto en los medios de comunicación, la Asociación Civil Artemisa Comunicación convoca a las y los periodistas de todo el país a participar en el Primer Encuentro Nacional de Aborto y Medios de Comunicación.
El evento se enmarca en el proyecto Acceso al aborto legal, seguro y gratuito, llevado adelante por Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba y financiado por la Federación Internacional para la Planificación Familiar (IPPF).
Programa
28 de noviembre
Apertura
- Presentación Proyecto Acceso al Aborto legal, seguro y gratuito e importancia de periodistas y comunicadoras/es en los temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos. Marta Alanis (CDD-Córdoba).
- Presentación Primer Encuentro Nacional de Aborto y Medios de Comunicación y proyectos de la Asociación Civil Artemisa Comunicación dentro del Proyecto Acceso al Aborto legal, seguro y gratuito. Sandra Chaher (Artemisa Comunicación).
Primer panel: aspectos jurídicos
Sobre las interpretaciones del derecho penal argentino en casos de aborto. Marcelo Ferrante (Escuela de Derecho- Universidad Torcuato Di Tella)
- Proyecto del Poder Ejecutivo de Reforma del Artículo 86. Angélica Peñas (CDD_Córdoba).
- Caso Ana María Acevedo. Lucila Puyol (abogada Ana María Acevedo).
Segundo panel: Fundamentalismo religioso y derechos sexuales y reproductivos
- Religión y política en las democracias contemporáneas. Juan Marco Vaggione (CDD –Córdoba).
- Dios y la globalización. Marta Vasallo, periodista.
29 de noviembre
Primer panel: Análisis de medios y estrategias
- Presentación de El aborto en la prensa gráfica argentina -monitoreo de 10 casos-. Sandra Chaher (Artemisa Comunicación). Comentarios: Claudia Laudano (Universidad de La Plata)
- Cómo comunican los medios los temas de DSyR- Estrategias para comunicar mejor. Mariana Romero (CEDES).
- La Campaña por el Derecho al Aborto y los medios de comunicación. Estela Díaz.
Segundo panel: El trabajo en los medios de comunicación
- Cómo se abordan los temas de DSyR en los medios de comunicación de alcance nacional. Luciana Peker (Crítica) y Pilar Ferreira (Clarín).
- Cómo se abordan los temas de DSyR en los medios de comunicación de provincias religiosas. Marta César (Salta) y Jorgelina Londero (Santa Fé- Entre Ríos).
Nos llegó la invitación para ver este video y queremos compartirlo con ustedes. Es de una organización francesa llamada Sidaction. En el mundo cada 10 segundos muere una persona por causa del SIDA. El tiempo pasa.
El spot fue creado por Dimitri Daniloff y producido por la Casa Productora Marcassin para Leo Burnett Francia. La coreografía es de Annie Vigier y ejecutado por la Compañía de danza Les gens d'Uterpan.
Hacé clic. Es cortito, dura 38 segundos pero te va a dejar pensando un rato más. Esa es la idea.
Los últimos casos de adolescentes violadas y embarazadas, a quienes se solicitó se les realizara un aborto debido a que encuadran en esta figura, motivo debates en vaios ámbitos.
La Comisión de Salud de la Legislatura porteña, por su parte, abrió el día 3 de octubre un debate sobre los proyectos que buscan unificar el criterio en los casos de aborto autorizados por el Código Penal. Se prevé que asistan expertos y público, puesto que se trata de una audiencia pública. Pública y polémica, en vista a aque el bloque oficialista no se mostró partidario de llegar a fondo con el tema aborto.
En total, serán cuatro encuentros entre octubre y noviembre: para el último ya comprometió su presencia el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García.
Las audiencias fueron acordadas en el marco de la Comisión de Salud, que preside la macrista Lidia Saya. En ese ámbito se inició la discusión de los cuatro proyectos para reglamentar la atención de los abortos no punibles presentados por Diana Maffía, de la Coalición Cívica; Gabriela Alegre, de Diálogo por Buenos Aires, y Juan Cabandié y Pablo Failde, ambos del Frente para la Victoria. Aunque tienen algunas diferencias, los cuatro textos establecen que no se debe exigir una autorización judicial para llevar adelante la práctica médica en hospitales porteños, si encuadran en los supuestos de los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal.
El 3 de octubre fueron invitados a exponer la investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) Mariana Romero, quien coordinó el equipo interdisciplinario autor de la Guía Técnica para la Atención Integral del Aborto no Punible, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, bajo la gestión del ex ministro González García; el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet, y la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la ciudad de Buenos Aires, Silvia Oizerovich, médica especialista en ginecología endocrinológica del Hospital Pirovano, vicepresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada) y ex titular de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Los nombres de los expositores fueron propuestos por legisladores de la Comisión de Salud. Las posturas enfrentadas dentro de un mismo bloque quedaron en evidencia en la Coalición Cívica con los especialistas sugeridos. El presidente de la bancada, Enrique Olivera, invitó a Solanet, conocido por sus posturas ultraconservadoras, para quien el aborto siempre es un crimen y no deberían existir excepciones que no lo penalicen. Maffía, en cambio, invitó a Romero, una médica partidaria de allanar el camino para que no se obstaculicen los abortos no punibles. Las mismas diferencias se dan al interior de otros bloques también.
Las demás audiencias se efectuarán los viernes 17 y 31 de octubre y 14 de noviembre. Todavía no están definidos los expositores de cada encuentro, pero ya confirmó su presencia, a partir de una invitación del kirchnerista Cabandié, el ex ministro González García, actual embajador en Chile.
Asesores de Alegre, Failde, Maffía y Cabandié avanzaron en los últimos días en un borrador que unifica los cuatro textos en debate y cuyos aspectos centrales son los siguientes:
- En la misma línea que el proyecto de ley que el kirchnerismo presentó en los últimos días en la Cámara de Diputados, interpreta que el artículo 86 habilita cuatro situaciones en las cuales no es punible el aborto: cuando corre peligro la vida de la mujer; cuando está en peligro su salud; en casos de violación (a cualquier mujer) y si el embarazo proviene de un abuso sexual a una mujer con discapacidad mental.
- Para la constatación de los casos de violación o abuso sexual, el médico tratante deberá solicitar que se le exhiba una constancia de denuncia policial o trámite judicial, que se incorporará a la historia clínica.
- Todo hospital tiene la obligación de garantizar la permanente disponibilidad de profesionales no objetores.
- La interrupción del embarazo debe realizarse en un plazo no mayor a los diez días corridos desde la solicitud de la mujer o de su representante legal.
- Un solo médico evaluará si el caso encuadra en los supuestos de no punibilidad. Se prohíbe la imposición de exigencias adicionales como que sean más profesionales los que se tengan que expedir o la intervención de un comité de bioética o la autorización de un juez.
Después de debatirse y aprobarse un dictamen en la Comisión de Salud, está previsto que el tema pase a las comisiones de Mujer y Justicia. _________________________________________________________________
