23 » Nov 2024
Diario Río Negro
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Susana Yappert / Natalia López / Belén Spinetta
 
  04 » Jun 2010
"Empecemos por los cabarets del pueblo"
  Noche de allanamientos

Las redes de tratantes operan en varias localidades y en varias provincias. Es su modus operandi. Necesitan de “distintas plazas” para ejercer el ilícito. Hace años que la denominada “red pampeana” de proxenetas opera en la zona, un territorio que tiene a sus principales actores en La Pampa, Neuquén y Río Negro. Hace años que quienes trabajamos en el tema conocemos nombres, lugares, denuncias y mucha frustración, por cierto, porque a pesar de haber encontrado víctimas, los lugares en donde se las encontró siguen abiertos.
Choele Choel fue la punta de la madeja que, lamentablemente, dejó la investigación de Otoño Uriarte. A partir de entonces- hablamos de 5 años- y debido a la impunidad que reinó sobre los casos de trata encontrados en la provincia, que la escena se repite: Alguien denuncia, alguien avisa al prostíbulo, alguien pone el cartel “cerrado por duelo”, y alguien zafa, una y otra vez.
¿Qué hacer con estos espacios donde se promueve la prostitución ajena?
Esta pregunta se la están formulando varios municipios de Río Negro y Neuquén. En Río Negro hay un proyecto de Ordenanza para la localidad de Viedma, redactado por la abogada María Eva Scatena, quien trabaja en la Defensoría del Pueblo. Otro proyecto que espera ser debatido es el de la concejala Mercedes Lamarca y hay más municipios en la zona que estudian el ejemplo de ordenanzas pioneras como la que aprobó Santa Rosa, La Pampa, sancionada para prohibir estos espacios en donde efectivamente operan las redes.
“Empecemos con los cabarets de los pueblos”- afirman los especialistas en Seguridad- porque las grandes normas existen y prohíben la explotación sexual de mujeres, el proxenetismo, la trata. El Estado argentino es abolicionista en la materia y le corresponde a cada localidad adaptar sus normativa en tal sentido. También tendrá que hacerlo General Roca (donde la Justicia Federal ordenó tres allanamientos la madrugada del 4 de junio con resultados positivos) municipio que cuenta con una Ordenanza que reglamenta cabarets, night club, wiskerías y afines que data de 1970, cuando el país, la provincia y la localidad eran gobernados por funcionarios de una dictadura.
Esto no termina con la prostitución, obviamente, la prostitución existirá mientras existan mujeres que venden su cuerpo como mercancía, y hombres que paguen por esos cuerpos. El Proxenetismo y la Trata son delitos penales en Argentina y cada comunidad debe decidir si sanciona o no ordenanzas que prohíban los espacios donde este delito se consuma. Este debate, excede a los funcionarios, nos hace corresponsables como comunidad en el cuidado de ciudadanos y ciudadanas.
Susana Yappert
 
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  04 » Jun 2010
Prostitución
  A partir del allanamiento realizado en una casa de “masajes” de la calle Belgrano al 900 de la ciudad de Neuquen, en el marco de la búsqueda de María, joven Roquense desaparecida de su hogar, se instala el debate sobre la prostitución. Debate que nos involucra a todas/os, nos afecta como sociedad, porque es allí donde se engendra la violencia y la explotación. Debate en el que partimos por desocultar lo que esta silenciado y poner en cuestión las políticas de estado que sustentan la prostitución.
En nota publicada en el matutino Río Negro el 18/04/10 el comisario Daniel Rojas sostiene que no existe normativa que prohíba la explotación sexual de las mujeres, y solo están atentos a que no haya menores “trabajando”, lo que es mas grave aún, un funcionario del gobierno municipal; Pablo Piccinini ratifica los dichos del comisario Rojas y agrega que envió un informe al CD en el que afirma que la “actividad” no esta penada en el país, que “existe un vacío legal”. Resultan sospechosas las posiciones de estos funcionarios, porque si bien la actividad se difunde, con total impunidad, en todos los medios, incluidos Internet y teléfonos celulares, deberían conocer que existen leyes que son burladas y así crecen los burdeles con la máscara de casas de masajes, bares, pubs, etc..
Nuestros concejales no tienen nada que blanquear. Argentina adhiere ratificando la posición del Convenio abolicionista de la ONU al “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación Ajena” aprobada por las Naciones Unidas el 02/11/49, que fue incorporada a nuestra Constitución en 1994 y consagra al país como abolicionista. El abolicionismo prohíbe la explotación organizada de la prostitución, no penaliza su ejercicio individual. En nuestro país los prostíbulos están prohibidos por la ley 12.331.
Las que no existen son leyes que promuevan políticas de sostén, tanto económico como social, para las mujeres que decidan salir de la prostitución, todo lo contrario las leyes sostienen la prostitución.
No perdamos de vista que la prostitución es un gran negocio, cuenta con redes internacionales que después de la droga y el trafico de armas genera fabulosas ganancias. La Argentina y nuestra provincia no son ajenas a la “industria del sexo” con “empresarios de la noche” que anuncian en los clasificados y muestran su “mercadería”, así los cuerpos de las mujeres son reducidos a simples objetos que se compran y venden en el mercado. ¿Si son vistas como mercancías tienen opciones libres de vida?. Sostenemos que la prostitución y la trata de personas con fines de prostitución son sinónimos de esclavitud y violencia. La idea de que debemos respetar la decisión de la mujer que vende su cuerpo condensa la aceptación de una sexualidad basada en el dominio masculino y la transformación del cuerpo de la mujer en un objeto, además abona el concepto de dos clases de mujeres las “buenas” que son útiles como amas de casa, que acompañan, crían los hijos y las “malas” con las que por un precio se puede tener satisfacción sexual unilateral y “sin compromiso”. Esta situación social es la que pretenden legitimar Rojas y Piccinini y no hemos escuchado voces en contrario de parte del gobierno municipal ni provincial.
Las mujeres tenemos, en muchos casos, limitaciones para nuestra autodeterminación, a veces llegan a anular las posibilidades de un consentimiento prestado en libertad. Estas limitaciones son impuestas por la posición social, el lugar dentro de la familia, los mensajes culturales, los mandatos impuestos, etc.. No conocemos situaciones en las que las mujeres hayan decidido “libremente” entrar en la prostitución, generalmente es a partir de una situación de necesidad familiar, de engaño, por amor, empiezan a salir con alguien que les plantea que tiene problemas, si le puede conseguir recursos, o alguien que las seduce y las viola y después entran en el “negocio”, mujeres que vienen de países limítrofes, el desarraigo, en algunos casos expulsadas de sus familias, o que han tenido que dejarlas por otras razones, no tienen como sustentarse, existen muchas variantes producto de una situación de vulnerabilidad, consecuencia de la pobreza y la falta de perspectivas y por allí aparece algún “fiolo” que les hace una propuesta, o una amiga que esta en la prostitución y se lo sugiere, o los reclutadores. Por lo tanto es una situación de indefensión y falta de contención social, este es un sistema social que avala y protege en especial al prostituyente y al proxeneta, no existe una política social que brinde alternativas diferentes, donde haya un sueldo que se equipare con lo que ellas cobran.

La prostitución no es un trabajo

No es lo mismo vender la fuerza de trabajo, acción en la que ponemos nuestro cuerpo y mente como instrumento, a vender el uso del propio cuerpo o de ciertas partes del mismo por un tiempo determinado, el cuerpo es el objeto, el cliente es el que tiene el dinero para pagar el precio, el proxeneta es el que aporta las condiciones materiales y provee las personas para la ejecución del “negocio” y se queda con el 50% de lo recaudado, siempre con la complicidad del estado. Promover y naturalizar esta actividad es justificar el uso de otra persona como si fuera una cosa, un objeto, produciendo un daño a los aspectos mas profundos del ser humano como son la intimidad, el ejercicio voluntario de la sexualidad y la identidad.
Las mujeres compradas o vendidas en la prostitución, soportan abuso sexual que les produce daño físico y emocional. No es una opción libre ya que condicionamientos sociales e individuales dan lugar a formas de coerción sutiles o violentas, siempre brutales, que anulan toda forma de acuerdo “entre iguales”.
La reglamentación del ejercicio de la prostitución sólo sirve para legalizar el proxenetismo, al cliente, al tratante, y a la “industria del sexo” que son los que crean la oferta y dominan el mercado, explotando el cuerpo de las mujeres y promoviendo su consumo. Regular la prostitución significa legitimar la esclavitud.
Estela Cavazzoli

Org. De Mujeres LAS DEL ENCUENTRO(lasdelencuentro@gmail.com)

Grupo de mujeres de distintas extracciones sociales, políticas, amas de casa, trabajadoras, desocupadas que empezaron a trabajar con la problemática de género a partir de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Trabajan centralmente en el ámbito barrial de Neuquén, con talleres, charlas, proyección de películas y debates. Organizan pre encuentros de mujeres, que este año se darán cita en Paraná.
 
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  30 » May 2010
Casos de Trata en Río Negro podrían llegar a la CIDH
  La Coordinadora General del Programa “Esclavitud Cero” de la Fundación El Otro, Mercedes Assorati, contó a este diario que está redactando una solicitud de Audiencia Temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que expondrán los casos de trata denunciados en Río Negro como caso testigo de incumplimiento de toda la legislación existente para este tipo de delitos. Sería la primera vez que un caso de trata ocurrido en el país llegue a tribunales internacionales. La presentación compromete seriamente al ex Jefe de la Policía y actual Secretario de Seguridad y Justicia, Víctor Cufré.
Desde la Fundación que preside Assorati- se denunciaron por lo menos 7 casos de trata en la provincia que no han tenido ninguna sanción por parte del Poder Judicial. Hay denuncias desde el año 2005, cuando se produjeron allanamientos en Valle Medio y encontraron menores y extranjeras indocumentadas. Las mujeres eran de otras provincias argentinas y procedentes de Paraguay. Pese a que se comprobó que existieron casos de trata y que están prohibidos los prostíbulos en el país, esos lugares siguieron funcionando. “La situación de impunidad en Río Negro es grave, existen denuncias concretas sobre casos concretos de Trata. Trabajé cuando estaba a cargo de la Organización Internacional de Migraciones en Argentina, en la causa que tomó la Jueza Marisa Bosco tras recibir una primera denuncia desde Paraguay, conozco el tema en profundidad. La OIM acompañó en el allanamiento en el 2005, se encontraron mujeres en situación de trata, se restituyeron a sus países de origen, y todo quedó como si nada. Esos lugares siguieron funcionando y siguieron siendo denunciados por el delito de Trata”.
Pero hay más. La situación que amerita que Río Negro pueda ser evaluado como caso testigo en la Comisión de la CIDH, reviste mayor gravedad pues incluye amenazas a funcionarios que investigaron y denunciaron; como las recibidas por la jueza del Juzgado Penal N° 30 de Choele Choel; las que recibió la Defensora del Pueblo actual y el oficial Ormeño, a quien se expulsó de la policía por colaborar en las tareas de investigación encomendadas por una jueza, a las que estaba obligado. En Río Negro, además, se comprobó mediante testimonios de víctimas que lograron salirse de las redes y por medios de escuchas telefónicas que existe connivencia entre proxenetas y policías que nunca fueron sancionados. “En Río Negro- agrega Assorati- se demostró que los policías investigados no sólo permiten que los delitos ocurran, sino que además forman parte del negocio. Las escuchas muestran que la policía protege a los tratantes y que algunos uniformados formaban parte de una red y participaron en traslado de menores de edad. También hubo funcionarios municipales involucrados”.

La Red pampeana y las complicidades locales

El caso Otoño Uriarte tuvo un efecto no deseado, como el de desnudar ciertas redes que están operando en la zona desde hace tiempo. Una es la conocida como la “Red Pampeana” que opera en Neuquén, Río Negro y La Pampa; trayendo mujeres de otras provincias y de países como Paraguay, Brasil y Dominicana. La “Red Pampeana” se conoce desde 2007, luego de una investigación iniciada por la periodista Mónica Molina, actual Subsecretaria de Políticas de Género del Municipio de Santa Rosa. El trabajo de investigación fue la punta de una madeja que permitió descifrar la modalidad operativa de la red, sus contactos y algunos de los prostíbulos que manejan en esta región. Se supo entonces que en esa red trabajaban por lo menos tres personas identificadas y vinculadas a los prostíbulos de General Roca y Choele Choel, conexión en la que trabajó la jueza Bosco. Esta red operaría a través de socios entre La Pampa y localidades de Río Negro y Neuquén, entre ellas: Río Colorado, San Antonio Oeste, Las Grutas, Catriel, Sierra Grande, Neuquén, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, donde las jóvenes rotan por el dominado “sistema de plaza”. Existiría otra red operando en las localidades turísticas lacustres, en conexión con Puerto Montt y otra que se sumerge hacia la Patagonia más austral. Se considera a Río Negro zona de tránsito, destino y ablande de mujeres. Unidades Fiscales Especiales (UFASE) pudo comprobar que el dueño de una de las Whiskería de Choele Choel investigada por Bosco tendría otros inmuebles Santa Cruz.
Una de las mujeres que pudo escapar de esa red contó cómo se reclutan jóvenes, muchas de ellas menores en Paraguay y en provincias argentinas. Obviamente se las recluta bajo engaño, se adulteran sus documentos y se las mantiene en situación de esclavitud. A las menores se las oculta en domicilios particulares, todo con complicidad de policías y funcionarios, que suelen ser clientes de estos lugares. Por tal motivo- la existencia de una estructura de complicidad) la situación denunciada en 2005 en Valle Medio volvió a repetiré en 2008, cuando se rescataron 14 mujeres provenientes de Paraguay, Brasil y Dominicana de un cabaret de Choele Choel. Esta vez con pruebas contundentes como las escuchas que demostraron la connivencia entre proxenetas con policías- razón por la cual la jueza Bosco pidió asistencia a la Policía Federal para allanar los locales.
Pero pese a las investigaciones iniciadas, a las denuncias efectuadas por víctimas y arrepentidos, en Río Negro no pasó nada. Ningún policía está preso por estos hechos, ningún tratante, ningún funcionario que participó en firmar libretas sanitarias truchas o en falsificar documentos. Varias de las víctimas de Trata que encontraron en Valle Medio tenían documentos apócrifos, muchos de ellos confeccionados para falsear la edad de menores y otras para cubrir su identidad. Paraguay informó que nombres y números de documentos falsos, de personas muertas en aquél país, servían para estos fines.
Las irregularidades continuaron, la jueza Marisa Bosco que investigó estos casos denunciados en 2007 fue amenazada, inclusive tuvo varios encontronazos con el ahora ex jefe de la policía Víctor Cufré y el Ministro de entonces, José Luis Rodríguez. El oficial Ormeño, que trabajó con la jueza, también fue amenazado e intimidado, inclusive amenazado de muerte; también fue amenazada y vapuleada la Defensora del Pueblo y el Coordinador del Centro de Derechos Humanos del Comahue, Germán Bernales, quien recibió una carta documento firmada por Cufré y otra del Área de Asesoría Legal de la Policía de la provincia, con asiento en la ciudad de Choele Choel. En enero de este año, una nueva intervención del CeDHCo ofendió a Cufré, quien tras convocar a reunión ampliada con la Cúpula Policial y el Ministro Larreguy le hizo saber a Bernales que le haría llegar otra “carta documento”. La Carta nunca llegó. El CeDHCo pedía que se investigue seriamente la actuación policial en los casos de Trata y que se sancione a los policías acusados de graves delitos. La lista de intimidaciones tiene a otros protagonistas y modalidades que incluyen llamadas anónimas y celulares interceptados a legisladores y a una médica que atendió a una de las mujeres dominicanas accidentadas hace unos meses, accidente que Cufré se apuró en calificar de ocurrido en motivo en que tres dominicanas venían de vacaciones a la zona.
Las causas por trata no tuvieron resultados en términos de sanciones. Recién se están investigando casos del 2006. Assoratti entiende que estas demoras no pueden obedecer a un buen proceder el sistema judicial y que es justo que se piense que las causas se “cajonean en Río Negro”, por lo que afirma que en esta provincia existe una red de complicidades en la órbita del Estado para que esto ocurra. “Y esto lo desnudó la situación de Ormeño- explica- Antes de que fuese echado de la fuerza una podía dudar, pero lo echaron por colaborar con la jueza en la investigación en la que estaban implicados sus colegas. Era su obligación y resulta que su jefe de policía le pedía que desobedezca a la jueza y que se calle. La decisión de Cufré de expulsarlo es inexplicable. El caso es una barbaridad institucional.”
En igual sentido se expresaron la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini y Gustavo Adrián Martínez en un informe realizado hace un año en su carácter de Auditor del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Río Negro, quien indagó en el desempeño de la Dra. Marisa Bosco en las investigaciones por los casos de Trata. Ambos denunciaron las graves irregularidades cometidas por parte de la jefatura de policía en la causa. La investigación judicial denunciaba complicidad de policías y proxenetas, incluso la Defensora del Pueblo pidió la renuncia del Jefe de la Policía en relación a la causa y se sugirió al Superior Tribunal de Justicia que actúe debido al atropello cometido hacia Ormeño. Nada de eso ocurrió. El STJ optó por frenar la situación, el Poder Legislativo también, en relación a los pedidos del legislador Martín Soria para que se reúna la Comisión de Seguridad de la Legislatura para que allí den la versión de los hechos la jueza Bosco y el oficial que actuó con ella en la investigación.
En cambio, lo que sí ocurrió fue que hace unos días el Jefe de Policía de Río Negro, Víctor Cufré, fue premiado con el cargo de Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. No hay antecedentes sobre un enroque de estas características en Río Negro, para un cargo que tendría que tener un civil o persona de conducta intachable. Un premio que seguramente tiene motivos sobrados por parte de la gestión Saiz y tendrá consecuencias inesperadas para la comunidad. En términos de políticas de Seguridad se asume que la policía suele ser parte del problema, que en todo caso el secretario de Seguridad debe controlar la actuación de la policía, no tener el mismo collar. Lamentablemente la policía de Río Negro no goza de la mejor reputación entre las policías de provincia del país, el saliente Jefe de la fuerza no se va con una institución mejor que la que recibió y asume con varias causas en sus espaldas, situación de extrema gravedad. La designación de Cufré en ese cargo tan sensible fue impugnado por las organizaciones de la sociedad civil que combaten el delito de Trata; y lo es por varios motivos que exceden haberle hecho la vista gorda a los proxenetas y sus subordinados que actúan en connivencia bajo sus narices. Y esto no quiere decir que todos los policías sean malas personas o rufianes, sino que hay policías que ensucian a la institución, y esos no son precisamente los “Ormeño”.
En relación a las causas por Trata de personas, cuenta Assorati que hace unos meses, volvieron a presentar todas las denuncias existentes en Río Negro a UFASE, “la UFASE viajó a la provincia para investigar la situación y las denuncias hace un par de meses fueron a parar a un juzgado de Roca. Hasta acá tenemos una abrumadora acumulación de delitos: denegación de justicia, violación de garantías constitucionales, obstrucción de la investigación, Trata, Cohecho, discriminación de la mujer, etc. Se viola toda la legislación existente para este tipo de delitos y el Estado no hace nada. Creo que se trata de una constelación de violaciones a la ley que no puede pasarse por alto. Por eso creemos que el caso de Río Negro bien puede ser un caso testigo, que amerita ser presentado en la Comisión Interamericana. Para que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que haberse agotado primero los recursos internos dentro del Estado en donde se produce, es decir, haber atravesado los canales normales de resolución dentro de su sistema judicial. Pero en Río Negro no tenemos 1 caso, sino 7 casos que muestran que la justicia no funciona. Puedo mostrar- en consecuencia- que en Río Negro hay un patrón de impunidad y que las instituciones no están funcionando. Puedo especular, o la Comisión que recepta casos podría hacerlo, que esto ocurre porque hay connivencia política, policial y judicial con el delito; o puede indicar que los remedios que tenemos como sociedad para combatir este flagelo no son efectivos. Reitero: En Río Negro hay 7 denuncias presentadas y cuando el Estado no responde, los individuos están indefensos, por eso se crean estos sistemas internacionales de protección, para que se pueda reclamar en otro lugar.”

El camino de la presentación

El camino que seguirá la presentación es el siguiente: Primero se pide una AUDIENCIA TEMÁTICA. Allí se expone la situación que si bien tiene como caso testigo a Río Negro, denuncia la gravedad de la situación en Argentina en lo que refiere a “corrupción policial y trata”. La presentación que elabora Assorati cuenta con el asesoramiento de abogados de la Universidad de Texas y de la Universidad de Columbia y el apoyo de ONG americanas que se dedican a combatir el delito de Trata. Si la Comisión Interamericana admite el caso, se estudia la situación y se propone una solución al Estado; y luego del efecto que esto tenga, por ejemplo si el Estado no responde, la Comisión decide que el caso pase a la Corte Interamericana para su tratamiento.
En la Comisión hay relatorías especiales: relatorías temáticas y relatorías por país. En el mes de marzo se envió la información de los casos de trata ocurridos en Río Negro al Área de Denuncias de la relatora para Argentina que- además- tiene a su cargo la relatoría de Mujer. Se trata de la comisionada Luz Patricia Mejía. En el mes de octubre se solicitará la audiencia temática y por primera vez el delito de trata ocurrido en la provincia de Río Negro, sería ventilado en la órbita de la justicia internacional.
Por Susana Yappert----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Policías involucrados en causas de trata

El juzgado Correccional Penal Nro. 30 de la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro con asiento en la ciudad de Choele Choel, a cargo de la Dra. Marisa BOSCO; investigó los casos de trata de personas con fines de explotación sexual bajo Expediente 14475/07. Quien comisiona para dicho fin al Oficial Subinspector, Gabriel ORMEÑO. Las investigaciones son producto de las escuchas telefónicas registradas por la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) el 23 de noviembre de 2006 que centralizaron la participación de efectivos de la policía provincial, el Of. Ppl. César CAYUMIL (ex jefe de operaciones y que fuera trasladado después de los hechos a la Regional 2da) y el Cabo Daniel VIVANCO (único imputado en las causas de Trata de personas), siento este último quien habría atendido el teléfono de la Unidad 8° de policía para comunicarse con Abel Eduardo QUIROGA, regente del prostíbulo “LAS VEGAS”. La intención de QUIROGA era fichar a una niña de 15 años a quien habrían traído de la provincia de La Pampa. Dicha escucha quedó registrada en Fs. Nro. 1.654 del expediente que se investiga por la muerte de la adolescente Otoño URIARTE.
Otros policías involucrados tras la revelación de escuchas: El Ex Comisario de la Unidad 3ra de la ciudad de General Roca, Roberto Emilio GARCIA, quien fue registrado en una escucha telefónica, negociando con un proxeneta. En la escucha el ex comisario le avisaba que iba a realizarse una inspección en el cabaret “Cristal” pero también el regente intentaba poner en las adicionales de su local a policías de su confianza, a cambio GARCIA pedía favores sexuales. El ex Comisario García fue trasladado después de los hechos a la Regional 2da y propuesto como policía a cargo de la Seguridad de Tribunales locales. También se encontraron en las causas que investigaban el delito de Trata de personas, el Subcomisario Moisés RODRÍGUEZ (Sobreseído de la causa en septiembre de 2009) y el Comisario Inspector Carlos BRITOS. Estos últimos fue ascendido de rango a cargo de la Subregional que comprende de Cipolletti hasta Catriel. También la información habla sobre la participación de un jerárquico de la cúpula policial que estuvo en Choele Choel y frecuentaba el cabaret.
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Testimonio de una joven brasilera, tratada en Choele Choel, que fue restituida a su país

“… cuando llegamos nos esperaba [CARLOS], que nos llevó directo al boliche y ahí nos dijo que teníamos que trabajar como prostitutas y que estábamos debiendo todos los gastos para llegar hasta ahí. Teníamos que trabajar para pagarlos y que no podíamos regresar a Brasil hasta que los gastos no estén pagos. Para trabajar nos dijo que teníamos que hacernos análisis, que nos acompañó, luego nos llevó a la policía por las huellas y foto y después a la municipalidad. Después que hicimos todo ya empezamos a trabajar desde las 10 de la noche hasta las 06 de la mañana, después dormíamos hasta las 4 de la tarde. Teníamos que limpiar todo nosotras. Dormíamos allí en el mismo lugar donde teníamos sexo con los clientes y comíamos una sola vez al día por la noche. Cuando llegamos nos sacaron los documentos y nos dijeron que si no trabajábamos no nos podíamos volver a Brasil…”
 
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  30 » May 2010
Charla en Bariloche sobre Aborto no punible
  EL ABUSO SEXUAL,
LA LUCHA DE LAS MUJERES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA

CHARLA-DEBATE, 4 de JUNIO de 2010 a las 18:00 hs
AULA MAGNA DEL HOSPITAL ZONAL DR. RAMÓN CARRILLO

Panelistas: Dr. Martín Lozada Juez de Instrucción (III circunscripción Judicial de Rio Negro)
Mariana Vargas, Abogada (integrante de la Casa de la Mujer Jujuy) Estela Cavazzoli, integrante del movimiento de mujeres y de la campaña por “El aborto legal, seguro y gratuito” de Neuquén.
ORGANIZA: COMISIÓN PRO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES de BCHE.
proencuentromujeres@yahoo.com.ar
ADHIEREN: Primera Esc. de Psicología Social Enrique Pichón Riviere Sede Bariloche;
A.T.E Seccional Bariloche; A.P.D.H Bariloche; Asociación Lihuen; Grupo Despertar
 
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  28 » May 2010
En Villegas confluyen cuestiones de adolescencia y género
  Para la licenciada Matilde Boado, hay que tomar el hecho como un emergente social, indicador de que algo no está bien. Nos interroga sobre qué posicionamiento tenemos frente a niños, niñas y adolescentes, qué se legitima, cómo se opina y a quién se cuestiona.



No cesa la polémica en torno a la violación de una joven de 14 años en la localidad bonaerense de General Villegas por parte de tres adultos que luego difundieron por internet las imágenes del hecho.

Las marchas en adhesión a los tres sospechosos, encabezadas por mujeres y donde el eje del reclamo no era defender la supuesta "inocencia" de los señalados como culpables sino inculpar a la víctima, también generaron interrogantes.

¿Qué nos dicen estas cosas, qué significan? Para la licenciada en Psicología Matilde Boado estos hechos son "emergentes sociales, indicadores de que algo en nuestra sociedad no está bien y que por lo tanto debemos reflexionar colectivamente sus implicancias".

Agregó que en torno a estos casos la opinión prevalece por sobre la reflexión; es "puro acto disparado para el afuera, como una especie de incontinencia verborrágica donde todos opinamos de todo".

Por eso, propuso pensar tres cosas:

1) "¿Por qué la sociedad se identifica con el agresor, no para defender su acción sino para acusar a aquel que está en el lugar de víctima?"

2) "¿Qué pasa que la ley pareciera desdibujarse o invisibilizarse porque en determinadas ocasiones yo elijo que se invisibilice? Pareciera que no hay legalidad y que yo legitimo aquello que yo considero según mi opinión".

3) "La cuestión de fondo es ¿qué posicionamiento tenemos nosotros -los adultos- frente a la infancia y adolescencia? Lo cierto es que no estamos siendo responsables, no estamos dando respuesta acerca de lo que sucede. Como adultos de la sociedad, padres, docentes, profesionales, somos responsables de estos niños y adolescentes. No podemos mirar para otro lado. Parece que sí se puede pero no estamos advirtiendo que eso tiene consecuencias complejas".

Boado advirtió que "tomarlo como un emergente" permite verlo "como algo que está llevando la sociedad hacia una cuestión bastante psicopática donde "legitimo sin que esto sea legal, opino sin reflexionar y cuestiono a la víctima". "Es grave, triste y preocupante pero es lo que está pasando".

La víctima tiene 14 años y esto es algo que algunos quisieran olvidar, "por algo existe una ley que tiene en cuenta que alguien es un menor". Explicó que "los adolescentes tienen ciertas particularidades evolutivas, como transgredir, y que "emocionalmente no pueden elaborar psíquicamente los hechos del mismo modo que un adulto".

Por eso "deben estar contenidos, protegidos. Si algunos menores no lo están porque el medio social no los favorece, ¿qué hacemos? Los dejamos librados a su buena o mala suerte, no los cuidamos, los culpabilizamos", afirmó.

Para aclararlo, planteó un claro ejemplo: "supongamos que estamos cuidando a niños de 2 años a quienes les encanta poner los dedos en el enchufe. A nadie se le ocurriría que no los vamos a proteger de eso. Podemos tener un descuido pero les proveeríamos un lugar lleno de enchufes para que metan los dedos. El razonamiento es el mismo. Un adolescente de esa edad no puede ser juzgado por sus acciones porque la etapa que está transcurriendo no es la etapa de adultez y todavía hay un montón de aspectos que son inmaduros. Por eso, la ley prevé que por eso los niños hasta determinada edad son inimputables".

En este caso confluyeron muchas cuestiones y también la de género está presente. Boado consideró posible que en un pueblo pequeño subsista cierta especie de patriarcado donde las mujeres están en un lugar de objeto y sometimiento y donde la víctima es sospechada.

Para explicar que sean mujeres las que encabezaron estas manifestaciones puntualizó que "la cuestión de género no tiene que ver con el sexo sino que lo trasciende. Hay muchas mujeres que justamente sostienen un modelo de sometimiento de género que se ubican del lado del matriarcado y muchos hombres que defienden estas cuestiones".

También resaltó que cuando hablamos de género y mujeres, en general, hay que tener en cuenta distintas realidades. Hay mujeres con autonomía, con poder de decisión, con una determinada visión acerca de sí mismas que les permite actuar de ese modo. Pero también hay mujeres que padecen en silencio y sin saber que padecen, aceptando pasivamente ese lugar como si no les quedara otro.

En este contexto, Boado recordó el dicho freudiano de que aquello que no se elabora se repite y trajo a la memoria el caso de María Soledad Morales, de Catamarca, donde la víctima también fue culpabilizada aún cuando estaba muerta. De alguna manera "eso quedó como un resabio, algo no resuelto", dijo.

También opinó que "lo más terrible no era que esa marcha exista sino que no exista otra en repudio de esta. Llama la atención el adormecimiento y el hecho de que no haya un claro repudio, "le da un carácter casi siniestro".

Sin embargo apuntó que "las cosas siempre se pueden transformar y cambiar por eso es importante pensar en qué significa esto a nivel social. Primero reflexionando acerca de lo que sucede y después generando acciones concretas con respecto a esto, en el trabajo de cada uno, en el barrio, en la escuela: "la multiplicación de acciones frente a un hecho es lo que va generando el cambio".

Perfil

Matilde Boado es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, y en la Escuela de Psicología Social de la Patagonia. También se dedica a la atención clínica de adolescentes y adultos en instituciones públicas y consultorio.

Natalia López
natalial@rionegro.com.ar
 
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