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11 » Sep 2009 |
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"El secreto médico prevalece por encima de cualquier mandato |
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PREMIAN A GINECOLOGA DEL HOSPITAL CASTRO RENDÓN POR ABORDAJE DEL ABORTO
NEUQUÉN (AN).- Todos los años pasan por el hospital Eduardo Castro Rendón alrededor de 220 mujeres pidiendo auxilio por un aborto mal realizado, de forma clandestina. Se juegan la vida y hasta hace poco, además, eran denunciadas.
Los médicos se cubrían por la responsabilidad y las confusiones que pudieran surgir en torno de un posible deceso. Parte de eso cambió y es, entre otras modificaciones, lo que llevó al servicio de Ginecología a recibir el premio latinoamericano Cecilia Grierson.
Junto a la llegada del nuevo abordaje no punitivo del problema, se ideó un protocolo de atención y respaldo, para evitar que una paciente pase nuevamente por la situación y desterrar miedos, desconocimientos y prejuicios entre el personal.
"El objetivo era que, más allá de lo que uno pensara sobre el tema, hubiera una serie de procedimientos a seguir", comentó la responsable de la modificación, la jefa del servicio, Gabriela Luchetti.
El proyecto, que se encuentra en plena vigencia desde el 2006, apunta a un enfoque "integral" y que contemple dar respuestas a una coyuntura social. "Creemos que hay una iniquidad social que hace que estas mujeres lleguen en malas condiciones al hospital. Nosotros podíamos dar una respuesta mejor, y no se estaba haciendo", dijo Luchetti.
"El secreto médico prevalece por encima de cualquier mandato jurídico. Hay jurisprudencia en este sentido. Capacitamos con abogados a buena parte del personal. Hicimos toda una tarea de sensibilización de enfermeros, camilleros y médicos. Logramos reducir los tiempos de espera y de internación", dijo la titular del servicio.
"Había una realidad epidemiológica que cambiar, y el plan se orientó en ese sentido", agregó. Sucede que el aborto en condiciones de riesgo es la primera causa de muerte materna y de egresos de todos los servicios de ginecología de los hospitales públicos. (Ver aparte)
Respecto a la técnica de atención, comenzó a implementarse la aspiración manual endouterina (AMEU), en reemplazo del legrados intrauterinos (LUI). Requiere sólo de anestesia local, y hay pacientes que pueden irse a su casa a las pocas horas de haber ingresado.
Otra arista importante del programa fue enfatizar en las pacientes sobre el uso de los anticonceptivos. A través de una "consejería", en el plazo medido de abril/noviembre del 2008, hubo unas 70 internaciones de las cuales el 90% recibieron consejos y charlas de los médicos y el 80% anticonceptivos.
Pero acaso una de las señales más interesantes del plan es el logro que desde agosto del 2007 no se registren denuncias hechas desde este servicio de la institución.
Diario Río Negro. 4. 9. 09 |
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07 » Sep 2009 |
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"Buscamos una ley para la comunicación en democracia" |
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ENTREVISTA: DAFNE SABANES PLOU
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Este debate que se quiere dar como un acto trasnochado, lleva años. Agrupaciones de mujeres de toda la Argentina participamos en foros en los que debatimos el proyecto de Ley que llegó al Congreso hace unos días.
La investigadora explicaba hace meses a este diario el proceso de discusión de los 21 puntos de la nueva Ley de Radiodifusión y señalaba que la idea es lograr un sistema más pluralista que permita el acceso de todos los sectores sociales a los medios.
Por SUSANA YAPPERT (sy@fruticulturasur.com)
Un poco para los que no saben qué está en debate cuando hablamos de la nueva Ley de Radiodifusión y, en ese marco, la discusión por los 21 puntos, ¿por qué se busca modificar esta norma?
-Hay varias cuestiones interesantes en la propuesta de los 21 puntos, y la primera es romper con el marco de la ideología de la seguridad nacional dentro del cual fue sancionada la ley vigente y crear una ley para la comunicación en democracia, teniendo en cuenta también que ahora estamos hablando de servicios audiovisuales y no sólo radiofónicos. Este movimiento en torno de los 21 puntos nació en el 2004 como un movimiento importante de comunicadores comunitarios y populares, periodistas independientes, cineastas y actores, sindicatos de prensa, universidades públicas, organizaciones sociales, investigadores de la comunicación, cooperativas y especialistas en derecho a la información y a la comunicación que decidieron conformar como una coalición por una radiodifusión democrática. En aquel momento era muy fuerte la discusión en torno de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde había sido importante la participación de las organizaciones sociales de la comunicación para que el tema no quedara encerrado en un debate técnico sólo para expertos. Y esto es lo que queremos impulsar también en nuestro país: que el debate sea abierto a toda la sociedad, porque tenemos que reconocer que es fundamental contar con medios de comunicación pluralistas donde se puedan escuchar todas las opiniones y todas las voces, si queremos construir una sociedad realmente democrática.
-¿Y cómo fue en nuestro país?
-Cuando la presidenta Cristina Kirchner recibió a la delegación que le presentó los 21 puntos en abril, podemos destacar que todos los sectores que participaron en este proceso estuvieron representados en la audiencia. En síntesis, el trabajo ha sido un proceso abierto y democrático que permitió llegar a las más altas instancias de decisión con la propuesta de una ley que contemple la democratización de los medios en la Argentina, medios que lamentablemente han seguido la tendencia mundial de quedar en manos de unas pocas grandes corporaciones multimedia que dominan todo el espectro de las comunicaciones, tanto gráfico como radial y televisivo y con presencia también en internet, con el riesgo de que ciudadanos y ciudadanas escuchemos sólo una voz y esto afecte la posibilidad de tomar decisiones verdaderamente informadas.
-¿En qué consisten los 21 puntos ?
-Los 21 puntos son fundamentalmente principios para lograr una ley de comunicación que respete los derechos de todos, que sea pluralista y democrática y que permita una ampliación de las posibilidades de acceso a los medios de comunicación, para que realmente reflejen a la sociedad y no sólo a algunos sectores. Fueron acordados por muchas organizaciones y en estos últimos meses han recibido adhesiones de muchas más y también apoyos individuales de todo el país. La declaración de los 21 puntos puede encontrarse en www.coalición.org.ar
-¿Cuáles serían los cambios más importantes a introducirse? ¿Qué distancia hay entre la vieja Ley de Radiodifusión y lo que va saliendo de los grupos de trabajo?
-Hay cambios importantes, sobre todo porque hablamos de una propuesta que alienta la participación de las organizaciones sociales en el acceso a los medios de comunicación. La propuesta de los 21 puntos es que las frecuencias puedan estar en manos públicas, privadas comerciales y organizaciones sociales por partes iguales. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil tengan la posibilidad de licitar las frecuencias. Hasta ahora eso no está permitido por la actual Ley de Radiodifusión. De esta manera podrían acceder legalmente a las frecuencias asociaciones, sindicatos y cooperativas, por ejemplo, y se abrirían mucho las propuestas de programación, la perspectiva de la información, los temas prioritarios a ser tratados, etcétera. O sea: el espacio de discusión democrática en los medios sería real. También se habla de crear un nuevo Comfer, con participación de organizaciones de la sociedad civil que no sean licenciatarias de medios, cuestión que puedan tener independencia en las decisiones, y de representantes de los trabajadores y traba
jadoras de los medios, manteniendo siempre el federalismo, que muchas veces pareciera estar borrado en nuestro país. Creo que a esta altura, dada la influencia de los medios en la vida de la sociedad en todos los niveles, no se puede negar la importancia de un organismo que controle, regule y fiscalice el funcionamiento de las emisoras de radio y tevé, sin censura previa ni discriminaciones de ningún tipo.
-¿Está contemplada la creación de un defensor público de los consumidores de estos medios?
-Sí. Otra innovación es la de crear el cargo de defensor público en los medios, que es el que debe recibir las denuncias que presente la gente común cuando sienta que un medio afecta sus derechos. En la actualidad, el Inadi tiene un observatorio de medios por la cuestión de la discriminación. En algunas ocasiones las defensorías del Pueblo han actuado ante alguna denuncia por cuestiones que ocurren o se dicen en los medios. El ideal sería que existiera un observatorio de medios totalmente independiente del Estado que pudiera realizar un monitoreo del tratamiento de la información, su pluralismo o no, su veracidad, etcétera, con total transparencia y sin coerciones de ningún tipo.
-¿Cómo creés que se está trabajando? ¿El gobierno se abrió al debate realmente?
-El debate ya estaba instalado en algunos ámbitos que señalé con anterioridad y desde que se realizó la entrevista con la presidenta la campaña se ha extendido a todo el país, con paneles, jornadas, seminarios, talleres en sindicatos, universidades, centros de estudios, legislaturas y concejos deliberantes. Ya son varios los concejos y las legislaturas provinciales que adhirieron a los 21 puntos, porque los consideran principios importantes para dar marco a una nueva ley.
-¿Hay un fuerte compromiso de las periodistas con visión de género en el debate? ¿Hay espacio para ellas en el armado de la nueva ley?
-Hay un grupo de periodistas dentro de la coalición que trabaja con visión de género. Hay espacio para la discusión y, en general, las cuestiones de género son contempladas cuando se entra en el debate. Incluso uno de los 21 puntos se refiere al tema. Desde la Red PAR (Periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista) estamos trabajando para que dentro del articulado se contemplen específicamente temas de género, en especial lo referido al tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación.
La entrevistada, comunicadora social, periodista e investigadora social en temas de tecnologías de la información y la comunicación y género, es coordinadora regional para América Latina y el Caribe del Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (www.apc.org www.genderit.org ) |
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29 » Aug 2009 |
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Panorama Laboral: Mujeres y jóvenes, los más afectados |
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Según un informe elaborado por Ernesto Kritz, director de la consultora SEL, sobre Situación laboral y social en Argentina de julio 2009, 1 de cada 4 personas que había salido de la pobreza durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, volvió a caer. Las mujeres y los jóvenes siguen siendo los más perjudicados.
“El examen de los indicadores sociales revela que el modelo de gestión iniciado en 2003 probó ser muy eficaz para reducir rápidamente la pobreza y la desigualdad desde una situación extrema de crisis; pero también que, después de un plazo no tan prolongado, presenta límites difícilmente salvables para sostenerse y remover las causas estructurales de la privación y la inequidad”, expresa Ernesto Kritz en su informe.
Bajado la realidad, en lo que es la gran lupa del gran Buenos Aires, significa que la incidencia de la pobreza es ahora igual a la de octubre de 2001 (más recientemente, a la del segundo semestre de 2005) y más alta que en cualquier momento de la década pasada, con excepción de mayo de 1990.
“La distribución del ingreso medida por la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, como por el coeficiente de Gini, mejoró sensiblemente con relación a 2001-2002, pero es casi la misma que a fines de 1998, y apreciablemente más desigual que hace dos décadas, e incluso que en buena parte de los años noventa”.
Kritz señala que hay factores estructurales que impiden que entre un cuarto y un tercio de la sociedad pueda mejorar de manera sostenida sus condiciones de vida y participar de una movilidad social ascendente. Estos factores tienen que ver, por una parte, con la segmentación laboral y, por la otra, con la escasa y desigual distribución del capital humano.
Más de un tercio de la fuerza de trabajo es informal. Sin incluir el servicio doméstico no registrado, los trabajadores privados informales (asalariados y cuenta propia sin capital) son casi tantos como los asalariados privados registrados. La informalidad laboral es la principal causa de exclusión social y sus víctimas son mayormente mujeres, jóvenes y personas de baja escolarización.
Los trabajadores informales carecen de protección legal y de seguridad social. El 45% de ellos está bajo la línea de pobreza; sus empleos son inestables (el 75% no alcanza a cumplir un año en el mismo trabajo); son los primeros en ser despedidos (el desempleo es 4 veces mayor que en el empleo formal); ganan mucho menos que los trabajadores formales y no tienen acceso al crédito.
En el empleo informal predomina la intermitencia, es decirla rotación entre trabajos de corta duración, con empleadores efímeros. Los trabajadores intermitentes son casi el 15% de la población ocupada. 7 de cada 10 desocupados tuvieron como último empleo un trabajo no registrado.
La situación de las mujeres
“La informalidad es la puerta de entrada al mercado de trabajo –y muchas veces el lugar de permanencia a lo largo de la vida activa- de la mayoría de las mujeres, los más jóvenes y los menos educados”, afirma Kritz.
Mientras que en el sector privado formal hay dos ocupados varones por cada mujer, en el sector informal la relación es casi de uno a uno. Esto está muy influido por el empleo en el servicio doméstico. Cuando éste se excluye, el peso de las mujeres en la ocupación informal se reduce a un tercio, una proporción menor que entre los asalariados privados registrados y muy inferior a la que se encuentra en el sector público. Esto lleva a precisar la observación: la informalidad es la puerta de entrada al mercado de trabajo de las mujeres en los empleos de menor nivel de calificación, señala el estudio.
La situación de los jóvenes también es altamente compleja: cuatro de cada diez desempleados tienen menos de 25 años y, cuando consiguen empleo, generalmente son no registrados. Ocho de cada diez ocupados de hasta 19 años tienen trabajos informales; en el tramo más amplio de hasta 24 años, son seis de cada diez. Muchos de estos jóvenes abandonaron antes de tiempo el sistema educativo o el sistema educativo no le proveyó de conocimientos suficientes y se encuentran en situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.
“Una razón principal para la deserción escolar es que, en una proporción importante, pertenecen a hogares de bajos ingresos que no pueden mantenerlos; pero otra no menor, es que, por la débil formación en competencias básicas, y el déficit de preparación para el trabajo del sistema educativo público, muchas veces no encuentran una relación clara entre la permanencia en la escuela y la posibilidad de competir con éxito por un empleo de buena calidad”, explica el director de la Consultora SEL.
El 60% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, cursó sólo estudios Primarios. “Los incentivos para buscar trabajo para los jóvenes en situación de marginalidad, y en general para los que vienen de los hogares de la parte inferior de la estructura social, no son muchos. Entre los ocupados de menos de 25 años, los salarios en empleos privados no domésticos son algo más de la mitad del promedio del mercado, y 30% por debajo del salario mínimo. Con su bajo
capital humano –sea por la insuficiente escolaridad, o por la pobre calidad de la educación recibida- su precio de reserva no es lo poco que podrían ganar con su muy baja productividad, sino lo que podrían obtener fuera del mercado, incluyendo las actividades ilegales. Su escaso capital social, por la falta de una red de contactos, refuerza esta situación”.
La correlación entre bajo nivel educativo e inserción laboral informal, no se limita a los jóvenes: el 62% del total de los informales no terminó la escuela media y un 40% sólo cursó primaria. En el sector formal, por el contrario, 61% de los ocupados tiene cuando menos estudios secundarios completos.
Los trabajadores informales hacen los trabajos menos calificados. “El núcleo principal del empleo informal está en las microempresas, en su mayoría de muy baja productividad: 7 de cada 10 asalariados en este estrato trabaja sin contrato; en las firmas de 6 a 10 ocupados, la proporción es 1 de cada 2. Cuanto más informal es el empleo, mayor es la correlación con las
unidades de muy pequeño tamaño y más baja productividad; 80% de los que tienen empleos intermitentes trabajan en unidades de hasta 5 ocupados.
Kritz propone en este contexto cinco 5 reformas para crecer con equidad.
Si bien señala las dificultades estadísticas para conocer cabalmente la situación social en Argentina, sobre todo los referidos a precios al consumidor (la canasta básica relevada por el gobierno y la de empresas privadas es un 50% menor en valores) y los referentes a la medición de empleo e ingresos, es posible -mediante estudios privados- acercarse a la realidad de pobreza y desempleo.
Metropolitana es 10,5%. Esto equivale a poco menos de 750.000 personas. En los partidos del Conurbano la tasa alcanza a 12,3% (unas 570.000 personas), aunque con una fuerte heterogeneidad entre cordones. En los partidos más consolidados (las áreas GBA 1 y GBA 2 de la clasificación del INDEC) el desempleo es 7,8%, muy semejante al de la Ciudad de Buenos Aires.
En el sector formal, donde la mayoría de los empleos son estables, el desempleo es de sólo 5,8%, pero entre los informales, llega a 21%. La informalidad está aún extendida. Cerca del 40% de los económicamente activos del área metropolitana de Buenos Aires tienen una inserción laboral deficiente. La frecuencia es mayor a medida que se avanza desde el centro hacia la periferia de la región.
El desempleo afecta el ingreso de los hogares y asociado a la informalidad, es un determinante principal de la pobreza. Entre los indigentes en el mercado de trabajo, en efecto, el desempleo supera el 21% y entre los pobres no indigentes se acerca a 13%. Según una medición de esta consultora realizada en mayo de 2009, el desempleo en el Área
Se mencionó antes que la distribución del ingreso medida por la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, como por el coeficiente de Gini, mejoró sensiblemente con relación a 2001-2002, pero es casi la misma que a fines de 1998, y apreciablemente más desigual que hace dos décadas, e incluso que en buena parte de los años noventa.
Un ejemplo muy claro de inequidad, es el de las transferencias, subsidios y beneficios impositivos por hijos a cargo. Los asalariados registrados cobran en concepto de asignación familiar y subsidio por escolaridad entre $149 y $82 mensuales por hijo4; los hogares en extrema pobreza que no califican para la seguridad social, en cambio, reciben –no todos- una asignación asistencial por el Plan Familias del Ministerio de Desarrollo Social, de $45 por hijo. Esto significa que las transferencias monetarias que cobran los asalariados formales, son entre 3,3 y 1,8 veces más altas que las que perciben por sus chicos los hogares beneficiarios de los planes sociales. Más inequitativo aún, los contribuyentes al impuesto a las ganancias, que pertenecen al cuartil de ingresos más altos, pueden deducir de la base imponible $5.000 anuales ($417 por mes) por cada hijo menor a cargo5. En otros términos, más del 95% del monto de transferencias beneficia a los asalariados formales, que en su gran mayoría están sobre la línea de pobreza, y a los no asalariados de las clases media alta y alta. Los instrumentos principales de las políticas de transferencias de ingresos están diseñados para hogares donde al menos uno de los padres tiene una inserción laboral formal, es decir es un asalariado registrado, o paga impuesto a las ganancias, explica Kritz.
Los que más necesitan las transferencias son los que menos reciben. En el 30% más pobre de la población, uno de cada dos menores no recibe transferencia alguna; sólo uno de cada tres pertenece a un hogar donde el padre o la madre cobra una asignación por hijo a cargo, y apenas uno de cada ocho recibe asistencia monetaria de un plan.
Este estrato de ingresos bajos concentra la mitad de los chicos dependientes, según reveló esta misma consultora en el mes de enero de este año.
La política de transferencias de ingresos hacia los menores a cargo tiende a consolidar el patrón de desigualdad. Para quebrar la segmentación social y reducir de manera sostenible la pobreza y la desigualdad, hay que emprender reformas orientadas a remover sus causas estructurales. Una agenda en este sentido incluye:
1) Formalización del mercado de trabajo, con eje en las micro y pequeñas empresas de baja productividad
2) Reforma de los planes sociales, consolidándolos en una asignación universal única por hijos a cargo
3) Universalización de la seguridad social, desvinculada de la forma de inserción en el mercado de trabajo, con cambio en la base de financiamiento.
4) Inversión en capital humano y políticas de igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades de origen
5) Política anticíclica de preservación del empleo
Si, como se señaló, el empleo informal se concentra en los pequeños establecimientos de baja productividad, la agenda debe incluir una revisión de las regulaciones que afectan el costo laboral. Es importante proveer incentivos que demuestren en el corto plazo que la formalidad mejora el bienestar de los hogares. En esa línea, la propuesta incluye un nuevo instrumento, que en rigor debería hacerse extensivo a toda la población activa, incluso el sector formal. Se trata de una tarjeta de seguridad social, que además de las prestaciones, proporcionaría beneficios semejantes a la tarjeta de débito bancaria. Las ventajas de esta iniciativa son varias. En primer lugar, mejora la equidad, pues extiende a todos -sobre todo a los más pobres- los beneficios de la devolución del IVA, hasta ahora restringidos a los hogares de los ocupados formales bancarizados; esto puede significar un aumento del ingreso real de 5%. En segundo término, al universalizar la bancarización, une la formalización laboral con la lucha contra la evasión fiscal. En tercer lugar incorpora al mercado de crédito de consumo a sectores actualmente excluidos.
De este modo, y sin aumentar el gasto fiscal, sería posible asignar unos $100 mensuales por hijo a cargo, y de este modo en el extremo inferior de la pirámide, el ingreso per cápita familiar aumentaría 2,4 veces.
Otra propuesta es la de crear un régimen de seguro para cubrir parte de los salarios en períodos recesivos. Esto se completa con dos elementos fundamentales: educación como camino más seguro para salir de la pobreza y una política de gobierno pro- empleo.
“La política económica, el sistema regulatorio y las instituciones, deben ser consistentemente pro-empleo. Sin más inversión, toda otra iniciativa no sirve. Esto se refiere a incentivos y acciones a favor de la actividad productiva y la competitividad, como a la construcción de un soporte institucional para facilitarlo y estimularlo. La seguridad jurídica y un sistema de estadística pública adecuado y confiable, son condiciones para lograr ese ambiente pro-empleo”, concluye el informe del SEL. |
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27 » Aug 2009 |
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Clausura de prostíbulos y anexos |
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El procurador General de la Nación, Esteban Righi, instruyó a todos los fiscales federales y nacionales del país a que insten la clausura de prostíbulos que sean investigados por trata de personas y esclavitud sexual.
Fuentes judiciales indicaron que además, de acuerdo a la orden impartida, los fiscales deberán pedir el decomiso de los inmuebles donde se cometen los delitos y profundizar las pesquisas contra funcionarios y agentes públicos implicados en esa clase de ilícitos.
Según Righi, la clausura “debe propiciarse independientemente del progreso o no de la acción penal”, ya que “la explotación de la prostitución ajena es una actividad prohibida por marco normativo nacional y supranacional sin que tenga significación jurídica alguna, por ejemplo, el supuesto consentimiento de la persona mayor de edad cuyo cuerpo es utilizado para el comercio”.
Delitos sexuales
El Procurador también mandó a investigar otros tipos de delitos de índole sexual, como la facilitación, promoción y explotación de la prostitución con la colaboración de las autoridades locales, pero, “tomando los recaudos del caso para evitar filtración de información”.
Las instrucciones del Procurador incluyen el eventual pedido al juez de la causa para que el inmueble no sea restituido hasta que se cierre la pesquisa y que sirva de garantía real ante una posible condena.
Righi consideró que “la explotación sexual no puede pensarse disociada del beneficio económico de quienes participan de ella en cualquier etapa del proceso y por ello, la investigación penal tampoco debe descuidar el aspecto económico del delito”.
Righi recordó que Argentina ratificó la Convención contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena “de la Asamblea de las Naciones Unidas por la que el Estado Nacional se comprometió internacionalmente a investigar y castigar estos delitos”. |
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19 » Aug 2009 |
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Cúpula policial y trata de personas en Río Negro |
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PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
El Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Río Negro, Gabriel Ormeño, fue cesanteado por el voto unánime de la plana mayor de la Policía de la Provincia de Río Negro. Se le imputa no haber acatado la orden de traslado hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro (Argentina), en instancias en que se encontraba a disposición de la jueza de Instrucción Penal N° 30 de la ciudad de Choele Choel (Río Negro), Dra. Marisa Bosco, desarrollando investigaciones sobre los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en esa localidad. En dicha investigación, estarían incluidos varios jefes policiales en presunta convivencia con integrantes de redes de crimen organizado.
Dicha decisión de la plana mayor de la Policía provincial, habría sido tomada el pasado lunes 3 de agosto del corriente año, sin hacer lugar a ninguno de los planteos formulados por el Dr. Juan Chirinos en su calidad de defensor del Oficial Principal
El Centro de Derechos Humanos del Comahue (CeDHCo), por intermedio del Programa Nacional Red Anti-trata de Personas, La Fundación El Otro, Programa Esclavitud Cero, la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT), estamos sorprendidos por dicha decisión que consideramos arbitraria, teniendo en cuenta la excelencia del trabajo desarrollado por el Oficial Principal Ormeño. Esta decisión se suma a la arbitrariedad previa decidida por la Jefatura, de no pagarle, ni siquiera el salario familiar. Estas decisiones de la cúpula policial, reñidas con los derechos que asisten al funcionario policial, podrían configurar no sólo una violación a los derechos humanos sino también enmarcarse en una conducta delictiva.
Tomando en cuenta que el Jefe de la Policía, Víctor Cufré y la cúpula policial no ordenaron el inicio de acciones sumarísimas a los efectivos involucrados en la investigación de la jueza sobre una escucha telefónica entre el regente del prostíbulo “Las Vegas” y dos efectivos de la Unidad 8° de la ciudad de Choele Choel en el 2007, ni tampoco lo hicieron en el caso del comisario de la Unidad 3ra de policía quien fuera registrado en una escucha telefónica arreglando con un tratante las guardias policiales, a cambio de favores sexuales de las víctimas, esta decisión se enmarca en una sucesión de decisiones de dudosa legitimidad y que, insistimos, podrían configurar delitos previstos en el Código Penal.
Cabe resaltar que el Oficial Principal Ormeño, cumplía una orden de un magistrado, orden que está obligado a acatar, como “fuerza auxiliar” de la justicia. Según conoce perfectamente el Jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro. Pero esta disposición de afectación a la investigación a la cual estaba encomendado Ormeño, estaba en pleno conocimiento del Jefe de Policía ya que la misma magistrada había notificado en forma debida y oportuna el hecho a la Jefatura. Si hubiera existido desacuerdo, el mismo debiera haberse denunciado oportunamente al Ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, cosa que no se hizo. En nuestra opinión, el Oficial Principal no incurrió en desobediencia alguna y todo pareciera un montaje a fin de obstaculizar el desarrollo de una investigación incómoda para la Cúpula Policial, puesto que involucra a Oficiales de Policía bajo su mando, sin conocerse aún si dicho involucramiento podría alcanzar a la Cúpula de la Policía de la Provincia, que tanto se ensaña con un Oficial que no hace sino cumplir con el deber que la Justicia le ha encomendado.
Cabe resaltar que hasta el mismo Ministro de Gobierno de la Provincia de Río Negro, inició hace algunos meses una denuncia contra la Jueza Bosco en el Consejo de Magistratura sobre su desempeño en las investigaciones de trata de personas en el Valle Medio de la Provincia de Río Negro, dichas denuncias no quedaron en nada ya que el ex Auditor General del Poder Judicial de la Provincia, Dr. Gustavo Martínez, a principio de este año consideró que no existía irregularidad alguna en el desempeño de la Magistrada.
Consideramos preocupante que el mismo Ministro Rodríguez haya declarado ante el medio escrito, Diario Río Negro, (uno de los más importantes en la provincia de Río Negro) en los últimos allanamientos en Choele Choel que: “en Choele Choel no existe trata de personas” o “tanto lío por un prostíbulo”, siendo que el mismo diario Río Negro y otros medios provinciales han registrado desde el 2005 a la fecha los allanamientos realizados a varios cabarets en Choele Choel, en los que se encontraron extranjeras indocumentadas y adolescentes víctimas de la trata de personas. El Ministro desinforma, procurando minimizar una situación a todas luces grave, en la que redes del crimen organizado instalan a su antojo prostíbulos (prohibidos por Ley Nacional N° 12.331) en el Alto Valle, Valle Medio y en localidades cercanas a la provincia de Chubut en coordinación con redes pampeanas que operan dentro de la provincia, en los cuales se mantienen mujeres y adolescentes en situación de trata de personas con la protección y asistencia de efectivos corruptos de la policía de la Provincia, comprometiendo la responsabilidad del Gobierno Provincial.
Las decisiones arbitrarias que objetamos, buscan por un lado obstaculizar la justicia y, por el otro, intimidar tanto a los miembros del Poder Judicial como a los Oficiales de Policía que intentan desempeñarse correctamente y de acuerdo a justicia. Llamamos la atención de la ciudadanía respecto a estos abusos de poder que se han repetido en otras provincias. En el pasado, un Oficial de Policía de la Provincia de Córdoba fue retirado de la institución policial luego de una extraordinaria y exitosa investigación sobre un caso de trata que se realizó en conjunto con la República del Paraguay, la misma suerte corrió un policía de Chubut luego de otra investigación sobre trata de personas que involucró a altos dignatarios provinciales. Son estos policías que cumplen su deber a quienes queremos en las fuerzas policiales y sentimos que nuestro deber como sociedad es apoyarlos frente a las arbritrariedades que se cometen contra ellos. No estamos dispuestos a permitir más abusos, de los que estamos informando a los organismos internacionales correspondientes.
Instamos al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Dr. Miguel Sainz, a ponerse al frente de esta preocupante situación que compromete la responsabilidad del Estado Provincial en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
Solicitamos al excelentísimo Sr. Gobernador que considere la revocación de las decisiones que dan origen al presente comunicado y que permita que el Oficial Principal Ormeño continuar en actividad con las garantías debidas a su seguridad y que ordene se investigue la conducta de los funcionarios públicos en cuestión para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en la Provincia.
Germán Bernales Fernando Mao Mercedes I. Assorati
Centro de Derechos Humanos RATT Programa ESCLAVITUD CERO
Del Comahue –CEDHCO- Coordinación Nacional Fundación El Otro
Anexo: CASOS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Lugar/fecha/ Resumen del caso
Caso 1: Choele Choel, Río Negro/ Noviembre/2005
17 mujeres brasileñas (de Foz de Iguazú) y paraguayas(de Santa Cecilia) de entre 20 y 22 años fueron rescatadas del prostíbulos “Las Vegas”, ubicado a metros de la Ruta Nacional 22 en la ciudad de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Habrían ingresado al país en forma legal con una promesa de un trabajo como empleadas domesticas (previa escala en la terminal de Retiro en Buenos Aires). Al llegar a la ciudad de Choele Choel se encontraron con una cruda realidad al verse en un prostíbulo y el regente decirles “acá tienen que ser putas y laburar de putas…”. Unas durante 15 días y otras por el lapso de una semana, las mujeres vivieron cautivas, hacinadas y con sus pasaportes retenidos por el regente del prostíbulo. Y endeudadas con una falsa deuda que debían saldar con el regente en un claro caso de servidumbre por deudas previsto en el Código Penal.
Una Fiscal paraguaya recibió información de que mujeres de la localidad de “Santa Cecilia”, cercana a Asunción, estaban siendo prostituidas en Choele Choel. La información fue pasada a la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARAS LAS MIGRACIONES (OIM), que dio parte a la OFICINA DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN (OFAVI), quien hizo la denuncia formal ante el fiscal federal, Dr. Marcelo GROSSO en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Del allanamiento se detuvo a cuatro personas; una mujer paraguaya (apodo: la paraguaya) quien era la [reclutadora] y estaba de casualidad en la ciudad; el regente del prostíbulo y dos mujeres que lo administraban. Las mujeres paraguayas fueron reclutadas por una vecina.
Fue sujeto a la investigación el regente, pero como las mujeres tenían libertad para salir (amenazadas sin dinero ni documentos), se entendía que no se encontraban privadas de su libertad.
Caso 2: Investigación / Gral. Roca . Choele Choel/ Noviembre/2006
Escucha telefónica registrada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) entre una comunicación entre A.E.Q, regente del Prostíbulos “Las Vegas” y oficiales de la Unidad 8° de la ciudad de Choele Choel, provincia de Río Negro.
En la comunicación, el regente manifiesta su intención de [fichar] a una menor de 15 años de edad proveniente de la provincia de la Pampa, recién arribada al prostíbulo Las Vegas para ejercer la prostitución. Los policías no fueron imputados pero habían estado sujetos a la investigación. La Jefatura los trasladó a otras localidades, respecto a lo sucedido donde intervino la justicia provincial, no se cuenta con mayores detalles sobre el avance de la investigación o la existencia de personas imputadas en la causa.
Caso 3:Choele Choel, Río Negro/ Allanamiento/ Diciembre 2007
Adolescente de 17 años rescatada en situaciones claras de trata de personas con fines de explotación sexual. La adolescente fue descubierta por personal del área de Asistencia Social del Hospital local al asistir a una vivienda por un presunto caso de maltrato a un menor./ La adolescente estaba embarazada y presentó reiterados intento de suicidio. Dada la intervención de nuestra organización, fue asistida por la OFICINA DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) dado al pedido de la justicia. Pero no obtuvimos datos que nos permitiera conocer avance alguno en la investigación de este caso.
Caso 4: Choele Choel, Río Negro/ Allanamientos/ Marzo/2008
En tres allanamientos a prostíbulos, se pudo rescatar alrededor de 14 mujeres mayores de edad provenientes Paraguay, República Dominicana y Brasil.
Por sospecha de connivencia policial la jueza, Dra. Marisa Bosco, solicitó intervención a Policía Federal Argentina para los allanamientos. En uno de los locales allanados se encontró mujeres con restricciones a su libertad ya que los efectivos debieron ingresar rompiendo la puerta que se encontraba con llave. Pero las mujeres, seguramente amenazadas, no realizaron la denuncia por esta situación, por lo que no se pudo configurar el delito de trata ni de tráfico de personas.
Las mujeres fueron asistidas por la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM).
Caso 5: Río Negro/ Denuncia/ Oficina de Rescate y Acompañamiento/ Octubre/2008
Presumiblemente, una menor de edad de la provincia de Neuquén, fue víctima de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. La menor denunció al 0800TRATA del INADI que al escaparse del lugar que la tenían, habrían quedado más niñas de entre 13 a 15 años que en la misma situación y en reducción a la servidumbre.
Caso 6:General Roca, Rio Negro/ Neuquén, Neuquén/ Noviembre/2008
Se escapa de un cabaret de la ciudad de Neuquén capital, V.I.Q, de 26 años de edad. La víctima fue alquilada por un proxeneta a un regente de un conocido cabaret de la ciudad de General Roca, provincia de Río negro; quien la mantuvo en situación de explotación más de 6 meses. La victima argumentó que la mayoría de las mujeres Vivian dentro del cabaret. Después de ese tiempo, el proxeneta la explotó en un cabaret cercano al aeropuerto de la ciudad de Neuquén, donde la victima viajaba todos los días en el colectivo El Ko-Ko en compañía de una mujer que la vigilaba.
De la investigación del Equipo del Programa Red Anti-trata e informantes, se pudo establecer la connivencia entre el comisario de la Unidad 3ra de Policía y efectivos de la Brigada de Investigaciones que cambiaban sexo por drogas en dicho prostíbulo. Además, de otro prostíbulo donde un efectivo controlaba y arancelaba los pagos a los patovicas del lugar. Investigación que generó una denuncia ante fiscalía.
Caso: 7/ Choele Choel, Río Negro/ Allanamiento/ Febrero/2009
A raíz de una denuncia radicada por nuestra organización no gubernamental, en sede de la justicia penal de la ciudad de Cipolletti, se inició una investigación respecto de una nueva situación de trata de personas en la ciudad de Choele Choel, requiriéndose desde Cipolletti allanamiento en dicha localidad, los cuales fueron realizados y ampliados por el juez civil, Dr. Torres, subrogante de dicha ciudad con colaboración de Gendarmería Nacional Argentina y la Oficina de Rescate y Acompañamiento del Gabinete del Ministerio de justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Nación. En dicha oportunidad se encontró a mujeres extranjeras en situación de prostitución en los locales allanados, las cuales, fueron interrogadas por efectivos de la Unidad Octava de la Policía de Río Negro y otras por el Juez interviniente.
Mercedes Assorati
Programa ESCLAVITUD CERO
Fundación El Otro (http://www.elotro.org.ar)
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
E-mail: assorati@elotro.org.ar; assoratimi@gmail.com |
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Categoría : Actualidad y Opinión | Comentarios[9]
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