El ministro de Justicia, César Pérez, anticipó que esta semana se conocerá el nombre de la candidata a vocal del Tribunal Superior de Justicia que reemplazará a Jorge Sommariva. Y parece que esta vez no habrá sorpresas: será una mujer, y será Lelia Graciela Martínez de Corvalán, jueza de la Cámara de Cutral Co.
Es penalista, su marido fue en alguna época apoderado del MPN y ella votó en contra de la inclusión de ATEN como querellante en la causa Fuentealba en un fallo muy sonado por la pelea Varessio-Rimaro.
Estos detalles no empañarían el aval que recibirá en la Legislatura, donde ya está el consenso (léase, dos tercios de los votos) para prestarle acuerdo.
Este viernes 12 de setiembre se realizan las Conferencias Internacionales sobre "Nuevas políticas en seguridad ciudadana" organizadas por la municipalidad de Cipolletti. De ellas participará el abogado penalista argentino Claudio Stampalija, el fiscal chileno Andrés Baytelman Aronowsky, el economista colombiano Alfredo Rangel Suárez y el asesor en seguridad canadiense Irvin Waller.
No es habitual que un municipio asuma la organización de jornadas de esta entidad. Y, más allá de que al hacerlo el intendente Alberto Weretilneck persiga un fin de instalar su figura en un nivel que trascienda lo local, es destacable que las Conferencias permitirán a la gente de la región escuchar a referentes importantes sobre un tema complejo y muy importante en la vida actual.
¿Más gasto en policías, en Justicia, en cárceles o en prevención, educación laboral y promoción social? ¿Qué hacer, dónde poner el énfasis en el control ciudadano de los funcionarios? Estos son interrogantes que desvelan en todo el mundo.
Las Conferencias se realizarán el viernes 12 en el Círculo Italiano de Cipolletti, en Yrigoyen 777 de esa ciudad desde las 10 y hasta alrededor de las 20. Más información sobre ellas puede encontrarse en la página web del municipio www.cipolletti.gov.ar o al teléfono 0299-4494900 interno 4716.
Habrá cuatro conferencias, dos por la mañana y dos por la tarde, desde las 15 - “El rol del Municipio en la Politica en seguridad”. Claudio Stampalija, Abogado penalista (Argentina). - “Persecución penal inteligente: un nuevo paradigma para fiscales. Seguridad Pública”. Andrés Baytelman Aronowsky, Licenciado en derecho y Abogado (Chile). - “Nuevas visiones de la Seguridad urbana: El caso Colombia”. Alfredo Rangel, Economista y Magíster en Cs. Políticas (Colombia). - “Enfrentando al delito con éxito: las mejores prácticas”. Irvin Waller, Asesor en seguridad a nivel mundial (Canadá).
El Dr. Claudio Stampalija es un reputado criminólgo y abogado penalista argentino, docente en la UBA y en la Universidad de Belgrano, donde preside el Centro de Estudios de Prevención del Delito. Es asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, participó como co-redactor de la reforma del código procesal penal de la Nación, y fue asesor de la Comisión de Justicia de la Convención Constituyente de la ciudad de Bs. As. Alfredo Rangel es Economista y Magíster en Cs. Políticas, ha participado como consultor de Naciones Unidas en problemáticas de seguridad, como asesor presidencial en la misma temática en su país natal. Actualmente es director de la fundación Seguridad y Democracia. Andrés Baytelman Aronowsky es abogado y magister en derecho de la Universidad de Columbia. Trabajó en la fiscalía del Bronx (Nueva York), donde descubrió las falencias del sistema de justica. En el presente se desempeña como fiscal en jefe de la unidad de focos delictivos de la zona centro norte en su país, Chile, y es miembro del Centro de Estudios de Justicia para las Américas. Irvin Waller ha trabajado como director general de la procuradoría nacional en Canadá, su país natal, y como asesor en temas de seguridad para distintos países en Latinoamérica, Africa y América del Norte, y fue fundador y director general del Centro Internacional para la Prevención del Crimen, asociado a las Naciones Unidas. Actualmente es director del Instituto para la Prevención del Crimen, en la Universidad de Ottawa, desde el cual coordina con las autoridades nacionales y estatales la implementación de distintas políticas para la prevención del delito.
¿De qué se habla cuando se habla de modificar el Consejo de la Magistratura? La nave insignia de este debate es la integración. Hay un aceptable consenso en que los magistrados deben formar parte del proceso de elección de sus pares, y también los diputados (en vez de sus representantes, como ahora). Así se restañaría el desequilibrio actual.
Pero se habla menos de otro aspecto fundamental: la forma de evaluación de los antecedentes y capacidades técnicas de los candidatos a determinado cargo.
Este aspecto ocupa más espacio en las conversaciones incluso que la influencia política que el gobierno de turno pueda ejercer sobre el organismo.
Se sabe, este Consejo de la Magistratura tiene la impronta de Hugo Prieto, convencional del radicalismo quiroguista y por sobre todo abogado que ejerce libremente la profesión.
Mientras sesionaba la Convención Constituyente, en ese enloquecedor verano de 2006, la Asociación de Magistrados y Funcionarios hizo lo imposible por meterse adentro del Consejo de la Magistratura pero se quedó afuera. Y desde entonces muchos de sus afiliados se sienten en desventaja respecto de los abogados matriculados.
¿Por qué? Por ejemplo porque en el Consejo de la Magistratura no hay magistrados (que supuestamente defenderían las candidaturas de sus pares) y sí hay abogados matriculados (que supuestamente, defienden a aquellos colegas que quieren ingresar al Poder Judicial).
Pero además, interpretan que el sistema de puntaje por antecedentes los desfavorece.
Uno de los ejemplos son las maestrías. El sistema actual otorga hasta 10 puntos por "títulos de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados a los requerimientos específicos del cargo" y otros 5 cuando son "no relacionados a los requerimientos específicos del cargo".
Algunos magistrados me han dicho que "es imposible que un juez desatienda los asuntos de su despacho para dedicarse a una maestría; eso está armado para los abogados particulares". Curiosamente, otros magistrados me han comentado: "el único que puede hacer una maestría es un juez, que se toma licencia para eso e igual le pagan el sueldo".
Por eso la Asociación de Magistrados no se conformó con elaborar un proyecto de enmienda constitucional para cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, sino que se metió también con la ley reglamentaria: propuso una nueva que contempla otro sistema de evaluación de los antecedentes. (Y de paso pone a dieta el peso de las entrevistas personales, que han demostrado amplia capacidad para definir un ganador).
En eso la Asociación fue mucho más allá que el proyecto de enmienda presentado por Alternativa Neuquina, que firmó Soledad Martínez pero como ella misma dice, elaboró casi en su totalidad el ex vocal Marcelo Otharán.
Ambos proyectos impulsan muchas otras modificaciones interesantes, de las que podremos ocuparnos más adelante. Por ahora, este post ya se hizo demasiado largo.
Más abajo van a encontrar el de Alternativa Neuquina, que me envió el bloque, y el de la Asociación de Magistrados (ley reglamentaria incluida), que recibí por gentileza de un lector habitual del blog.
El siguiente post es un ejercicio de comparación en los dos aspectos centrales del debate: integración y evaluación, tal como está ahora y según las modificaciones propuestas.
Bonus track: De los 23 candidatos que seleccionó hasta ahora el Consejo de la Magistratura (incluyo a la Cámara de San Martín), 4 provienen de afuera del Poder Judicial. El resto ya estaba adentro.
Información sobre los concursos que vienen, aquí.
(G.B.)
Integración: Ahora: Un representante del Tribunal Superior de Justicia, que lo preside, cuatro representantes de la Legislatura que no son diputados, 2 representantes de los abogados. Propuesta de Alternativa Neuquina:
El presidente del Tribunal Superior de Justicia; tres magistrados con rango no inferior a camarista; cuatro abogados de la matrícula con una antigüedad en el título no inferior a diez años; un empleado no abogado del Poder Judicial con una antigüedad en el mismo no inferior a diez años; cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales con no menos de cinco años de residencia efectiva en la provincia. Propuesta de la Asociación de Magistrados: Tres magistrados o funcionarios del Poder Judicial, uno de los cuales corresponderá a un juez del Tribunal Superior de Justicia; tres abogados de la matrícula provincial y tres legisladores provinciales.
Evaluación de antecedentes, escala de puntajes: Ahora: Hasta 40 puntos por antecedentes así discriminados:
Antigüedad (en el ejercicio de la profesión o en la función judicial): hasta 7
Título de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados con los requerimientos específicos del cargo: hasta 10
Título de posgrado, maestrías y doctorados no directamente relacionados con los requerimientos específicos del cargo: hasta 5
Docencia: hasta 5
Publicaciones: hasta 5
Dictado de conferencias, ponencias, etc: hasta 5
Asistencia a congresos: hasta 3
Examen escrito: hasta 20 puntos.
Examen oral: hasta 20 puntos.
Entrevista personal: hasta 20 puntos.
Proyecto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios: Hasta 100 puntos por antecedentes, así discriminados:
Antigüedad en el Poder Judicial: 30
Antigüedad en el ejercicio privado de la profesión: 30
Desempeño de funciones judiciales o labores profesionales vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir: 40
Antecedentes académicos: hasta 30 puntos así discriminados:
Publicaciones: hasta 10
Docencia: hasta 10
Doctorado: hasta 10
Quedarán fuera de concurso quienes reúnan menos de 50 puntos.
Examen escrito: hasta 60 puntos.
Examen oral: hasta 40 puntos
Entrevista personal: no fija puntaje mínimo ni máximo, pero establece que la resolución debe estar debidamente fundada.
(G.B.)
Las nuevas tecnologías han modificado costumbres culturales, como bien refleja con cierta acidez incluida esta nota de Página 12 sobre la explosión de los blogs, pero también nuevos desafíos legales, como lo demuestran esta y esta columnas de un abogado (y blogger) español.
La primera advierte que al subir fotos al popular Facebook como hacen millones de adolescentes (y no tanto) le están dando derecho a perpetuidad para que las comercialicen. La segunda pone el acento sobre algo similar vinculado con Chrome, el nuevo navegador de Google. Este debate en algún momento llegará al país.
El Consejo de la Magistratura rechazó todas las impugnaciones presentadas contra el orden de mérito definitivo del concurso para la Cámara de San Martín de los Andes, que quedó tal cual estaba.
En consecuencia la semana que viene el Consejo enviará a la Legislatura los pliegos de María Julia Barrese, Andrés Arla y Juan José Gago.
