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Diario Río Negro
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Guillermo Berto
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  15 » Jul 2008
En directo, no
 

Sigo sin entender demasiado por qué los jueces prohíben la transmisión en vivo de los juicios orales, en especial aquellos que aportan a la construcción de la memoria colectiva de la sociedad.

Quizá habría que analizar caso por caso antes que imponer una regla general. Pero los jueces resuelven sin margen para el debate. Pasó con el caso Fuentealba y pasará con el juicio contra militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), querellante en la causa, hizo saber que el Tribunal Oral Federal decidió limitar la difusión en vivo de las audiencias que comenzarán en agosto. En un comunicado, el CEPRODH dijo: "nos oponemos a que se impida transmitir en vivo a toda la sociedad los puntos centrales del juicio, porque este juicio se relaciona con nuestra historia, e impedir que sea televisado y trasmitido en vivo, es funcional a la impunidad y a la ocultación de la verdad. Presentaremos un recurso por escrito contra esta resolución, pues no podemos permitir que luego de 32 años de impunidad la sociedad no pueda ser parte de esta pelea histórica. Todos debemos ser testigos de lo que suceda en el juicio, y debatir los alcances de este genocidio de clase. Pues el juicio nos pertenece a todos los trabajadores y el pueblo, quienes fuimos las víctimas de ese genocidio".

Uno de los argumentos de la Justicia es el respeto por el debido proceso. Supuestamente los testigos deben declarar sin haber escuchado a los anteriores. Pero si alguna sensación quedó después de 16 audiencias de juicio por el caso Fuentealba fue que los policías parecían haberse puesto de acuerdo antes de que empezara el juicio sobre lo que debían decir, y más, sobre lo que no debían decir. Y cito la conducta de los policías (y no de los docentes) porque el imputado era uno de ellos y era esperable que intentaran encubrirlo como ocurrió, salvo un par de excepciones.

El caso Fuentealba llegó a la etapa pública después de 14 meses de investigación secreta, sólo accesible para las partes. Las causas de derechos humanos llegan después de 32 años de silencio. ¿Tiene sentido impedir la transmisión en vivo?

Además la publicidad puede funcionar como antídoto contra un fallo arbitrario, y eso beneficia en primer lugar al imputado.

Iba a proponer como lectura complementaria este artículo pero me encontré con que es igual a este otro artículo y no sé a cuál de los dos citar como fuente.
(G.B.)
 
Categoría : Juicios orales | Comentarios[1]
 
  13 » Jul 2008
Presiones visibles...
 

Los jueces reciben presiones. De todo tipo, todo el tiempo. Si existiera un medidor de la afectación de la independencia, ¿cuáles serían las presiones más “eficaces”?

Algunos usuarios de este blog dejaron mensajes críticos hacia la manifestación docente en la puerta de la vieja Legislatura durante el juicio por el caso Fuentealba. Creen que esa presencia influyó en el ánimo de los jueces y les impidió ser totalmente independientes para juzgar al cabo primero José Darío Poblete.

Argumentos similares se han planteado en otras ocasiones, generalmente vinculadas con hechos de amplia repercusión política.

Se pueden conseguir sin demasiado esfuerzo ejemplos de movilizaciones que en apariencia no han servido para nada porque los jueces fallaron contra lo que pedían los manifestantes, y otros en los cuales la sentencia coincidió con las expectativas del grupo que reclamaba.

Quizá lo novedoso en el caso Fuentealba es que se mencionó una supuesta afectación a la independencia en la etapa más pública del proceso y más sujeta al control ciudadano. Lo frecuente es que las sospechas se instalan durante la instrucción, período muy poco transparente en el cual sólo las partes tienen acceso a lo que está sucediendo en el expediente.

El tema es amplio, complejo, y se puede abordar desde muchos lugares. Nunca nos vamos a poner de acuerdo ni lo vamos a agotar. Si este post sirve para reabrir el debate, mejor.

Como primer punto, las manifestaciones de este tipo son una realidad instalada. No es deseable que un juez tenga que resolver con el tronar de bombos en la puerta de su despacho (para usar una imagen fácilmente reconocible por todos), pero en los hechos sucede, y cada vez más.

También habría que preguntarse cómo llegó la Justicia a colocarse en esa situación. Es decir, por qué hay tantas sospechas de que ningún juez es verdaderamente independiente y que sólo bajo presión hará “justicia”.

En segundo lugar, no todas las personalidades son iguales. Tener una manifestación en la puerta puede amedrentar a unos y templar el ánimo de otros. Si no, bastaría con reunir un grupo de personas para lograr que el fallo o la resolución salgan de determinada manera y hay ejemplos, decía, que lo desmienten.

Por lo mismo, hay jueces que desde la íntima convicción resolverían de determinada manera, pero ajustados a derecho lo hacen de otra aunque saben que no van a convertirse en los más populares sino, a veces, todo lo contrario.

Tercero, me pregunto cómo afecta en concreto una manifestación la conducta que debe presumirse independiente de un magistrado. ¿De qué manera le perturba el ánimo y le quita independencia? ¿Le genera temor a una agresión física? ¿A un escrache? ¿Al escrutinio de su trabajo? Sin desconocer lo molesta que pueda resultar una manifestación –masiva o no- en la puerta del trabajo, me gustaría conocer mejor de qué manera real, concreta y efectiva le quita independencia.

Y lo planteo así porque hay otras presiones que reciben los jueces, más solapadas, de las que se habla bastante menos, y que les pueden traer consecuencias tan o más relevantes.

De eso trata el siguiente post.
(G.B.)
 
Categoría : Poder Judicial | Comentarios[4]
 
  13 » Jul 2008
...e invisibles
  Con todo lo criticable que pueda resultar para algunos como modalidad de protesta o de presión, una marcha o movilización se anuncia en los medios de comunicación. Todos saben que tal día y a tal hora se concentrará un grupo de personas para pedir algo determinado a una persona perfectamente individualizada.

En cambio, nunca se anuncian ni publican los llamados telefónicos (para usar otra imagen convencional) ni las visitas que reciben los jueces, a veces en sus despachos y sin que esté presente la contraparte. Aunque no lo reconozcan jamás públicamente, entre otros motivos porque se verían en la obligación de hacer la denuncia, esto sucede.

También han existido casos de ministros que se han instalado en el despacho del juez y, en los hechos, han conducido investigaciones sin que eso provocara ningún debate sobre la afectación a la independencia del magistrado. Todo lo contrario, se lo ha tomado como una elogiable preocupación del gobierno por el resultado de una causa judicial.

El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni reconoció con sinceridad en una entrevista: “Siempre que hay casos vinculados con el poder nos llaman. Se acerca alguien en el vestuario del club y nos pide que el abogado del investigado nos vaya a ver. Suena el teléfono y algún amigo dice del funcionario investigado "es un buen muchacho". Nos pasa desde hace décadas. Lo que hay que hacer es escuchar, poner cara de poker y luego resolver a conciencia y de acuerdo a derecho. Si nos asustamos a la primera llamada de esas nos tenemos que ir".

Como hemos dicho, no todos reaccionan de la misma manera.

También existe la autocensura. Hay magistrados y funcionarios que, atentos a las señales que emiten determinados grupos de poder, hacen o dejan de hacer aunque nunca reciban el mentado telefonazo.

Y si una manifestación les despierta, supongamos, temor a una agresión física, un llamado telefónico puede sugerirles que el fin de su carrera está próximo. O que se viene un ascenso.

¿Qué dicen los propios jueces de esta situación?

En abril, los miembros de la Asociación de Magistrados tuvieron un encuentro en el cual debatieron, entre otros temas, el de la independencia. La declaración que se dio a conocer públicamente menciona:

"También afectan la independencia del Juez las presiones externas, sean políticas, gremiales, de la prensa y/o de otras organizaciones. Se coincidió en que hay operadores del sistema que resisten satisfactoriamente tales presiones, en tanto otros se presentan como vulnerables ante ciertas presiones".

Como se puede ver, identifican los orígenes posibles de las presiones y algunas de las consecuencias que les generan.

Pero más adelante sobre el mismo tema la declaración expresa:

"Existió absoluta coincidencia en que el actual Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, no ha cumplido con el rol de poder moderador o contrapeso de los otros poderes del Estado, mostrando una marcada dependencia del Poder Ejecutivo en cuanto a las decisiones tomadas, con la consecuente afectación de la independencia del poder judicial.

"Existen varios hechos a tomar en cuenta para acreditar esta afirmación, pero la principal tiene que ver con la sistemática orientación de los acuerdos del TSJ, que obstaculizaron prácticamente todas las investigaciones que, a principios de 2004, se relacionaban con hechos de corrupción administrativa y enriquecimientos ilícitos atribuidos a funcionarios del ejecutivo o allegados.

"Solamente algunas de las medidas adoptadas fueron: el traslado y reemplazo de funcionarios y empleados que se desempeñaban en la Agencia Fiscal para Delitos contra la Administración Pública (DAP), las designaciones realizadas en el Gabinete Técnico Contable, el desmantelamiento del Servicio de Investigaciones de Fiscalía (SIF) y la reglamentación de los plazos de investigaciones preliminares fiscales. Todo esto hizo que, a partir de allí, prácticamente desaparecieran las investigaciones en delitos contra la administración pública, con contenido patrimonial, en la ciudad de Neuquén.

"En la misma dirección, estuvo orientada la decisión de elevar el número de fiscalías de Cámara de dos a seis.

"También atentó contra la independencia del Poder Judicial, el traslado compulsivo de funcionarios con dilatada y reconocida experiencia, hacia otras dependencias del poder judicial que tenían poca significación.

"Se coincidió también en que faltó, desde los funcionarios y magistrados del poder judicial, una posición mas crítica hacia los continuos y sistemáticos signos, emitidos desde el Tribunal Superior, que no perseguían, precisamente, el respeto a la independencia del poder judicial”.

En concreto, todas esas negativas consecuencias para su independencia que mencionan los propios magistrados fueron generadas a partir de las presiones "invisibles".

Los gremios, las organizaciones sociales, podrán reunir miles de personas en la calle, pero no trasladan funcionarios, ni bloquean investigaciones, ni desarman equipos de investigación ni generan ese temor -implícito en todo el texto de la declaración de la Asociación de Magistrados- a perder el trabajo o a que le hagan insoportable la vida como a más de uno le ha sucedido.
(G.B.)
 
Categoría : Poder Judicial | Comentarios[0]
 
  11 » Jul 2008
¿Cuánto dura una perpetua?
 

En la provincia de Neuquén hay seis condenados a prisión perpetua, cuatro hombres y dos mujeres. El cabo primero José Darío Poblete, si la sentencia queda firme, será el séptimo. ¿Cuándo podrá salir en libertad, sea condicional o definitiva?

Las consultas que hice encontraron dos respuestas: podrá salir al cumplir 25 años preso o a los 35 años (en 2032 o 2033, cuando tenga 60 o 70 años de edad, según el caso).

La clave parece estar en el artículo 13 del Código Penal que, reforma Blumberg mediante, quedó redactado así:

"El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena (...) observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las siguientes condiciones:

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes;
3. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
4. No cometer nuevos delitos;
5. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes;
6. Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional. (texto conforme la ley 25.892)"

Me dijeron también que no podría obtener otros beneficios como salidas laborales, salidas transitorias, conmutación o rebaja de penas, etc. Y que como en la provincia no existe la figura del juez de Ejecución, la misma Cámara que lo condenó será la encargada de evaluar su situación como condenado.
(G.B.)
 
Categoría : Juicios orales | Comentarios[2]
 
  10 » Jul 2008
¿Quién sigue?
 

Resulta cuanto menos curioso que el mismo gobierno que lo propuso como candidato a vocal del Tribunal Superior de Justicia sea ahora el que bombardea a los medios con versiones de que "se baja" o "renuncia" o "no pasa de hoy".

Se especula que no renunciará antes de formular su descargo a las siete objeciones, porque sería el equivalente a admitir que todas son fundadas, razonables y ciertas, y abriría el camino hacia el jurado de enjuiciamiento que más de uno tiene ganas de plantear en su contra.

Para el gobernador Jorge Sapag, el fracaso en la postulación será todo ganancia. Aunque haya sido él quien lo nominó, es un secreto a voces que era el candidato de Horacio Quiroga. Y Sapag podrá decir que su decreto de autolimitación funciona perfectamente, remitiéndose a este caso como prueba.

Dicen que el gobernador ya está buscando reemplazante para el vocal que no fue, y que esta vez sí será una mujer. Eduardo Benítez impulsa la candidatura de Lelia Graciela Martínez de Corvalán, otra penalista, jueza de Cámara en Cutral Co. Una contra que seguramente se mencionará es su postura en la causa Fuentealba II (fue decisiva para el rechazo de ATEN como querellante), aunque todo indica que votó de acuerdo a sus convicciones. El escándalo Varessio-Rimaro fue preexistente a su intervención.

Se rumorea que el peronismo kirchnerista y probablemente el Sejun son los que están detrás de la candidatura de Julia Buissón de Baggio, la jueza civil que, por ejemplo, el año pasado ordenó al gobierno sobischista que brinde información sobre sus gastos en publicidad entre 2004 y 2006.

¿Y si aprovechan para reducir a 3 la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia? En diciembre de 2001 hubo alguien que lo propuso concretamente. ¿Se acuerdan quién fue? La respuesta haciendo click aquí (no se dejen confundir con la cabeza de la nota que les linkeo, la información que les propongo está más abajo, en un subtítulo).
(G.B.)
 
Categoría : TSJ | Comentarios[26]
 
  07 » Jul 2008
Correo electrónico, empresas y empleados
  Hace unos días incluí un pequeño post con un enlace para descargar la ley 26.388, que reformó el Código Penal e incluyó como delito la violación de los correos electrónicos.
En el contexto de la nueva ley, el diario La Nación publicó una interesante nota titulada "Vigilar los e-mails, un derecho de las empresas", en el que dice que "no todos saben que las compañías están autorizadas, previo aviso fehaciente, a monitorear los e-mails que sus empleados envían y reciben en la casilla habilitada por la empresa". La nota completa puede leerse haciendo click acá.
(G.B.)
 
Categoría : Varios | Comentarios[0]
 
  01 » Jul 2008
Para coleccionar
  Quizá hayan leído en el diario que el querellante Gustavo Palmieri acompañó su alegato de clausura en el juicio contra José Poblete con una serie de gráficos, fotos y placas. Me parece que, si bien ese trabajo fue elaborado desde el punto de vista de la acusación, es un valorable documento que resume de manera muy completa lo que dijo (y lo que no) cada testigo en el juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba. Además los gráficos ayudan a entender la posición de personas y vehículos, algo que no todos pueden tener suficientemente claro para entender los hechos.
Palmieri tuvo la amabilidad de cederme ese documento en formato power point y permitirme que lo suba a este blog. Se puede descargar haciendo click acá aunque es mi deber advertirles que es un archivo pesadito, casi 6 megas. Creo que igual vale la pena.
(G.B.)
 
Categoría : Caso Fuentealba | Comentarios[9]
 
 
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