Los fines de semana suelen ser propicios para las mudanzas. El blog, a punto de cumplir dos años, con 945 post, miles de comentarios y de visitantes a cuestas, no es la excepción.
Para dar más y mejores prestaciones, está probando casas nuevas.
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Leo en Periodismo Social: Analizadores de portales web y de texto, programas que ofrecen opciones de palabras inclusivas, y utilización de software para detectar el lenguaje sexista, son algunas de las herramientas que ofrecen ‘T-incluye’, ‘La Lupa Violeta’ y ‘Themis’, emprendimientos españoles nacidos al impulso de la Ley por la Igualdad Efectiva de Mujeres y Varones.
El debate abierto sobre el lenguaje sexista. El rol de las organizaciones de mujeres y la resistencia de la Academia Española de la Lengua. Cómo incorporar, gracias a las herramientas web, nuevas palabras que incluyan a todas y todos.
“T-incluye”
Se trata de un analizador automático de páginas web y de documentos: al ingresar en www.tincluye.org se puede incluir el URL de la web a analizar, u optar por el analizador de textos. El sistema detecta expresiones sexistas, y ofrece alternativas inclusivas. Su utilización es libre y gratuita.
“La Lupa Violeta”
Es otra opción gratuita diseñada para instalarse en los documentos de Word, de manera que se pueda recurrir a ella a través de un menú incorporado en la barra de herramientas siempre que se necesite.
La Lupa Violeta identifica los términos que pueden tener una connotación sexista y propone diferentes sugerencias para una mejor adecuación del lenguaje. Del mismo modo, incluye información relevante y didáctica de utilidad para el/la usuario/a.
Richard Trincheri, presidente de la Asociación de Magistrados, dijo hoy que “la persona que ideó el proyecto de Consejo de la Magistratura que en definitiva sancionaron los convencionales, es una persona que no tiene mucho, por así decirlo, entre comillas, simpatía por los jueces. Ideó este mecanismo, se sancionó y hoy estamos sufriendo las consecuencias”.
Aludió, por supuesto, a Hugo Prieto, ex convencional quiroguista (del cual hoy está distanciado) y aliado con el bloque de convencionales del sobischismo (que integraban, entre otros, la actual consejera Carla Castiglioni, quien perdió en la elección del Colegio de Abogados pero igual es vicepresidenta del Consejo).
Con estas declaraciones de Trincheri se vuelve a instalar el debate: ¿Hubo en la convención una pulseada Asociación de Magistrados versus Colegio de Abogados?
Está publicado el acuerdo 4489 del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a esta semana (click aquí para verlo completo).
El título del post se debe a que leo:
Punto 4: "Rechazar la solicitud de prórroga de la Orden de Compra (…) formulada por la firma Joshué S.R.L. y en su consecuencia, aplicar la multa prevista en el art. 71°, punto 2, inc. a), del Reglamento de Contrataciones (…)”.
Punto 6: “Hacer saber a los Profesionales Auxiliares del Gabinete Interdisciplinario, que deberán cumplir (negritas en el original) con lo resuelto por Acuerdo N° 4437 Punto XI, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones administrativas disciplinarias en caso de incumplimiento (…)”.
Punto 19: “Hacer saber el Jefe del Cuerpo Médico Forense y al personal de la dependencia, que en lo sucesivo deberán acatarse las disposiciones del Tribunal, sin perjuicio de poder efectuar la impugnación del acto administrativo por la vía correspondiente (…)”.
“Este reglamento de evaluación pone en crisis la inamovilidad de los magistrados y funcionarios”.
“El presidente de la Asociación, Richard Trincheri le fue a comunicar este hecho nuevo al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti”.
“Estamos considerando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad a nivel provincial”.
Estas fueron algunas de las definiciones de Miguel Valero, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, hoy a la tarde a la radio LU5.
Dijo también:
“Es imposible concebir un juez que sea independiente si puede ser removido de sus funciones fuera de las causales que prevé la Constitución”.
“El reglamento da lugar a que se viole el derecho a la reserva a la información que tiene toda la ciudadanía, ya que los consejeros van a poder acceder a toda la documentación que haya en las dependencias judiciales”.
“Los consejeros pueden revisar expedientes de divorcios, pueden vulnerar la privacidad de la comunicación entre un defensor y su defendido”.
“Hubo consultas a magistrados y funcionarios y la gran mayoría señalamos la inconstitucionalidad de la evaluación pero es evidente que cayeron en saco roto”.
Me entero por 8300 web que “el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Tribug, se comprometió a hacer pública la distribución de las causas en las fiscalías de la primera circunscripción. Se lo dijo a la ONG Convocatoria Neuquina, quien había expresado su temor ante un posible ‘borrón y cuenta nueva’ de las investigaciones”.
Once años tardó en llegar a juicio oral un expediente que, según se dijo, estaba listo para debate desde el año 2000.
Salí del juicio pensando que ese expediente está lleno de firmas de jueces, fiscales y defensores, pero ninguno fue mencionado como responsable de semejante disparate.
Uno de los defensores, burlón, me desafió: “andá a hacer justicia por el diario”.
Yo estaba, estoy, demasiado triste como para contestarle.
Esta es la nota que escribí para el diario:
El proceso penal debe tener una duración razonable. Once años de investigación, para un delito que la ley castiga con un máximo de diez, excede esa razonabilidad. Con este argumento, la fiscalía se abstuvo de sostener la imputación contra los seis acusados de haber cometido una mega estafa con tarjetas de crédito en 1999. El fondo la cuestión no llegó a debatirse y los imputados serán absueltos hoy por un fallo de la Cámara Primera.
“Esta investigación estaba terminada en el año 2000. Por diferentes circunstancias el proceso duró más de lo razonable”, dijo la fiscal de Cámara María Dolores Finochietti al anunciar que retiraba la acusación contra los imputados.
A la fiscal, que asumió en el puesto pocos meses atrás, le tocó poner la cara en esta etapa pública del caso. Antes de su intervención hubo jueces y fiscales que por esas “diferentes circunstancias” entretuvieron el expediente durante una década y por eso se produjo este resultado. Todos siguen en funciones; la mayoría ascendió y ocupa otro cargo.
Tras escuchar a la fiscal los imputados se abrazaron con sus defensores. Tenían motivos para festejar: la falta de acusación equivale a un sobreseimiento, es decir, una declaración de inocencia, aunque el juicio no se haya hecho.
La Cámara integrada por Luis Fernández, Héctor Dedominichi y Daniel Varessio postergó para hoy su veredicto. “No tienen margen; lo único que pueden hacer es decir que la postura de la fiscal está mal fundamentada, declarar todo nulo y llamar a otro juicio”, dijo una fuente consultada por “Río Negro”.
“Nuestro sistema no está preparado para manejar causas así. Es diferente si hay presos: en esos casos todo va rápido. Pero cuando no hay detenidos…”, reflexionó ante este diario uno de los defensores oficiales que actuó ayer.
De acuerdo con la acusación originaria, los hechos ocurrieron entre febrero y agosto de 1999. Se atribuía a los imputados haber cometido una serie de estafas utilizando tarjetas de crédito fabricadas por ellos mismos con datos de usuarios reales que, al recibir el resumen, descubrían consumos que no habían efectuado.
Particulares, comercios y empresas emisoras de las tarjetas fueron los damnificados.
De la decena de acusados sólo seis se presentaron al juicio de ayer; dos no fueron notificados y otros dos estarían prófugos.
Los defensores Miguel Valero, Daniel Geloni, Pedro Telleriarte (oficiales), Miguel Vilar y Martín Segovia (particulares) actuaron en bloque al pedir que se aplique “la insubsistencia de la acción penal”. Los imputados estaban acusados de asociación ilícita, que tiene una pena máxima de 10 años, y el proceso está por cumplir 11.
El defensor Valero jugó con picardía una buena carta: leyó un largo fallo a favor de la insubsistencia de la acción penal en un caso parecido, y después citó al autor: Varessio, uno de los integrantes de la cámara como subrogante. El juez lo miró, como se dice en estos casos, con cara de póker.
