Los mingitorios de la Ciudad Judicial ya tienen patente de escándalo nacional, como pueden ver en esta nota.
Inaudi (UCR), quien en una reunión legislativa preguntó si tenían wi-fi y por eso eran tan caros, se ha convertido en uno de los paladines de la denuncia de los presuntos sobreprecios.
Pero detrás hay otras pulseadas.
Al parecer el primero que miró en detalle los números del edificio que se construye sobre calle Leloir fue Guillermo Labate, tal como hace más de un año anticipamos en el blog que haría (el vocal está mirando hasta cuánto se gasta en yerba).
Inaudi retomó el tema cuando el Administrador del Poder Judicial fue a la Legislatura (click aquí).
Con el escándalo instalado en el diario, la Cámara de Apelaciones pidió de oficio una investigación, y Alberto Tribug desde Buenos Aires ordenó a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública que actúe.
Pablo Vignaroli tomó el tema (quién si no) y citó a declarar como testigo a Inaudi, quien ratificó la denuncia. O más precisamente, le dio elementos al fiscal para que siga la investigación.
También blanqueó que Labate le había mencionado el tema del precio de los mingitorios en una de las reuniones que tuvieron este año con motivo de integrar, ambos, el Jurado de Enjuiciamiento.
Por ejemplo, que sería la segunda vez que Labate intenta dejar expuesto a Tribug. La anterior fue con los presuntos sobreprecios de la cárcel de Senillosa que el vocal denunció pero aclarando que la tarea de investigar le correspondía a otro organismo. A las corridas, Tribug mandó a abrir una IPF (investigación preliminaria fiscal).
El motivo de estos roces habría que buscarlo en una antigua disputa laboral que involucra a la hija del fiscal del TSJ, empleada del juzgado federal.
Y respecto de la cruzada emprendida por Inaudi, en el gobierno se preguntan si el abogado cordobés no esconde alguna otra jugada.
Les llama la atención que ningún otro diputado lo acompañe con entusiasmo, y están listos para recordarle -si es necesario- que patinó al denunciar que habían perdido o cajoneado un expediente en la Legislatura vinculado con la expropiación de tierras de Senillosa.
Es así, todos los caminos se cruzan en este pequeño reino.
Transcribo el acuerdo que emitió hoy la Cámara de Apelaciones para pedir que se investiguen los costos de la Ciudad Judicial:
"ACUERDO Nº 10/09.
"En la ciudad de Neuquen, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil nueve, se constituyen en la Sala de Audiencias de esta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal con Competencia Provincial, sita en calle La Rioja Nº 765 de esta ciudad, los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Daniel Gustavo Varessio y Dr. Walter Richard Trincheri, bajo la presidencia en subrogancia del primero de los nombrados atento a encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor Guillermo Rimaro y con la presencia del Sr. Secretario de la dependencia, Dr. Néstor Alberto Estebenet.
"Seguidamente se expresa que los miembros de esta Excma. Cámara de Apelaciones han observado la repercusión que ha tenido en la prensa las noticias relacionadas con la obra “ciudad judicial”.
"En notas periodísticas del Diario Río Negro de fecha 26/08/09 y de fecha 27/08/09 se hace referencia a que un mingitorio y/o inodoro para el sector detenidos cuesta cada uno $ 20.000, y siendo que son un total de 26 la suma global a apagar por dicho concepto sería la suma de $ 326.000 solamente para este rubro.
"En virtud de ello, y en cumplimiento de las funciones asumidas, y atento a que hasta el presente no se tiene conocimiento si existe alguna investigación relacionada con los hechos detallados supra, es que estimamos pertinente a los efectos de poner en conocimiento de la autoridad competente y que se inicie la respectiva investigación, remitir copia del presente Acuerdo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, adjuntando las extraídas de internet del periódico Río negro de fecha 26/08/09 y 27/08/09 detalladas, y otra copia al Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento y efectos.
"Con lo que no siendo para mas se da por finalizado el acto, el que previa lectura que en voz alta se da por Secretaría, firman los Dres. Daniel Gustavo Varessio y Dr. Walter Richard Trincheri, no suscribiendo la presente el Dr. Héctor Guillermo Rimaro por encontrarse en uso de licencia, todo por ante mi, el Secretario, de lo que doy fe".
Hasta aquí el acuerdo en cuestión.
No sé cuándo los mingitorios que denunció Sejun se convirtieron en los inodoros que mencionó Inaudi en una sesión legislativa. Lo importante es que la carroza no se convirtió en zapallo, al menos hasta ahora, y habrá una investigación.
Propuesta: estos mingitorios japoneses pasan avisos para sus usuarios. Yo no lo descartaría como un camino para recuperar la inversión.
Propuesta II: hay descuento si adivinan quién es el famoso que está usando el mingitorio de la segunda foto.
En marzo publiqué este post en el que vaticinaba los problemas que tendría el Estado (entendido como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para terminar con la fastuosa Ciudad Judicial.
Hay un enlace a un Acuerdo de ese mes en el que se transcribe el más detallado informe de la situación conocido hasta ahora.
El tema podría convertirse en uno de los ejes del debate de lo que resta del año en la Legislatura, porque más de un diputado está buscando antecedentes sobre los costos de la Ciudad Judicial.
Por si les sirve a aquellos interesados, es ilustrativo este párrafo de un documento del gremio Sejun:
“(…) las irregularidades detectadas en la "Obra ciudad Judicial", en la cual se detectó que un mingitorio para el sector detenidos cuesta c/u $20.000 y sobre un total de 16 resulta la friolera suma de $320.000 unicamente en este rubro”.
“El metro cuadrado de una obra en construcción del edificio que actualmente se construye en esta ciudad y que dentro del confort consta de una piscina, es más barato que el presupuestado para la obra de la "Ciudad Judicial". Otro dato ilustrativo, ambas obras las realiza la Empresa Riva SA”.
Pero incluso podría ser necesario ir más atrás en la historia. Hasta la época del anteproyecto, de la licitación que una empresa impugnó y luego ganó, del administrador que fue separado del cargo y volvió…
E incluso más atrás y así, quién sabe, quizá hasta podría saberse la verdadera razón por la cual nunca el Tribunal Superior de la década del 90 invirtió sus 20 millones de dólares ahorrados en poner un solo ladrillo.
