Tremendo el pronóstico para la Argentina: vaticina que la presidenta no llega al final de su mandato. ¿Será una expresión de deseos o esta gente tiene información que desconocemos?
La palabra, feúcha pobre, tuvo sus minutos de fama en 2006 cuando se debatió la creación del Consejo de la Magistratura. Como citar fuentes eruditas brinda una pátina de erudición, diré que significa según el diccionario de la RAE, “falta de coincidencia temporal en los hechos”.
Nosotros, por supuesto, no la utilizamos con su sentido exacto. Los que no sincronizan aquí son los gobiernos con ciertos institutos de la justicia.
Vamos a los ejemplos así nos entendemos mejor.
Hoy recibieron acuerdo los diez conjueces. Recibieron 26 votos a favor (del MPN, la Concertación y Goncalves de Alternativa), la abstención del Interbloque (Rachid, Baum, Sánchez) y la oposición de Paula Sánchez, Soledad Martínez y Rodolfo Canini. Para la anécdota quedó, otra vez, Andrada: recibió un apoyo menos por la temporal ausencia de Yenny Fonfach de su banca.
De acuerdo con el artículo 7 de la ley 2601, tendrán mandato por cuatro años.
Es decir que, siga Jorge Sapag en el gobierno por otro período o no (para lo cual primero debe postularse a la reelección en 2011 y después ganar el comicio) su lista de conjueces lo sobrevivirá hasta 2013.
Otros supervivientes a su actual gestión serán los integrantes del Consejo de la Magistratura que el bloque del MPN, su bloque, designe en febrero de 2011 y que también tendrán mandato por cuatro años.
Y ni hablar de los tres vocales que eligió para el Tribunal Superior de Justicia, más el cuarto que estará en condiciones de elegir a partir del 21 de diciembre cuando se jubile Felipe Cía.
Il Segretario per la Sicurezza, Guillermo Pellini, dijo que van a instalar cámaras en las stazione de polizei porque “si no, es la palabra del detenido contra la del efectivo” cuando se presentan casos de apremios ilegales.
O sea: La palabra perdió valor, lo único que cuenta es la imagen. Somos seres visuales, racionales, dotados de un lenguaje, pero lo que ven nuestros ojos y explican nuestras palabras no basta, necesitamos una extrensión electrónica que grabe y reproduzca para que los otros nos crean.
Pellini intentó exhibirlo como una política del gobierno cuando en realidad es una decisión hija de la necesidad. (Cómo cambiaron las prioridades: un antecesor suyo en el cargo quería cámaras en las esquinas donde se concentran las protestas sociales).
Ya sabemos que las cámaras no garantizan nada (se descomponen en los momentos claves, recordar el caso Ávalos, o tienen estratégicos puntos ciegos, recordar la visita al cine de Nicolás Rinaldi) sin contar con que serán operadas por los mismos polizei.
Si fueran infalibles no existirían fugas ni represiones en la Unidad de Detención 11, donde hay más cámaras que en un hipermercado.
Tampoco está claro a quiénes van a osservare: si a los que entran a las stazione o a los que ya están adentro. “Vigilantes vigilados”, tituló el noticiero de Canal 7 el martes a la noche; “Gran Hermano uniformado”, la edición on line de Río Negro.
“A las marchas no llevamos bolitas ni gomeras, llevamos cámaras porque es la única manera de registrar lo que nos hace la policía”, dijo Alejandro López en el juicio por el caso Alveal.
La frase tiene un toque demagógico pero no es del todo falsa. A este paso media provincia vigilará a la otra mitad. Lo que no está registrado en video no pasó, y lo que sí fue filmado puede no ser suficiente prueba (recordar lo que sucedió con Teresa Rodríguez y con el mismo caso Alveal).
Me han dicho que Pellini conoce, porque se lo contaron, el crítico panorama que hay en las stazione de polizei. Su segundo, Novoa, es un ex comisario barrido por la traumática purga de diciembre de 2006. El hijo de una empleada suya es la más reciente víctima de la mano dura en los calabozos, lo cual derivó en una fuerte discusión entre ambos funcionarios.
En este contexto me pareció muy recomendable la lectura de este trabajo de Fabio Villarruel y Esteban Rodríguez, abogados del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, La Plata), titulado “Parar los libros”: La doble vida de la policía.
Dice en uno de sus párrafos:
“Muchas de las acciones que componen la rutina policial no constituyen en sí mismos un delito o una falta policial, o resultan difíciles de visualizarlos como tales, más aún si se trata de prácticas que se han naturalizado, inscripto en la vida diaria de las víctimas; o son prácticas para las cuales no existen o no se revieron mecanismos de control eficientes; o cuentan –lisa y llanamente- con el consentimiento del poder judicial. Consentimiento que, dicho sea de paso, supone admitir, como tantas veces hemos consignado, que “no hay maldita policía sin maldito poder judicial”-. Ese asentimiento, hay que rastrearlo en la pereza institucional del funcionario que certifica las actuaciones policiales sin tomarse la molestia de leerlas o ponerse a estudiar, es decir, en la falta de investigación y control por parte de la agencia judicial; en la inoperancia burocrática; y también en los prejuicios y el espíritu de revancha con el que suele trabajar la familia judicial en general”.
Con cámaras o sin cámaras, hay otros lugares por los cuales empezar.
Socorro Martínez le obsequió a Jorge Sapag un centro de evacuaciones móvil, ideal para quienes se tienen que ir de sus casas imprevistamente en busca de refugio que los ampare del temporal o la crecida.
Detesto caer en el chiste fácil pero todo me pareció simbólico: el nombre de la embajadora, el material que entrega, y que lo reciba Sapag a pocos días de la amenaza de un deshielo sobischista.
