Las reflexiones que transcribo a continuación pertenecen al camarista Emilio Castro, y están incluidas en el punto 11 de la sentencia leída hoy, por la cual se absolvió a todos los empleados y dirigentes gremiales municipales acusados de amenazar al ex intendente Horacio Quiroga y de malversar bienes del municipio.
Realizo la transcripción debido a que es poco frecuente encontrar, en los fallos de nuestros tribunales, reflexiones de esta naturaleza.
“A modo de colofón: una vez un alto funcionario dijo que los jueces debían mirar al futuro. No aclaró nunca a qué se refería, porque un juez que acata el Derecho por sobre exigencias contingentes, mira al futuro. Pero acepto el reproche, sólo que en ese sentido: mirar lejos, mirar las consecuencias a distancia y en relación a los valores sociales superiores, no sólo en el momento, no sólo la contingencia.-
“Porque alguien podría suponer de estas absoluciones, que los desmanes y aberraciones ocurridos en Junio de 2005 son jurídica o moralmente indiferentes, que se puede ocupar edificios públicos, difamar, cometer toda clase obscenidades, impunemente. Que eso está bien si lo que se persigue es un fin justo.-
“No es así. Del hecho de que ninguno de los cargos que nos han convocado todo a lo largo de una semana sea delito, no debe concluirse que es lícito ocupar edificios públicos ni destruir o dañar bienes afectados al servicio público. Ni, en general, que sea lícito cometer desmanes para obtener algo a lo que alguien se considere con derecho.-
“Tampoco puede inferirse que avalamos los medios de lucha política o sindical, ni de ninguna clase, injuriosos, dañinos, inmorales; menos la inmundicia que se utilizó en el bochornoso episodio de Junio del 2005.-
“El fin no justifica los medios.-
“Todo esto lo reprobamos categóricamente.-
“Lo que ocurre es que nada de eso llegó a este juicio, y no podemos condenar (o absolver) más que lo que nos es propuesto a juicio.-
“Para equilibrar, que no queden malos entendidos: tampoco acepto que se pretenda hacer pagar todo este entuerto a dieciséis modestos operarios, ni a nadie, fabricando delitos imaginarios, cuya absurdidad es evidente.-
“Ni que se pretenda utilizar a la Administración de Justicia para dirimir conflictos político-partidarios”.
El Centro de Información Judicial hizo una interpretación bastante distinta a la que hace el diario sobre el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca relativo a la participación de los organismos de Derechos Humanos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad.
Como ya sabrán, el jueves comienzan en Neuquén las séptimas jornadas patagónicas para la reforma procesal penal, y uno de los temas en debate será el rol de la querella.
Al respecto conseguí este artículo del camarista y director regional del Inecip Richard Trincheri que aporta su enfoque sobre la cuestión.
Años atrás hubo mucho ruido en la provincia con el tema del impuesto a los sellos a Repsol por la renovación de los contratos.
Hoy informa Diario Judicial que “con los votos de seis de sus ministros (Eugenio Zaffaroni no se pronunció), la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “improcedente” las pretensiones de Tucumán, Entre Ríos y El Chaco de gravar con el impuesto de sellos local a las empresas YPF, Petrobrás y Esso”.
Por supuesto que los casos no son idénticos, pero quizá les sirva tener los antecedentes y por eso los he linkeado.
La nota de Diario Judicial y el fallo completo, aquí, y otro antecedente, aquí.
Desde la semana pasada circula el rumor de que Julio Fuentes y otros dirigentes de ATE y UNE volverán a ser juzgados por las agresiones al ex administrador del ISSN, Gerardo Hettinger.
Se dice que el Tribunal Superior de Justicia anulará el fallo que los absolvió en marzo de 2007, y del cual pueden encontrar una copia aquí y un poco más abajo.
¿Y por qué podría suceder tal cosa? Por una de las paradojas de la historia.
Fuentes, Sagredo y otros fueron a juicio oral acusados de golpear a Hettinger y exigirle que renuncie al ISSN. Los defendieron Mariano Mansilla y Juan Manuel Salgado.
Enfrente estuvieron el fiscal Rómulo Patti y Marcelo Inaudi como querellante.
Patti no acusó a la mayoría de los imputados. Inaudi los acusó a todos, y hasta pidió penas de prisión de cumplimiento efectivo.
La Cámara Criminal Primera absolvió aplicando la doctrina de la Corte según la cual si el fiscal no acusa, el tribunal no puede condenar. Y atribuyó a la querella mero carácter adhesivo.
Si leen en fallo verán que los jueces de la Cámara aluden al caso “Sabio”, que por entonces (marzo de 2007) sólo tenía trascendencia provincial.
En la causa “Sabio”, originaria de Zapala, el fiscal del juicio no acusó, el querellante sí, la Cámara absolvió, el querellante fue en casación al Tribunal Superior de Justicia que volvió a absolver.
Resulta que el querellante fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual anuló el fallo y ordenó dictar otro. Esto sucedió cuatro meses después de las absoluciones en la causa “Fuentes”.
La Corte impuso como doctrina que el querellante está habilitado para solicitar que la causa llegue a juicio, y luego solicitar que se sancione a los acusados, haya o no existido acusación del fiscal.
Es decir que a partir de la doctrina de la Corte el querellante tiene facultades autónomas tanto para lograr que la causa llegue a juicio, como para solicitar la imposición de una pena, cuente o no con el aval del fiscal. (Pueden consultar al respecto esta columna de Andrés Repetto).
Conclusión: si este TSJ neuquino reloaded se vuelve a basar en Sabio pero en la versión remixada por la Corte, podría anular el fallo en la causa Fuentes.
La paradoja mencionada está en que el querellante en la causa “Sabio” que obtuvo tamaño logro en la Corte fue Juan Manuel Salgado, uno de los defensores de Fuentes.
Se le suma que varias organizaciones, entre ellas ATE, le están pidiendo a la Legislatura que modifique el Código Procesal Penal neuquino para darle más atribuciones al querellante.
Una muestra más de que las herramientas procesales son eso, herramientas, con filo de ambos lados.
Otros detalles: en la causa “Sabio” uno de los imputados es Daniel Vita, presidente (o ex) del Colegio de Abogados de Junín de los Andes y camarista sin acuerdo de la Cámara de San Martín de los Andes.
El fallo del TSJ en esa causa (luego revocado por la Corte) lo firmaron Fernández, Sommariva y Badano.
Una copia del fallo de la Corte en la causa “Sabio”, aquí.
Una mención en el blog al proyecto para modificar el artículo 70 del Código Procesal Penal, aquí.
Aquí está la resolución del Tribunal Superior de Justicia que declara inadmisible el recurso de casación de la defensa de Juan Hermosilla Soto, el hombre que atropelló y mató a dos adolescentes cuando conducía alcoholizado.
Las primeras notas del diario sobre el tema pueden leerlas aquí y aquí.
El 21 de setiembre se cumple un año de este episodio que me resisto a calificar de accidente.
Recordarán la conmoción que causó, una de cuyas secuelas fue la instauración de controles de alcoholismo en las calles de la ciudad de Neuquén.
Esos controles permitieron establecer que al menos el 10% de los conductores lo hace alcoholizado por lo menos los sábados a la noche.
El dictado de la prisión preventiva a Hermosilla Soto, confirmada por la Cámara de Apelaciones y ahora por el Tribunal Superior de Justicia, me parece de las resoluciones salientes entre las emitidas por la justicia neuquina en los últimos tiempos.
Lo es porque muy pocos tribunales del país aplican este criterio ante casos así.
Por mi parte, no creo que meter presos a los conductores que provocan este tipo de desastres sea la solución. Pero nadie parece tener la clave, ni aquí ni en el mundo, para llevar a cero los índices de siniestralidad.
Desde la mediatización del caso María Victoria Mon, hace más de una década, la sociedad parece prestarle más atención a estos temas, sin que por ello haya bajado la cantidad de siniestros automovilísticos.
Ahora que Mansilla dice que irá por la presidencia del Concejo Deliberante conviene tener presente este reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre un caso análogo en Rincón de los Sauces.
Piden que los jueces garanticen asistencia a las víctimas.
Lo dispuso la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en dos causas en las que revocó los sobreseimientos de imputados por abuso sexual y lesiones. Dijo que los magistrados deben prestar atención a las políticas públicas que viene desarrollando el Poder Judicial.
