Antes de que cerrara el plazo de inscripción, dos personas me dijeron quiénes serían los ganadores del concurso para la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública.
Una persona me nombró a Di Maggio, la otra (sin ninguna vinculación con la anterior, creo que ni se conocen) me nombró a Squetino.
Ninguna de estas dos fuentes tiene –ni tenía en esa época- buena relación con ninguno de los dos concursantes.
En cuanto a mí, los conocía apenas superficialmente.
Lo tomé como parte del folclore. Siempre que se abre un concurso hay un presunto “número puesto” para ganarlo.
Pero esta vez me propuse, como una especie de juego irónico vinculado con la guerra de rumores que rodea cada concurso, plantear la historia del sobre en el que iba poniendo los nombres de quienes, según los pronósticos previos que circulaban, serían ganadores.
La cuestión es que cerró el plazo de inscripciones, luego cerró la etapa de evaluación de los antecedentes, y Di Maggio quedó primero y Squetino última.
En esa oportunidad publiqué un post en el cual consigné que solo una persona me había dado el nombre de Di Maggio.
El concurso avanzó, y en el blog algunos lectores iban dejando votos a favor de tal o de cual concursante.
¿Por qué no los publiqué? En especial, porque creí que era una manera de no presionar a los consejeros con una encuesta que no tenía nada de científico.
Tampoco quería hacer el papel de idiota útil: puedo suponer los efectos de publicar determinadas informaciones (nunca neutras, siempre suministradas a la prensa con alguna intención) en medio de un concurso.
Cuando llegó el momento de las entrevistas personales, mencioné (en este largo post) que Squetino era la que más votos había recibido. (Maitini la seguía de cerca).
Pero más que eso, nunca dejé de tener presente que antes de que cerrara el plazo de inscripción, una fuente me había mencionado que ella sería la ganadora.
No ganó, pero salió segunda en los dos concursos. Si la Legislatura rechaza al primero, tendrá su oportunidad.
A esta altura me pregunto si tiene sentido explicar todo esto.
Me siento bastante estúpido, y más después de haber hablado hace unas horas con una tercera fuente (que tampoco tiene vinculación con las dos anteriores) que me comentó que antes de que cerrara el plazo de inscripción, le habían dado los nombres de los ganadores de los dos concursos. Y sin margen de error.
Si algo de positivo hay en todo esto, es que la discusión en torno de los concursos es cada vez mayor. Faltaría que más actores se pronunciaran en forma pública, pero supongo que ya va a llegar ese momento.
Por mi parte he tratado de ser respetuoso de todas las personas que se han visto involucradas en este largo y complejo proceso.
No me consta que ni Di Maggio, ni Squetino ni Maitini sean responsables de los rumores que los mencionaban como posibles ganadores.
Y si tengo sospechas todos las conocen porque no las oculté, las hice explícitas y son respecto del procedimiento que puede ser público y aun así no ser transparente.
Si encuentro criticable que haya ganado Di Maggio, no es porque asocie en forma directa MPN con corrupción, sino porque creo que si asume como fiscal e investiga como corresponde, se va a tener que excusar o lo van a recusar en todas las causas, porque su militancia política lo va a mantener siempre bajo sospecha, sea esto justo o injusto.
¿Cuánto tardará en aparecer alguien que diga que su triunfo es parte del acuerdo Sapag-Sobisch? Su legitimidad nace manchada.
Di Maggio podría desempeñarse en otro puesto de la justicia y quizá no merecería ninguna objeción.
Pero un afiliado de tantos años al partido que gobierna a esta provincia desde la década del 60 no puede pasar a investigar a miembros de ese partido de un día para el otro sin levantar rumores a cada paso que dé.
Ojalá me haya equivocado y el resultado de este concurso haya sido producto de un proceder intachable.
Ojalá también que el resultado del concurso de la Cámara de San Martín y que el resultado del primer concurso que organizó el Consejo de la Magistratura hayan sido producto de un proceder intachable.
Y ojalá que no sea cierto que hay un juez jubilado que piensa presentarse cuando llamen a concurso para cubrir un cargo de juez civil, para utilizarlo como trampolín y después presentarse al concurso para cubrir un cargo de juez de Cámara Civil, porque sabe que va a ganar los dos concursos.
El domingo votó poca, muy poca gente en la interna del MPN. Uno de ellos fue el que ayer eligieron fiscal anticorrupción.
Bueno. Los detalles formales sobre el resultado del concurso para elegir fiscales de Delitos Violentos contra la Propiedad y Delitos contra la Administración Pública, así como las declaraciones del ganador, podrán leerlos en el diario.
Quisiera aprovechar que por primera vez asisto a una reunión de… ¿cómo se llama? ¿puesta de puntajes por las entrevistas personales? para hacer algunas observaciones sobre la transparencia, o falta de, que tienen los procesos del Consejo de la Magistratura (en adelante, CM).
Puede sonar descortés hablar tan abiertamente de estos temas porque se supone que las instituciones están integradas por hombres y mujeres honorables, y aquí vamos (voy) a plantarme en el terreno de la desconfianza.
Esto es consecuencia de que las instituciones nos vienen jugando una mala partida (las de la República y las otras: los bancos, la prensa, la iglesia, la lista es larga y viene de hace tiempo).
Repasemos cómo es el proceso de selección de los futuros magistrados y funcionarios, con algunas acotaciones.
Nuestra candidata (una mujer para este caso) se entera de que hay un concurso abierto, va y presenta sus antecedentes.
Cada uno de los siete consejeros los analiza siguiendo criterios estipulados en la ley 2533 (reglamentaria del CM) y le otorga un puntaje.
Primera cuestión que puede ocurrir: que la candidata se anote a más de un concurso, y obtenga puntaje distinto por sus antecedentes según el concurso del que se trate. Esto ya desorienta a quien mira desde afuera y merece que lo expliquen.
Los siete puntajes se promedian y dan como resultado el orden de mérito por antecedentes de los/las candidatos/as.
Nuestra candidata también puede impugnar el puntaje que le dieron a ella y/o el puntaje que le dieron al resto de los participantes.
Creo que el CM ya aprendió la lección de que esto debe resolverse de inmediato. Si bien están facultados para diferirlo y resolverlo al final del proceso, la experiencia de lo que sucedió con el concurso para la Cámara de San Martín de los Andes aconseja otra cosa.
Según la ley, un candidato puede obtener hasta 40 puntos por sus antecedentes, pero rara vez superan los 20. Ya veremos la importancia que tiene esto. (Y no nos referimos a que los que se anotan en los concursos parece que tienen pobres antecedentes, lo cual supone que habrá una disminución en la calidad del servicio que prestarán en caso de ganar).
Luego viene la etapa de los exámenes escrito y oral. El puntaje en este caso (hasta 40 puntos más) no lo otorga ninguno de los consejeros, sino quienes fueron convocados como jurados (uno de ellos, de “extraña jurisdicción”, es decir, de otra provincia).
Con el resultado del examen se elabora el orden de mérito técnico.
Nuestra candidata también puede impugar el resultado de este tramo de la evaluación. En ese caso, el CM le remitirá la impugnación a los jurados, recibirá la respuesta y la conocerá.
Es así. Los consejeros saben si el jurado ratificó o rectificó el puntaje que le otorgó a nuestra concursante.
A esta altura del concurso, los consejeros ya conocen dos de los tres puntajes necesarios para que haya un ganador.
Y entonces viene la entrevista personal, la más discrecional de todas, en la que pueden poner el puntaje que se les antoje y fundamentarlo en la íntima convicción.
¿Recuerdan que por antecedentes los/las candidatos/candidatas puede recibir hasta 40 puntos pero rara vez pasan los 20? Eso hace que la entrevista personal (que otorga hasta 20 puntos más) sea tan determinante.
Nuestra candidata se presenta y es interrogada sobre diversos temas supuestamente vinculados con el cargo para el cual concursa.
Y digo supuestamente porque he visto candidatos que respondieron sobre otros temas, y no sobre la función que aspiran a cumplir. Fue el caso de Ignacio Di Maggio, ganador del concurso de fiscal para Delitos contra la Administración Pública.
Ya que estamos con ese concurso: las entrevistas personales empezaron el 13 de abril, y sus resultados se conocieron el 5 de mayo.
Se supone que en todo ese tiempo, los siete consejeros no hablaron entre sí sobre el puntaje que le otorgarían a cada concursante. Es decir, no acordaron quién gana y quién pierde.
Ese puntaje, supuestamente, recién lo dieron a conocer en la reunión pública del 5 de mayo, cuando le entregaron a la secretaria una planilla donde consignaban la calificación que les merecía cada concursante por la entrevista personal.
Hubo calificaciones sorprendentes.
En el blog se anticipó que Gustavo Olivera le pondría una nota de cero o cercana a cero a Di Maggio: pues bien, le puso un 3.
Con todo lo descalificante que puede parecer, le encuentro más sentido que a los 18 puntos que le pusieron Omar Lavaggi y Alfredo Osés, teniendo en cuenta que Di Maggio no habló sobre lo que piensa hacer como fiscal de Delitos contra la Administración Pública.
Se defendió de todas las críticas, pero no tuvo tiempo de hablar sobre lo que hará como fiscal.
Supongamos que estos consejeros se convencieron de que las críticas y acusaciones en su contra no tienen sustento. ¿En base a eso le pusieron semejante puntaje que compensó largamente el 3 de Olivera y lo depositó en la cúspide del podio?
Miremos el caso de María Luisa Squetino, a quien muchos señalaban como “la elegida”.
Por antecedentes, apenas 4,28 puntos, fue última en el orden de mérito.
En el examen, brillante: 36 puntos sobre 40. Sólo la superó Di Maggio. Allí ratificó su carácter de candidata.
Y en la entrevista personal todos estuvieron muy generosos con ella: Altamirano le adjudicó el porcentaje más bajo, 17, Osés le dio 19, y el resto le puso el máximo: 20 puntos.
Promedio, 19,42, por lejos el más alto de todos. Superó incluso los 18,42 puntos que obtuvo ella misma en su otra postulación, para fiscal de Delitos Violentos contra la Propiedad.
Como decía, el decisivo puntaje por la entrevista personal se conoció hoy, 23 días después de haber sido formuladas. Y en el medio hubo dos postergaciones.
A tal punto se salieron de los plazos para definir al ganador del concurso que los consejeros se autorizaron a sí mismos una prórroga.
Algunos consejeros me han dicho que es muy difícil que siete personas de distinta extracción se pongan de acuerdo para favorecer o sabotear a un candidato, y que la alquimia numérica es demasiado compleja.
Muy difícil, pero no imposible.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si los consejeros dieran el puntaje a cada candidato apenas terminada la entrevista personal?
Una de las razones por las cuales escribo todo esto es porque antes de que cerrara el período de inscripción de los candidatos, una fuente me dijo que iba a ganar Di Maggio y otra fuente me dijo que iba a ganar Squetino.
Di Maggio salió primero, Squetino segunda.
El juego del sobre con las votaciones se me ocurrió porque empezaron a lloverme versiones sobre los ganadores.
Algunas eran claros intentos de posicionar a alguien. Ya ni vale la pena publicarlas.
Porque ninguna de las versiones fueron tan precisas como estas dos. Su valor agregado es la fecha en que me llegaron.
Hasta aquí mis observaciones, que pueden ser enriquecidas, rebatidas o ignoradas según el ánimo de cada quien. En el siguiente post están las planillas con todos los puntajes.
Por si no se nota, esto me tiene bastante molesto.
Aquí hay una larga lista de planillas para que vean, comparen, saquen conclusiones.
Los puntajes por las entrevistas personales y los puntajes finales son, en algunos casos, los que se escucharon desde la primera fila donde estaba anotando. Cualquier duda, pedir información oficial al CM.
Este es el orden de mérito tras los exámenes oral y escrito a los candidatos de los concursos 20 y 21.
El 20 es para elegir un cargo de Juez de primera Instancia con destino al Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 1 de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.
El 21 es para elegir un cargo de Defensor Oficial, con destino a la Defensoría Civil de la III Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Zapala.
Las entrevistas personales serán el lunes.
En cuanto a los fiscales… no, no los eligieron hoy como estaba previsto, lo postergaron por lo menos una semana más. Apenas pueda subiré una crónica de lo que fue la sesión de la mañana del Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura intentará reunir quórum mañana para debatir el puntaje que le corresponde a cada candidato y candidata a las fiscalías de Delitos contra la Administración Pública y la fiscalía de Delitos Violentos contra la Propiedad luego de las entrevistas personales.
Es el último paso antes de elaborar el orden de mérito definitivo. Es decir que mañana, en una audiencia que es pública, se sabrá quiénes son los/las próximos/próximas titulares de esas fiscalías claves (dando por descontado que obtendrán acuerdo legislativo).
El concurso viene, según mis cuentas, con los plazos desbordados.
El artículo 21 de la ley 2533 (reglamentaria del CM) dice: “Concursos. Etapas. Puntaje. Los concursos deben realizarse en un plazo de duración no mayor de cuarenta y cinco (45) días de realizada la convocatoria pública (…)”.
En tanto el artículo 3 del reglamento de concursos establece que “todos los plazos se cuentan por días hábiles judiciales, salvo los casos en que el presente reglamento o el Pleno establezcan lo contrario”.
Establecido lo cual, según los registros oficiales la convocatoria pública se hizo el 10 de febrero. Mañana martes se cumplen 49 días. El cierre de inscripción para el concurso fue el 20 de febrero, hace 43 días.
Seguramente los consejeros lo tuvieron en cuenta y debe haber algún instrumento legal que autoriza el exceso.
Tampoco es para alarmarse tanto. Los organismos judiciales o extrajudiciales o parajudiciales de la provincia hacen tradición en esto de no respetar los plazos (jurados de enjuiciamiento incluidos).
Tampoco los cumple la Legislatura, que dispone de 60 días para tratar el pliego de un candidato, y desde el 28 de noviembre del año pasado no resuelve quién será el tercer integrante de la Cámara de San Martín de los Andes.
Menciono esa fecha porque fue la de ingreso del expediente de Eduardo Sagües, siguiente en el orden de mérito.
A propósito, el otro día buscando novedades sobre el pedido de jury contra Pablo Vignaroli, me enteré de que un abogado llamado Duarte presentó un pedido de jury contra Sagües, algo que hasta ahora no había tomado trascendencia pública.
