Evaluación preliminar de los antecedentes de los postulantes que han rendido la prueba de oposición en el Concurso 233, destinado a cubrir un cargo de juez de primera instancia en la Juzgado Federal N° 2 de Neuquén. Click aquí.
Desde la semana pasada circula el rumor de que Julio Fuentes y otros dirigentes de ATE y UNE volverán a ser juzgados por las agresiones al ex administrador del ISSN, Gerardo Hettinger.
Se dice que el Tribunal Superior de Justicia anulará el fallo que los absolvió en marzo de 2007, y del cual pueden encontrar una copia aquí y un poco más abajo.
¿Y por qué podría suceder tal cosa? Por una de las paradojas de la historia.
Fuentes, Sagredo y otros fueron a juicio oral acusados de golpear a Hettinger y exigirle que renuncie al ISSN. Los defendieron Mariano Mansilla y Juan Manuel Salgado.
Enfrente estuvieron el fiscal Rómulo Patti y Marcelo Inaudi como querellante.
Patti no acusó a la mayoría de los imputados. Inaudi los acusó a todos, y hasta pidió penas de prisión de cumplimiento efectivo.
La Cámara Criminal Primera absolvió aplicando la doctrina de la Corte según la cual si el fiscal no acusa, el tribunal no puede condenar. Y atribuyó a la querella mero carácter adhesivo.
Si leen en fallo verán que los jueces de la Cámara aluden al caso “Sabio”, que por entonces (marzo de 2007) sólo tenía trascendencia provincial.
En la causa “Sabio”, originaria de Zapala, el fiscal del juicio no acusó, el querellante sí, la Cámara absolvió, el querellante fue en casación al Tribunal Superior de Justicia que volvió a absolver.
Resulta que el querellante fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual anuló el fallo y ordenó dictar otro. Esto sucedió cuatro meses después de las absoluciones en la causa “Fuentes”.
La Corte impuso como doctrina que el querellante está habilitado para solicitar que la causa llegue a juicio, y luego solicitar que se sancione a los acusados, haya o no existido acusación del fiscal.
Es decir que a partir de la doctrina de la Corte el querellante tiene facultades autónomas tanto para lograr que la causa llegue a juicio, como para solicitar la imposición de una pena, cuente o no con el aval del fiscal. (Pueden consultar al respecto esta columna de Andrés Repetto).
Conclusión: si este TSJ neuquino reloaded se vuelve a basar en Sabio pero en la versión remixada por la Corte, podría anular el fallo en la causa Fuentes.
La paradoja mencionada está en que el querellante en la causa “Sabio” que obtuvo tamaño logro en la Corte fue Juan Manuel Salgado, uno de los defensores de Fuentes.
Se le suma que varias organizaciones, entre ellas ATE, le están pidiendo a la Legislatura que modifique el Código Procesal Penal neuquino para darle más atribuciones al querellante.
Una muestra más de que las herramientas procesales son eso, herramientas, con filo de ambos lados.
Otros detalles: en la causa “Sabio” uno de los imputados es Daniel Vita, presidente (o ex) del Colegio de Abogados de Junín de los Andes y camarista sin acuerdo de la Cámara de San Martín de los Andes.
El fallo del TSJ en esa causa (luego revocado por la Corte) lo firmaron Fernández, Sommariva y Badano.
Una copia del fallo de la Corte en la causa “Sabio”, aquí.
Una mención en el blog al proyecto para modificar el artículo 70 del Código Procesal Penal, aquí.
Este acuerdo del Tribunal Superior de Justicia cierra un controvertido asunto que explotó a fines de 2007 y discurrió durante buena parte de 2008: el caso de la licencia psiquiátrica al camarista Héctor Rimaro.
A la vez abre otro capítulo. Los considerandos y la parte resolutiva son fuertes: nulifican todo y mandan a investigar al cuerpo de psiquiatras del Poder Judicial. Por unanimidad.
Está la presunción, nada menos, de que le impusieron sin fundamentos una licencia psiquiátrica de 30 días a un juez de Cámara, el cargo más alto en la magistratura.
Y que lo habrían hecho como represalia por su voto en una causa de altísimo interés para el poder político: Fuentealba II.
Ya hubo un intento por investigar penalmente estos hechos pero la fiscal Soledad Rangone pidió el archivo de las actuaciones y el juez Juan Gago le hizo lugar.
No sé si es cierto ni me consta que, como dicen, en la casa de la fiscal en Neuquén se realizan reuniones sociales a las que asiste el vocal destituido, potencial imputado en la causa y directo beneficiado con el pedido de sobreseimiento. Pero son tantos los que lo repiten que alguno bien podría declararlo. Son funcionarios públicos, ¿o no?
ATEN denuncia que el TSJ quiere "intervenir" en la causa Funtealba II y que le dieron licencia "compulsiva" a un camarista. Click aquí.
Intentaron separar a un juez. Lo denunció la Asociación de Magistrados. Desmienten que haya pedido una licencia. Badano dice (el 02-12-07) que el camarista lo entrevistó para pedirle una licencia. Click aquí.
Rimaro: "El dictamen del médico es absolutamente falso". Click aquí.
Investigan si Badano cometió un delito con Rimaro. Click aquí.
A Rimaro "lo consideraba un amigo". Declaración de Badano del 24-4-2008 en la que dice que el camarista le pidió pasar al archivo, no una licencia. Click aquí.
Ante la comisión investigadora de la Legislatura, Rimaro negó haber pedido una licencia médica. Habló de su relación con Badano, Patti y Varessio. Click aquí.
Aquí está la resolución del Tribunal Superior de Justicia que declara inadmisible el recurso de casación de la defensa de Juan Hermosilla Soto, el hombre que atropelló y mató a dos adolescentes cuando conducía alcoholizado.
Las primeras notas del diario sobre el tema pueden leerlas aquí y aquí.
El 21 de setiembre se cumple un año de este episodio que me resisto a calificar de accidente.
Recordarán la conmoción que causó, una de cuyas secuelas fue la instauración de controles de alcoholismo en las calles de la ciudad de Neuquén.
Esos controles permitieron establecer que al menos el 10% de los conductores lo hace alcoholizado por lo menos los sábados a la noche.
El dictado de la prisión preventiva a Hermosilla Soto, confirmada por la Cámara de Apelaciones y ahora por el Tribunal Superior de Justicia, me parece de las resoluciones salientes entre las emitidas por la justicia neuquina en los últimos tiempos.
Lo es porque muy pocos tribunales del país aplican este criterio ante casos así.
Por mi parte, no creo que meter presos a los conductores que provocan este tipo de desastres sea la solución. Pero nadie parece tener la clave, ni aquí ni en el mundo, para llevar a cero los índices de siniestralidad.
Desde la mediatización del caso María Victoria Mon, hace más de una década, la sociedad parece prestarle más atención a estos temas, sin que por ello haya bajado la cantidad de siniestros automovilísticos.
Los mingitorios de la Ciudad Judicial ya tienen patente de escándalo nacional, como pueden ver en esta nota.
Inaudi (UCR), quien en una reunión legislativa preguntó si tenían wi-fi y por eso eran tan caros, se ha convertido en uno de los paladines de la denuncia de los presuntos sobreprecios.
Pero detrás hay otras pulseadas.
Al parecer el primero que miró en detalle los números del edificio que se construye sobre calle Leloir fue Guillermo Labate, tal como hace más de un año anticipamos en el blog que haría (el vocal está mirando hasta cuánto se gasta en yerba).
Inaudi retomó el tema cuando el Administrador del Poder Judicial fue a la Legislatura (click aquí).
Con el escándalo instalado en el diario, la Cámara de Apelaciones pidió de oficio una investigación, y Alberto Tribug desde Buenos Aires ordenó a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública que actúe.
Pablo Vignaroli tomó el tema (quién si no) y citó a declarar como testigo a Inaudi, quien ratificó la denuncia. O más precisamente, le dio elementos al fiscal para que siga la investigación.
También blanqueó que Labate le había mencionado el tema del precio de los mingitorios en una de las reuniones que tuvieron este año con motivo de integrar, ambos, el Jurado de Enjuiciamiento.
Por ejemplo, que sería la segunda vez que Labate intenta dejar expuesto a Tribug. La anterior fue con los presuntos sobreprecios de la cárcel de Senillosa que el vocal denunció pero aclarando que la tarea de investigar le correspondía a otro organismo. A las corridas, Tribug mandó a abrir una IPF (investigación preliminaria fiscal).
El motivo de estos roces habría que buscarlo en una antigua disputa laboral que involucra a la hija del fiscal del TSJ, empleada del juzgado federal.
Y respecto de la cruzada emprendida por Inaudi, en el gobierno se preguntan si el abogado cordobés no esconde alguna otra jugada.
Les llama la atención que ningún otro diputado lo acompañe con entusiasmo, y están listos para recordarle -si es necesario- que patinó al denunciar que habían perdido o cajoneado un expediente en la Legislatura vinculado con la expropiación de tierras de Senillosa.
Es así, todos los caminos se cruzan en este pequeño reino.
¿Tienen que jurar de nuevo todos los ministros por la reforma (bueno, de alguna forma hay que llamarla) de gabinete?
Mi asesor especializado en la materia piensa que sólo deben jurar los nuevos ministros, pero no los ministros que ya eran ministros y a los que les agregaron o quitaron áreas de sus respectivos ministerios.
Clarísimo: sólo tendrían que jurar Zulma Reina (ministra de Coordinación) y César Pérez (ministro de Desarrollo Social).
Aunque atención: según el Boletín Oficial de hoy, los cambios aún no se produjeron.
El decreto no está publicado y en la tapa del Boletín figuran los ministros con los cargos que tenían antes de que un comunicado de prensa informara sobre lo que hemos convenido en llamar reforma de gabinete.
Ya está publicado el último acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (click aquí para verlo). Es el 4431, del 2 de setiembre pasado.
Como siempre trae información interesante. Me entero que renunció para jubilarse el defensor de cámara Carlos Lardit, quien cuando era juez correccional adoptó la teoría de la exclusión según la cual hay decisiones políticas que la justicia no puede resolver.
Con ese argumento absolvió a Sergio Gallia, concejales de Plottier y de Centenario, en una de las causas de los ATN. El TSJ confirmó la sentencia con un fallo que estoy buscando en mi desordenado archivo sin poder hallarlo hasta ahora.
Supongo que antes de jubilarse, Lardit se habrá garantizado el cierre del sumario que le iniciaron, sobre todo luego de la absolución que le dio la justicia rionegrina.
Será interesante observar con cuánta rapidez se convoca a concurso para cubrir esta vacante.
