Me parece que les está fallando el pálpito a quienes votaron en la encuesta (que encontrarán un poco más abajo) sobre qué creen que harán los diputados con los pliegos de los ganadores del concurso para la Cámara de San Martín de los Andes.
Por lo pronto, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura decidió este mediodía por unanimidad pedirle al Consejo de la Magistratura los antecedentes completos del concurso, para examinarlos.
¿Qué pasaría si el Consejo de la Magistratura se negara a entregarlos porque no está previsto algo así? ¿Y qué pasaría si todos los participantes (los que quedaron en los tres primeros lugares y los que fueron relegados) se presentan espontáneamente ante los diputados para exponer su opinión sobre el concurso?
Hoy el Tribunal Superior de Justicia (o lo que queda de él) se trasladó a Rincón de los Sauces para poner en funciones al juez, fiscal, defensor, secretario, etcétera, de esa localidad.
El juez es Héctor Agostino, ex ternado al Tribunal Superior de Justicia, ex fiscalía de Estado, ex Asesoría General de la Gobernación, ex otras varias reparticiones estatales.
La fiscal es María Soledad Rangone, quien asumió en 2005 para ese cargo en ese juzgado pero, como sucede con la Cámara de San Martín de los Andes, no tenía juez con el cual trabajar. En esa época pre-Consejo de la Magistratura pasaban esas cosas. Ahora pasan otras que ustedes ya saben.
En octubre de 2006 a Rangone la nombraron “de manera transitoria” en una fiscalía de Neuquén capital, como informa esta nota de “Río Negro”.
El traslado a Rincón se fue demorando, la funcionaria vive en una casa dicen muy cómoda en la capital neuquina, y según algunos ya no quería mudarse, versión con la que no todos están de acuerdo.
Este año, en la fiscalía de Rangone cayeron dos causas muy trascendentes. La primera, una denuncia del camarista Héctor Rimaro contra el ahora ex vocal Eduardo Badano por presunto abuso de autoridad. Se vincula con la famosa licencia psiquiátrica que le dieron a fines del año pasado.
La segunda, de la que me enteré hoy por un usuario de este blog, es una denuncia de Badano, también por supuesto abuso de autoridad, contra el vocal Felipe Cía, por haberle tomado juramento a los miembros de la sala juzgadora.
No sé en qué estado se encontrarán esas causas. Pero Cía asistió hoy a la asunción de Rangone como si nada.
Y la fiscal empezará a trabajar en esa ciudad donde muchas veces el delito se mezcla con el azar.
Estuve a la mañana en las jornadas sobre Seguridad Ciudadana que organizó la municipalidad de Cipolletti. Había muchos magistrados y funcionarios de los poderes judiciales de Río Negro y Neuquén, también funcionarios de los poderes ejecutivo de las dos provincias, intendentes, diputados, abogados. Pude escuchar dos disertaciones: la de Claudio Stampalija y la de Andrés Baytelman Aronowsky.
Stampalija es criminólogo y abogado penalista argentino, su currículum completo está unos post más abajo con el anuncio de las jornadas. He aquí algunos de los apuntes que tomé de su charla. Lo más jugoso: las encuestas entre docentes, alumnos y padres que concurren a escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Con un poquito más de tiempo voy a publicar la ponencia de Baytelman Aronowsky, abogado chileno ex jefe de los fiscales de Santiago, que no tuvo desperdicio.
Dijo Stampalija:
"Desde hace 20 años la inseguridad está entre las tres preocupaciones principales de la población, junto con el desempleo y la situación económica.
"Hay un 7 a 8 por ciento anual de crecimiento delictivo sistemático en el país, el doble de la media mundial.
"La combinación justicia-policía-cárcel para enfrentar el problema fracasó.
"En el mundo, la reincidencia es del 50 por ciento dentro de los tres años posteriores a la recuperación de libertad y el 70 por ciento a lo largo de la vida. También en la Argentina.
"El 50 por ciento de los delitos los cometen menores de 20 años, y dentro de ese segmento, el 55 por ciento lo cometen chicos de entre 14 y 16 años.
"Salida abrupta del sistema escolar o falta de educación es uno de los índices que se observa en los detenidos por cometer delitos.
"Los datos más interesantes los extrajo de una encuesta que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en 4 escuelas públicas y 4 escuelas privadas de ambos distritos, entre docentes, alumnos y padres.
"Casi el 80 por ciento de los alumnos secundarios no pueden manejar su agresividad, su enojo, y piden ayuda por eso.
"De los hechos de violencia que ocurren dentro de una escuela, el 31 por ciento son agresiones físicas. Y lo más notable es que los chicos no sienten culpa ni arrepentimiento, porque no tienen conciencia del comportamiento violento.
"El 70 por ciento de los alumnos tuvo al menos una experiencia de violencia física.
"El 99 por ciento de los docentes de capital y Gran Buenos Aires dicen que hay más agresividad, y el 88 por ciento dice que hay más comportamientos violentos.
"De esos comportamientos violentos, el 25 por ciento están dirigidos contra los alumnos.
"El 40 por ciento se manifiestan como insultos, amenazas y hostigamiento.
"El 58 por ciento de los alumnos tiene de regular a mala relación con la familia.
"El 31 por ciento de los padres se involucran en la educación de sus hijos, el 26 por ciento no lo hace, y el 43 por ciento lo hace esporádicamente.
"De los que no se involucran, el 50 por ciento argumenta que "a mi hijo no le agrada" que lo haga.
"Es cierto, los chicos no quieren que sus padres vayan a la escuela, pero también surge de la encuesta que necesitan más contención de la familia. Y el 75 por ciento quiere capacitación para saber manejar su agresividad.
"Aunque no lo parezca, los jóvenes están abiertos, quieren charlas, contención. Hay un cambio de actitud en ellos, una vuelta a la casa, a los afectos. No nos dejemos vencer por el discurso aparente.
"En Cipolletti, según las encuestas que he visto, más del 80 por ciento de los ciudadanos sienten miedo o se sienten inseguros.
"Cerca del 30 por ciento alguna vez fue víctima de delitos. Otras ciudades tienen índices más altos.
"El 90 por ciento de los delitos que se cometen son pequeños robos. Son como una lluvia que cae y traen una psicosis permanente.
"La sensación subjetiva de inseguridad tiene entre una de sus causas a los medios de comunicación. Lo que agobia es el bombardeo de información. Todavía los diarios argentinos se manejan con ciertos recaudos al presentar este tipo de informaciones (sobre delitos). Para la creación de la sensación de inseguridad, más importante que los medios es el boca a boca. Si todos tenemos un conocido que fue víctima de delito y lo trasmitimos a todos nuestros conocidos y familiares, eso alimenta más la sensación subjetiva de inseguridad.
"La impunidad es un acto que va contra la trama cívica y democrática. Es difícil cuando los que no cumplen las leyes son los que están más arriba. Pero más que mirar el ejemplo que no tenemos, hay que poner el ejemplo nuestro para obligar al de arriba.
"El pobre no es un delincuente, pero no me digan que la pobreza no trae delincuencia. La marginalidad ayuda a ingresar al delito. No hay que crear un estereotipo pero tampoco desecharlo, no seamos hipócritas".
Lo dicho: sin sorpresas. Y menos para los lectores del blog, porque el 17 de abril anticipé en un post que la jueza figuraba entre l@s posibles candidat@s al Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia autorizó una licencia a Ignacio López Proumen hasta el 2 de octubre por razones de salud. Se trata del psiquiatra que reconoció en el juicio por los crímenes de La Escuelita que atendió a una mujer embarazada en ese centro clandestino de detención, y que está siendo investigado por falso testimonio.
En el gremio judicial Sejun, que pidió su exoneración, manejan la versión de que las licencias podrían prolongarse hasta la jubilación. Alimenta esa hipótesis una reciente decisión del TSJ: llamó a concurso para cubrir un cargo de médico psiquiatra con destino al gabinete interdisciplinario, que es el lugar donde trabaja López Proumen.
El acuerdo del Tribunal alude a la necesidad "urgente" de "reforzar el plantel de psiquiatras del gabinete interdisciplinario en virtud de la licencia prolongada que se encuentra haciendo uso uno de sus integrantes".
La licencia fue otorgada ante la presentación de un certificado médico y de acuerdo al artículo 9 del reglamento.
El Tribunal le pidió al juez federal Guillermo Labate que le informe cuál es la situación procesal de López Proumen. Pero Labate, quien en los próximos meses asumirá como vocal del TSJ, todavía no respondió.
Aquí está el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la República Bolivariana de Venezuela por la destitución de los jueces Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera.
El punto central es el que dice: “Esta Corte determinó que la destitución de las víctimas fue el resultado de un proceso lesivo de garantías judiciales y de la protección judicial. En consecuencia, teniendo en cuenta que la garantía de permanencia o estabilidad en el cargo de todo juez, titular o provisional, debe operar para permitir el reintegro a la condición de magistrado de quien fue arbitrariamente privado de ella, el Tribunal considera que como medida de reparación el Estado deberá reintegrar a las víctimas al Poder Judicial, si éstas así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos. Si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado no pudiese reincorporarlas al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, deberá pagar una indemnización, que esta Corte fija en equidad en US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, para cada una de las víctimas, en el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la notificación de la presente Sentencia”.
Los jueces ya dijeron que no aceptarán el dinero y que quieren ser restituidos.
