En el Centro de Información Judicial se publica la lista completa de magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de 60 funcionarios propuestos al Senado para ocupar cargos como jueces, fiscales y defensores oficiales en todo el país. La lista incluye candidatos para tribunales en los que se investigan causas de lesa humanidad.
¿Habrá excusaciones en caso de que se abra el jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal Pablo Vignaroli?
El Jurado estará integrado por:
Oscar Massei (Presidente), Ricardo Kohon y Graciela Martínez por el Tribunal Superior de Justicia; Jorge De La Gáspera (MPN) y José Luis Sáez (UCR-Concertación) por la Legislatura (suplentes: Darío Mattio y Miguel Guidali) y por María Laura De la Canal y Jorge Brillo por el Colegio de Abogados (suplentes: María Alejandra Giuntini y María Valeria Mazzieres).
Ahora bien. Brillo, ex asesor general de la Gobernación durante la época de Sobisch, aparece nombrado 5 veces en la denuncia de Convocatoria contra Vignaroli y no en condiciones favorables.
¿Esto le provocará violencia moral y se excusará de intervenir?
Un caso parecido es el del fiscal de Estado Raúl Gaitán, quien debería ser encargado de la acusación en caso de que el jury sea declarado admisible. Aparece mencionado dos veces en el documento de Convocatoria, también en tono crítico.
Hablando de jury, saben que hay una denuncia contra Eduardo Sagües, camarista de Zapala cuyo pliego está en la Legislatura desde noviembre del año pasado esperando tratamiento porque es el siguiente en orden de mérito en el complejo concurso de la Cámara de San Martín de los Andes.
Al respecto, hoy jueves la Asociación de Magistrados le planteará al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Oscar Massei, su enojo porque a la Legislatura ya se le venció el plazo de 60 días para tratar el pliego.
Massei escuchará pero mucho no puede hacer porque se trata de otro poder del Estado.
En lo que sí puede hacer es en su carácter de presidente del Jurado de Enjuiciamiento: la Asociación le hará saber que la denuncia contra Sagües escondería, en realidad, un veto de la intendenta de San Martín de los Andes Luz Sapag a su candidatura para ocupar una vocalía en la Cámara de San Martín.
La sospecha surgió porque el denunciante contra Sagüés es el abogado de la intendenta.
Y si de formalidad se trata, la queja formal de la Asociación vendrá por el lado de que al camarista se lo cuestiona por el contenido de una sentencia, así que los jueces ven que se estaría intentando utilizar el jury como una especie de instancia de apelación extra judicial.
El pedido de jurado de enjuiciamiento contra Pablo Vignaroli, que pueden leer completo y descargar aquí o aquí, desde la página de Convocatoria Neuquina, es un resumen de buena parte de lo que vivió el Poder Judicial de Neuquén desde 2004 en adelante.
En otro de sus blogs, el tantas veces recomendado Gustavo Arballo hace un análisis sobre las candidaturas testimoniales desde las perspectivas jurídicas y políticas.
Claro, sencillo, riguroso, dice en lo sustancial:
“Lo cierto es que -mas allá de lo que uno pueda pensar sobre si le gustan o no- todos los planteos jurídicos que se formulan con docto tono de indignada inexorabilidad tienen respuestas obvias o respuestas plausibles.
“Todo ello no impedirá que se denuncien prevaricatos ni servilletas cuando, como va ocurrir, segura y correctamente, la justicia desestime las impugnaciones que tanto se menean por estos días”.
También son muy interesantes algunos de los comentarios que dejaron los lectores (de Arballo).
La información sobre el derrumbe de una pieza del cielorraso en los juzgados de Familia me hizo acordar que el precio del alquiler de ese edificio tuvo algunos vaivenes, según se puede ver en esta serie de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia (el más nuevo primero, y retroceden en el tiempo).
Se encontrarán además con una singular recomendación del departamento Infraestructura previo al alquiler del inmueble de Roca 460:
“La obra se encuentra en un estado en el sería ideal para el ingreso del Poder Judicial ya que se podrían incorporar todas las modificaciones necesarias que le tendríamos que dar para su uso”.
De hecho se le hicieron muchas (y onerosas) modificaciones.
Habrán notado que nunca publico comunicados del gremio judicial en el blog.
Este caso tampoco es una excepción ya que no se trata de un comunicado de prensa sino de una comunicación interna, destinada a los afiliados al Sejun.
Sin embargo por al menos dos motivos me parece de interés general: hace un detallado análisis de la actual situación presupuestaria del Tribunal Superior de Justicia y, para el debate, fija postura sobre el supuesto origen de esta situación.
Desde ahora, en el Centro de Información Judicial se puede consultar toda la información disponible sobre las causas de lesa humanidad en trámite, en cualquier lugar del país. La información se actualiza en forma constante.
A través de dos micro sitios especiales denominados “Lesa Humanidad” (click aquí) y “Primer Cuerpo de Ejército” (aquí), el CIJ pone a disposición de la sociedad la información sobre cerca de 800 causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante el ultimo gobierno militar.
Ingresando al especial de “Lesa Humanidad” se accede a un mapa interactivo que contiene información sobre la evolución de las causas penales en trámite en las distintas provincias, la cantidad de imputados y el número de víctimas, etc. El micrositio tiene además los fallos completos dictados en los juicios que se les siguieron a Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamin Menéndez, Cristino Nicolaides, Víctor Enrique Rei y Christian Von Wernich, entre otros.
Por su parte, en el micrositio que contiene información exclusiva sobre la causa “Primer Cuerpo de Ejército”, donde se investiga, entre otros, a Jorge Rafael Videla, se pueden encontrar los detalles de la causa y las líneas de investigación que siguió durante la instrucción el juez federal Daniel Rafecas. También se puede acceder a todas las resoluciones completas del juzgado.
La información sobre estos procesos se actualiza automáticamente.
De esta manera, la Corte busca garantizar y transparentar el acceso a la información sobre estas causas y hace públicas las decisiones de los jueces en un tema sensible y central para la consolidación de las instituciones democráticas.
