Días atrás hice un post con el contenido del mensaje de correo electrónico que el "arrepentido" Darío Armesto le envió a Ricardo Mendaña. Hoy la comisión investigadora del juicio político contra Eduardo Badano le pedirá al ex fiscal que abra su cuenta en Hotmail -en la que recibió el mensaje- delante de ellos porque tratarán de rastrear desde dónde se lo enviaron.
Más allá del resultado que obtengan -si fue remitido desde un ciber, olvídense- es notoria la falta de insistencia de los diputados para que comparezca a declarar Armesto (al que algunos llaman "armé-esto").
La explicación que ofrecen es que les resultó muy contundente el testimonio del juez Armando Mario Márquez, quien respondió por escrito a un pliego de preguntas.
Márquez fue defensor oficial en Neuquén, ahora es miembro del Tribunal Oral Federal de Roca, y goza de un amplio prestigio. Fue testigo de una reunión entre Armesto y Mendaña en la casa del ex fiscal, en la cual el "arrepentido" amplió la información del correo electrónico.
En su momento, Mendaña hizo una denuncia penal en la que sumó la historia del mail y la del helicóptero desde el cual tomaron fotos de su vivienda (para quien no lo recuerde, aquí hay un enlace con la primera nota. Después se confirmó que dos de los pasajeros de ese vuelo fueron Omar Raimondo y José Oser).
Esa denuncia dio origen a una investigación que avanzó un poquito. Armesto fue citado a declarar, y negó haber estado nunca jamás en la casa de Mendaña.
¿Usted a quién le cree?
(G.B.)
Este es el afiche que hizo la Asociación Zainuco para el juicio que comienza el lunes contra 28 policías acusados de torturas, por hechos ocurridos en abril de 2004. La difusión de los episodios de brutalidad dentro de la Unidad 11 motivó un cruce entre Luis Manganaro, entonces ministro de Seguridad, y el Poder Judicial, cuando la colonización apenas había empezado.
En esa época y a pedido de la policía, el Tribunal Superior de Justicia le inició un sumario a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada. La queja policial fue porque avanzaba más rápido la investigación de las torturas a las personas privadas de su libertad que la de las lesiones que recibieron los guardias de la U11.
Hay 52 testigos citados y las audiencias se extenderán hasta el 3 de junio, un día antes del inicio del juicio por el asesinato de Fuentealba. (G.B.)
La Constitución de la provincia de Neuquén garantiza el acceso a la información, pero nunca fue reglamentado. En este período legislativo ingresaron un proyecto en ese sentido de Alternativa Neuquina y otro del Movimiento Popular Neuquino, al que se puede acceder haciendo click acá. (G.B.)
Hay avidez por debatir los antecedentes de los magistrados y funcionarios que queremos. Un simple post que publiqué días atrás para informar que se habían postergado los exámenes para los candidatos a integrar la Cámara de San Martín de los Andes (y que además quedó rápidamente desactualizado por culpa del volcán Chaitén, los exámenes serán en julio) dio pie a numerosos comentarios sobre algunos de los postulantes.
Muchos mensajes son anónimos, es cierto, pero quienes lo dejan ofrecen una explicación: de otra forma no se atreverían a contar lo que saben. También en los comentarios podrán ver que algunos de los aludidos hicieron las aclaraciones correspondientes. Así, de manera informal, se abrió un debate que debería estar institucionalizado.
En otro post opiné que no bastaba el currículum para definir la calidad de un postulante nada menos que al Tribunal Superior de Justicia.
Ahora Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad elaboró una herramienta que puede ser de gran utilidad: el “perfil del juez”. No es infalible, pero tiene virtudes: otorga más elementos para el análisis al alcance de todos aquellos miembros de la sociedad que muestren un mínimo de interés por conocer quiénes van a ser los que tengan la última palabra, en caso de que lo necesiten, sobre sus bienes, su familia, y hasta su libertad. De lo contrario el debate quedará acotado a los mismos de siempre.
Claro, se requiere de un mecanismo que el menú de autolimitación propuesto por el gobernador Jorge Sapag no contempla: la audiencia pública con el candidato. Para interrogarlo a fondo, saber de dónde viene y prever hacia dónde puede ir. Si después, con toda esa información, el hombre en cuestión llega al cargo, serán menos los que podrán declararse sorprendidos.
El perfil, con un pliego de preguntas para una hipotética audiencia pública, está en formato word, tiene 10 páginas y puede descargarse haciendo click aquí .
(G.B.)
Muchos se preguntan por qué Gustavo Palmieri es el abogado de Sandra Rodríguez en la causa Fuentealba. En general el interrogante no se plantea en tono neutro sino crítico: sucede que Palmieri trabaja en el estudio de Oscar Pandolfi, a quien se recuerda más como defensor de Jorge Sobisch en la causa de la cámara oculta que como asesor en las sombras de Ricardo Mendaña en el jury. Para más datos Pandolfi tiene estrechos vínculos con Marcelo Inaudi, y en su estudio se reunieron un sábado a la tarde ellos dos con José Russo, dicen que para acordar contra cuáles de los vocales se iba a habilitar el juicio político y hasta quiénes serían los reemplazantes.
Más allá de su presencia circunstancial junto a Pandolfi, Palmieri es un abogado que ha hecho una trayectoria independiente y fue uno de los que renunció con un sonoro portazo a seguir integrando el Poder Judicial cuando se produjo la invasión sobischista. La nota con el texto de su renuncia puede leerse aquí.
Lo que ha tenido menos difusión es la relación que años atrás vinculó a Palmieri con Carlos Fuentealba. Se conocieron cuando el primero era abogado de la UOCRA y el docente trabajaba en el gremio. También militaron juntos en el MAS.
Dice Palmieri que cuando mataron a Fuentealba alertó a quienes rodeaban a Sandra Rodríguez para que tuvieran cuidado con la marcha de la investigación porque observaba algunos errores que luego se podrían pagar caro.
A los diez días del crimen se constituyó en querellante en representación de la viuda y en reemplazo de dos abogados de organismos de derechos humanos que habían patrocinado a Sandra Rodríguez en los primeros momentos.
Por estrategia, y a cada cual con la suya, Palmieri se ha negado a pedir que lo citen a Sobisch como imputado. Algunos consideran que esta es la prueba de que una vez más Pandolfi está detrás del telón moviendo los hilos. Entre los más quejosos figura ATEN, el gremio docente que se olvidó de apelar la sentencia que los dejó afuera como querellantes.
(G.B.)
Casi desde su creación la Defensoría del Niño viene siendo objeto de acciones que en algunos casos parecieron directamente sabotajes. La embestida más directa y desembozada fue en 2004 con Luis Manganaro en el ministerio de Seguridad y su delirante proyecto para reemplazar a la ley 2.302 por otra que le armó un grupo de teóricos vinculados con Mauricio Macri y que contemplaba que un menor podía ser detenido si lo perseguía un clamor público.
Todavía se recuerdan las 11 horas continuas de exposición del ministro en la Legislatura, trasmitidas en directo por la radio AM de mayor audiencia. Así, la población que siguió el audio se enteró de los detalles de la violación de una niña porque Manganaro leyó el expediente que le pasó al efecto el fiscal Santiago Terán.
Cuando la defensora del Niño Nara Osés alzó la voz la mandó a callar Roberto Fernández, entonces poderoso vocal del Tribunal Superior. Sí, el mismo que dos años después salió a defenderla de otro ataque.
Esa segunda embestida tuvo la forma de resolución de una sala de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío, el mismo que hoy integra el Consejo Provincial de la Niñez en representación del Poder Judicial (el otro es Tomás Gavernet).
Si Fernández salió a defender a Nara Osés fue porque creyó ver detrás de toda la jugada la mano de Ricardo Kohon y Felipe Cía, sus enemigos internos. En la resistencia jugaron también dos funcionarias que aún hoy están castigadas: la entonces auditora Ana Parodi y Patricia Clérici.
Ahora otra vez la defensoría está colapsada y todos miran para otro lado. El Tribunal, que no dejó nunca de designar adjuntos -hasta que lo paró un fallo de la Cámara de Apelaciones- mantuvo la desproporción entre los juzgados de Familia y la Defensoría. Y eso a pesar de que el año pasado supuestamente reconoció el problema y mandó crear dos nuevas Defensorías.
Pero esos cargos no fueron cubiertos por el Consejo de la Magistratura, que parece tener otras urgencias. Si Nara Osés fuera hoy a reclamar a ese organismo, se encontraría en la presidencia con Felipe Cía.
Lo extraño es que, como señala Nara Osés, la gente valora el servicio que le presta la Defensoría. Hasta podría ser un camino para empezar a reconstruir la dañada credibilidad en la Justicia. ¿Por qué entonces tan bajo interés del propio Poder Judicial? (G.B.)
