Con la aprobación del pliego de Lelia Graciela Martínez de Corvalán, vuelve a haber una mujer en el Tribunal Superior de Justicia.
La primera fue Aidée Vázquez Villar; asumió 14 de julio de 1986, fue presidenta entre el 3 de octubre de 1988 y el 2 de octubre de 1989; y renunció 26 de febrero de 1991.
Después de un período de transición, se puso interesante la interna en la Asociación de Magistrados. Hasta ayer parecía que iba a presentarse una sola lista para la renovación de autoridades, pero sobre el cierre del plazo entró otra. No sé si se puede hablar de “oficialismo” y “oposición”. Pero los integrantes de una y otra están bien diferenciados.
La lista que iba a ser única y ya no lo es, propone para la presidencia a Richard Trincheri, de la Cámara de Apelaciones. La integran entre otros Héctor Trova (fiscal de Cámara en Zapala); Eduardo Sagües (camarista de Zapala); Miguel Valero (defensor de Cámara); Sandra Gonzáles Taboada (fiscal); Patricia Clérici (relatora de la Cámara Civil); Ana Malvido (secretaria de la fiscalía del TSJ); Gastón Rosenfeld (secretario de Cámara en Cutral Co).
Enfrente se postulan Ana Lía Zapperi (jueza laboral) como presidenta, acompañada de Pablo Vignaroli (fiscal de Cámara); Rómulo Patti (fiscal de Cámara); Fernando Rubio (fiscal de la Cámara de San Martín); Luis María Fernández (Cámara Criminal Primera); Marcelo Muñoz (juez de Instrucción) y Daniel Geloni (defensor de Cámara), entre otros. (Andrés Repetto no integra ninguna de las dos listas, como me habían dicho)
(Ya descubrí mi vocación: soy un frustrado secretario de actas. Aquí va otra demostración)
En los temas más delicados se refugió en explicaciones técnicas, que es evidentemente el terreno donde pisa más segura. En algún tramo dijo lo que la mayoría quiere escuchar. Fue cautelosa, pero no falta de carácter. Demostró conocer los problemas desde adentro. Y tiró una frase tentadora para titular la nota: “hay que recomponer la mística del Poder Judicial”.
Lelia Graciela Martínez de Corvalán cumplió el rito de pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y contestar inquietudes de los diputados, paso previo a recibir el acuerdo para asumir como vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Ofreció una larga argumentación técnica para justificar por qué había votado en contra de la inclusión de ATEN como querellante en la causa Fuentealba II, a pesar de que se declaró “amplia” frente a un Código Procesal que criticó por “restrictivo” en la materia.
También fue minuciosa para explicar el por qué del levantamiento de la inhabilitación a Poblete (dejó claro que no podía hacer otra cosa y que ella no lo reintegró a la Policía), y el tema del terreno de Villa La Angostura que originó un conflicto legal con mapuches.
Podrá compartirse o no su criterio, según la mitad de la biblioteca que se quiera mirar. Ella acotó el debate a la cuestión técnica; expresamente negó que sus decisiones hayan tenido contenido político. Claro que la cuestión técnica tampoco es neutra, ni desprovista de contenido ideológico.
En un contexto de tibios “¿qué opina acerca de…?”, Ariel Kogan fue el más agresivo. Intentó apurarla con críticas a una resolución de la Cámara que integra y que afectó el reclamo de un mapuche. Pero fue un error táctico plantearle la discusión en el terreno que –dicho está- mejor domina: para discutirle a una jueza de la experiencia de Graciela Martínez en términos técnicos y jurídicos hay que ser, como mínimo, abogado. El diputado es contador y, ya sin argumentos, terminó criticándola porque no se había enterado de algunos detalles de cierto conflicto por el diario.
Un rato después, y sin que sea una respuesta a Kogan, dejó caer una frase: “el juez no debe leer el diario para ver cómo anda el termómetro social” y resolver en consecuencia.
Hubo una tanda de preguntas de formulario: cuál es su posición sobre aborto, sobre ganancias, selección de jueces, independencia judicial, cortes de ruta, edad de imputabilidad, etc. Contestó lo previsible a todos esos ítems: hay que pagar ganancias, la independencia empieza con el proceso de selección, no hay que judicializar conflictos sociales…
La más interesante de sus respuestas fue la referida al aborto; no dijo que está a favor, pero dejó en claro que en la Constitución y las leyes hay muchos recovecos por los cuales la mujer puede reivindicar su derecho a decidir sobre su cuerpo. Y criticó el veto de Tabaré a la ley aprobada en Uruguay. Por lo menos sonó distinta en medio de tanta frase hecha “a favor de la vida” que abunda hoy día.
También fue tajante respecto de los menores: “no coincido con bajar la edad de imputabilidad; estaríamos castigando el efecto y no la causa”.
Los diputados le hicieron muchas preguntas sobre el diseño del Poder Judicial. Habló de que la estructura se sextuplicó en los últimos años, de que está todo informatizado, pero no calificó ese crecimiento –si fue o no desordenado, con o sin el respaldo de estudios serios- y menos habló de la calidad de algunos de quienes pegaron el salto hacia nuevos puestos con el estallido de cargos que hubo a partir de 2004 (bueno, ella misma ascendió en ese período)
Habló sí de que la justicia tiene mala imagen, pero la única causa que mencionó fue su falta de agilidad.
Ahí fue cuando habló de “recomponer la mística”. Afirmó que los vocales deben viajar al interior provincial, donde el juez está solo y no tiene con quién hablar de cuestiones jurídicas.
Pareció que se le quebraba la voz cuando dijo “yo amo a la justicia”.
Bien, cerrada el acta, ¿qué pasará con su pliego? El MPN y sus satélites votarán a favor, ya se sabe. Lo decisivo es que los acompañe la Concertación, al menos una parte, para llegar a los dos tercios.
Dicen que los peronistas alzarán la mano porque si no lo hacen, se cae la candidatura de Oscar Massei. Los que estarían enojados serían los radicales, porque todavía no pudieron ubicar a ningún candidato de su palo (el intento fue Benavides, que se cayó). No todos los radicales, porque Eduardo Benítez fue uno de los que impulsó a Graciela Martínez.
Se verá en unos días. Hoy miércoles se trata en sesión el pliego de los tres candidatos a la Cámara de San Martín.
El viernes llamé a la oficina de Leyes y Decretos para pedir que me envíen por correo electrónico el texto completo de un decreto publicado en el Boletín Oficial de ese día. Algo habitual, que he hecho –al igual que muchos colegas- en varias oportunidades.
Pero me encontré con la sorpresa de que, como el pedido provenía de un medio de prensa, debía autorizar su entrega el subsecretario de Información Pública, Antonio Artaza.
Llamé a Artaza, le expliqué lo que necesitaba, pero él estaba en un acto y postergó la respuesta para más tarde. Más tarde fui yo el que no lo pude atender, y se me pasó el viernes en otras ocupaciones.
El fin de semana me puse a pensar en lo absurdo del asunto. Si yo no hubiera dicho que llamaba del diario, me habrían enviado una copia del decreto sin ningún problema. Y que necesite la autorización del subsecretario de Información Pública por ser de un medio de prensa es más absurdo todavía.
Como sea, se me ocurrió que alguno de los lectores de este blog podría pedir el decreto por mí. Sólo tiene que llamar al 4495120 (oficina de Leyes y Decretos). Allí lo atenderán con mucha amabilidad. Pida por favor el decreto 1948/08, deje una dirección de correo electrónico y se lo enviarán en el día. Por último, reenvíemelo a gberto@rionegro.com.ar
Muchas gracias.
Actualización 17/11: la oficina de prensa me hizo llegar una copia del decreto. Gracias.
