Especial Ley de Convenio Colectivo de Trabajo de empleados judiciales
Edgardo Cherbavaz, secretario general de Sejun: “Nosotros entendíamos que después de tres años y medio de trabajo en la Legislatura con el aporte de las partes, con opinión de los trabajadores, con opinión de profesionales que ayudaron a confeccionar el trayecto más de la ley marco, que regularía la construcción del convenio colectivo de trabajo en el Poder Judicial, entendíamos que iba a salir una muy buena ley, orgullo para los neuquinos, para los trabajadores judiciales. Pero lamentablemente nos sacaron afuera de la cancha y enchastraron lo que fue para nosotros la construcción de un proyecto inmejorable, con elementos novedosos y modernos en legislación laboral. La derecha local, los sectores más reaccionarios que tiene la Legislatura, cuelan en la última instancia un artículo, que contraponiendo los derechos consagrados en la Constitución provincial, en la Constitución nacional y los tratados internacionales que tienen carácter constitucional a partir de la última reforma, intentan cercenar derechos y reglamentar el derecho de huelga, en un acto artero y antidemocrático”.
Rafael Rubio, secretario gremial de Sejun: “Luego de toda la discusión y el debate que fueron muy interesantes en el marco de las comisiones que tiene la Legislatura, donde hicimos aportes, se había logrado un proyecto que si bien no era el cien por ciento de lo que pretendíamos nosotros, entendíamos que era una buena ley, que era la mejor ley de convenciones colectivas de trabajo para los trabajadores judiciales que había en todo el país. Eso se reflejó en una aprobación del proyecto de las comisiones por mayoría”.
Claudio Salazar, secretario de prensa de Sejun: “Es grave no sólo para los trabajadores judiciales sino para todos los neuquinos. Este proyecto de ley marco que regula el convenio colectivo de trabajo es un mensaje para el resto de las organizaciones. La presión de Inaudi sobre los diputados del MPN evidentemente hizo alguna cosa extraña porque algunos de ellos en la comisión lo habían aprobado por mayoría y sorpresivamente ayer en plenario cambiaron su voto. Queremos que este antecedente quede plasmado porque dice que los días de paro se tienen que descontar sí o sí pasando por encima a nuestra patronal”.
Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN: “Este tema cambia el eje de la discusión porque es un antecedente nefasto que no existe en ninguna legislación en vigencia y por lo tanto los trabajadores vamos a salir a defender con todas las herramientas que tenemos, legales y políticas, la movilización y lucha que vamos a estar presentes todos juntos parea defender el derecho a huelga que tenemos y la única herramienta que nos permite a los trabajadores defender las conquistas que se han conseguido. Vamos a exigirle al Gobernador el veto de esta ley”.
José Russo, diputado del MPN: “Siempre existió esta controversia, permanentemente existen diferencias de opiniones con respecto a si se debe o no descontar días de huelga, en general es motivo de negociaciones. De cualquier manera hay distintos criterios, e inclusive el propio Tribunal Superior de Justicia cuando concurrió a dar informes sobre estas cuestiones ha fijado posición con respecto a esto, así que esto motivó a que muchos que tienen raigambre sindical no apoyaran esta propuesta de un grupo de diputados de la oposición, que también votó dividida. Yo creo que tienen responsabilidades cada uno de los poderes con respecto a esto, más allá de lo que se diga, más allá de la interpretación siempre ha sido la responsabilidad de los empleadores tomar posición respecto de esto”.
Soledad Martínez, diputada de Alternativa Neuquina: “En rigor fueron cambios que habían sido discutidos durante todo el debate parlamentario, las mayorías que acompañábamos un despacho había sido consensuado, no sólo por los trabajadores representados por Sejun sino por el TSJ. La modificación que se introduce es rayana en la inconstitucionalidad, y podríamos haber tenido un texto de ley innovador y de vanguardia y ahora tenemos realmente un mamarracho”.
Marcelo Inaudi. diputado de la UCR en la Concertación: “Esta ley se trató el miércoles, cuando se trató en general, y fue cuando hicimos todas las presentaciones de las argumentaciones. Ese día no había un solo representante de Sejun en la Legislatura, así que ni siquiera escucharon la sesión, si hubieran ido hubieran escuchado los fallos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte de Chubut, de Neuquén, donde dice que la huelga no es una actividad remunerada. El ejercicio de ese derecho tiene que traer aparejado el descuento de los días no trabajados, eso fue lo que se votó, eso es lo que se aprobó. Tiende a clarificar la situación que se vive en la Provincia, porque si uno ve se hacen paros y después se incorpora como primer punto el no descuento de los días de paro. Anoche los muchachos de la barra brava de Chacarita parecían monjes al lado de estos muchachos de Sejun. Como dice Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal”.
Jorge Sapag, gobernador: Creo que existe el derecho de huelga, pero existe la obligación del Estado de descontar los días de huelga, esto es un precepto constitucional, de la Constitución nacional y provincial y de toda la legislación laboral. El que quiera hacer huelga, tiene derecho de hacerla. Hay que tener cuidado porque hay huelgas que son ilegítimas, no cualquier huelga es legítima, no cualquier razón avala para hacer una huelga, más si se es prestador público. Pero el que no trabaja porque decide hacer huelga, tiene que saber que no va a cobrar el día, eso es una regla aquí y en el mundo".
Tres anticipos de lo que pasó hoy en la casa de las leyes.
Primero: Soledad Martínez tiró en plena sesión que Martín Irigoyen, presidente de Cormine quien días atrás criticó a Oscar Massei por la suspensión de la audiencia pública por la minera (ver acá) es socio del abogado Jorge Yañez, apoderado de la empresa china que quiere explotar la mina en Loncopué.
Segundo: Ya tienen acuerdo los tres nuevos fiscales: María Dolores Finochietti (fiscal de Cámara), Ignacio Di Maggio y Horacio Maitini.
Los dos últimos ocuparán provisoriamente las fiscalías de Delitos contra la Administración Pública y Delitos Violentos contra la Propiedad hasta que se ponga en marcha la anunciada reestructuración.
Tercero: se aprobó el convenio colectivo de trabajo para los judiciales (el primero en su tipo del país) pero con la “cláusula Inaudi”: el que no trabaja porque hace paro, no cobra.
Pasará a la historia como la “cláusula Inaudi” pero fueron muchos los que dieron su voto a este artículo.
Al respecto, dice el parte de prensa de la Legislatura:
"Para los tres artículos modificados el bloque del MPN dejó en libertad de acción a sus diputados, según expresó previamente el presidente del cuerpo, José Russo. En ese sentido, los tres diputados del sector petrolero, Carlos Pacheco, Juan Gómez y Omar Lorenzo, votaron el proyecto original que no contemplaba el descuento, junto a Russo, Andrea Obregón y Darío Mattio. También lo hicieron de igual modo los legisladores Luis Sagaseta, Miguel Guidali, Fanny Longo y Miguel Lucero, de extracción peronista.
"El sector UCR de la Concertación avaló las modificaciones, a las que se sumó el diputado Ariel Kogan. En igual sentido lo hicieron Horacio Rachid y Daniel Baum, del Interbloque, Soledad Martínez y Hugo Goncalves, de Alternativa, Paula Sánchez, de Libres del Sur y Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, rechazaron la modificación y se retiraron luego de la votación".
María Eugenia Grimau ganó el concurso para ser jueza civil en Neuquén, con un puntaje total de 59,27.
Segunda fue Gloria Anahí Martina, con 54,65 puntos.
Martina ganó la etapa de la entrevista personal con un puntaje cercano al ideal, 18,14 sobre 20 posibles, mientras que Grimau quedó cuarta con 12,71 puntos (le tiró abajo el promedio un previsible “1” del consejero Gustavo Olivera).
De todos modos no alcanzó a descontar la ventaja que Grimau llevaba de arrastre de las etapas anteriores (antecedentes, y examen escrito y oral).
Más tarde, el detalle de los puntajes.
Bonus track: la Legislatura trata esta tarde los pliegos de los posibles futuros fiscales María Dolores Finochietti, Ignacio Di Maggio y Horacio Maitini. Habrá ampliación.
Así lo revela el punto 13 (¡qué protagonismo tuvo el 13 esta semana!) del acuerdo 4449 del Tribunal Superior de Justicia de fecha 15 de octubre, que pueden leer completo aquí.
Se fijó un nuevo valor al jus, que si no me explicaron mal es la unidad de medida que se utiliza para fijar los honorarios de los abogados, entre otras cosas.
(Este tipo de prácticas, más el uso de las voces latinas, más la invocación de artículos por su número y no por su contenido, más un largo etcétera son las que mantienen abierta la brecha entre “lo judicial” y el resto del mundo, ¿no? ¿Cuál sería el problema de fijar honorarios en plata común y corriente?)
Bueno, la cuestión es que el jus cotiza a 124,85 pesos a partir del 1 de junio y cotizará a 135,16 pesos a partir del 1 de setiembre.
Me olvidaba: el jus aumenta (y con él, el costo de acceso a la justicia de todos los ciudadanos) porque aumentó el sueldo del juez de primera instancia. Alguien quizá lo llamaría daño colateral. Tal vez sería deseable desatar estas dos variables que están enganchadas.
Otra noticia de la cual nos enteramos a través del acuerdo (punto 14) es que a partir del 1 de diciembre habrá otra vacante en el Poder Judicial: se jubilará por invalidez el juez de Cámara Carlos Sierra, uno de los ascendidos de un plumazo de secretario correccional a camarista. ¿Habrá tenido que ver que es cuñado de Esteves?
Y por último, la noticia insólita en el punto 4: el Tribunal Superior de Justicia entregará a la municipalidad en comodato un terreno de su propiedad en Villa La Angostura para que sea utilizado como estacionamiento (libre y gratuito) en la temporada estival. Por lo que averigüé, el personal del juzgado multifueros no tendrá que hacer de lavacoches. Si hay miseria que no se note.
Massei le informó a la conducción de Sejun que el viernes estará acreditado el aumento salarial. El gremio resolvió mantener la retención de tareas hasta ese día.
Ahora sí que podremos hablar del perfil del juez con muchos más elementos que los que armaron tiempo atrás esta polémica.
Y mejor aún: podremos hablar del perfil del juez que prefiere este Consejo de la Magistratura para la provincia.
Hoy a la mañana presencié las entrevistas personales a las dos candidatas mejor posicionadas para ser elegida jueza civil para Neuquén capital: más distintas no podrían ser entre ellas, desde el punto de vista ideológico.
Una prioriza la visión de un Estado reducido al mínimo, la otra cree que el Estado tiene obligaciones ineludibles que atender. Una pone la propiedad privada y el derecho a transitar por encima del derecho de peticionar, la otra cree que a través del diálogo se puede encontrar el justo medio.
Las diferencias ideológicas entre ambas son tan nítidas que nada cuesta predecir que resolverían de manera muy distinta un litigio determinado.
¿A cuál de las dos preferirán los consejeros? Lo veremos en el puntaje que cada uno les asigna.
Un anticipo: a la primera de las candidatas la interrogó a fondo Gustavo Olivera, representante del PJ, y a la otra los consejeros del MPN.
Aquí está mi crónica. (Una aclaración para quienes no conocen el mecanismo: las candidatas no presencian la entrevista de sus competidoras, salvo que ya hayan cumplido el trámite).
La primera entrevistada fue María Eugenia Grimau, jefa de asesores legales del estatal Banco Provincia de Neuquén.
Transitó casi sin sobresaltos y con mucha soltura las preguntas de todos los consejeros, hasta que se topó con Gustavo Olivera.
Nota al margen: Podrá ser poco simpático (sobre todo a la hora de calificar, es el hombre de los ceros), pero sin dudas, cuando se lo propone, Olivera es el más incisivo interrogador de todos los consejeros.
El representante del PJ le preguntó a Grimau por su postura ante las medidas de mejor proveer. “El límite es cuando se suplanta el trabajo de las partes. Las medidas de mejor proveer son para cuando el juez no puede dictar sentencia sin ese elemento; sólo así se justifica”, contestó la candidata.
Olivera le recordó que antes, a preguntas de Gabriel Gastaminza (MPN) había respondido que la imparcialidad era la principal cualidad que debía tener un juez, lo cual resulta contradictorio con las medidas de mejor proveer porque significaría que “usted le estaría diciendo a la parte: te equivocaste, te faltó ofrecer esta prueba”.
Grimau, que jamás perdió la sonrisa a lo largo de la hora y pico de entrevista, volvió a su argumento: “el juez está obligado a componer el conflicto, no tiene que ver con suplir la actividad de una parte”.
“Usted lo que no quiere es rechazar la demanda”, anotó Olivera.
Después de otra tanda de preguntas de distinta relevancia volvió la polémica cuando Gastaminza le pidió opinión sobre los cortes de ruta y las usurpaciones.
“El derecho de peticionar no está previsto que se ejerza como se viene ejerciendo”, afirmó Grimau.
También dijo que el Estado se fue haciendo cargo de funciones que no tenía, y dio dos ejemplos: “subsidios a personas sin empleo, viviendas de fácil acceso”.
Olivera quiso saber más sobre el tema y Grimau aclaró: “la Constitución no le exige al Estado que le provea una vivienda digna a usted; dice que le debe garantizar una vivienda digna”.
Algunas perlas.
Grimau demostró tener una autoestima envidiable. “Con el paso de los años tengo más certezas que miedos. Tengo los miedos necesarios”. “Nunca tengo dudas de la decisión que tomo”; “soy rápida para decidir”; “no tengo inseguridades”; “hago caso más a la razón que a los impulsos” y “tengo la personalidad para el cargo” fueron otras de sus autodefiniciones. “Soy una persona feliz”, agregó.
Gastaminza le propuso un ejercicio aprendido en las últimas jornadas sobre el perfil del juez: le pidió que otorgara un orden de importancia a una serie de cualidades que debería tener un magistrado.
Por último, la pregunta típica de entrevista laboral fue la de Alberto Rocamora: “una casa se está quemado, en el interior están la madre y el hijo y usted sólo puede salvar a uno de ellos. ¿A quién salva y por qué?”
Grimau contestó: “prefiero salvar a la madre y no dejar al niño sin su madre”.
La segunda entrevistada fue Gloria Anahí Martina, una abogada nacida en Chaco y criada en Formosa donde ejerció durante 25 años la profesión en forma liberal.
En la actualidad es secretaria del juzgado de Rincón de los Sauces, y se postula también para el cargo de jueza de Juicios Ejecutivos y familia de Zapala.
De entrada se nota, por su hablar tranquilo, que procede de una zona menos crispada que esta. De entrada ella aclaró que ya se encuentra integrada, para que eso no sea una desventaja.
Y de entrada también marcó su postura: “tratamos de no judicializar la pobreza. Tratamos de ver a la gente no como alguien que genera problemas sino que le podemos buscar soluciones”.
Al fijarle un orden a las cualidades que a su criterio debe tener un juez se diferenció bastante de su competidora:
Y explicó ese último lugar: “no estoy dispuesta a sacrificar en el altar de la celeridad los bienes de las personas. No es que no crea en el valor de la celeridad, pero no es el más importante”.
Gastaminza le preguntó si ese orden de cualidades funcionaba igual para el cargo de jueza en Neuquén que en Zapala (para el cual Martino también se postula).
La abogada le contestó que “el perfil del juez debe ser siempre el mismo, lo que cambia es la incumbencia técnica. No creo que un juez de Familia deba tener más inteligencia emocional que uno civil”.
Por si no quedó claro agregó: “el justiciable merece siempre lo mismo de un juez: independencia, imparcialidad, equilibrio emocional”.
Olivera le preguntó si ella reunía esas condiciones. Martina respondió con cierta timidez: “discúlpenme, es casi pecar de soberbia, pero creo que sí. A esta altura de mi vida creo estar en condiciones de dar lo mejor de mí. El Poder Judicial no debe ser una pasantía para adquirir conocimiento y experiencia”, dijo.
“El juez debe ejercer liderazgo, enseñar con el ejemplo. Debe ser el que más estudia, el que más trabaja. Creo en el trabajo en equipo. Un empleado rinde más cuando es valorado, respetado, escuchado”, fueron otras de sus definiciones.
Sobre las medidas de mejor proveer recordó que en España ya fueron eliminadas; afirmó que las usaría con mucha prudencia, opinó que es muy delgada la línea que implica suplir la incompetencia de la parte, y que “de una u otra forma, desequilibran el proceso”.
Las preguntas se orientaron luego hacia el reclamo de los pueblos originarios y la tensión que existe en la provincia por ese tema. Martina invocó “el esfuerzo compartido que menciona la Corte” para resolver litigios y no se apartó de esa línea.
Dijo que “es imporante preservar el hábitat de los pueblos originarios sin que esto implique la expulsión de los superficiarios. Yo buscaría el punto de equilibrio”.
La misma receta la aplicó para las hipótesis de otros conflictos sociales como cortes de rutas y usurpaciones.
“En esos casos en que hay tensión entre derechos pueden mantenerse ambos, limitándolos. Por ejemplo limitar el corte de ruta a una mano, o levantarlo cada hora. Las personas tendrán demoras para circular pero no imposibilidad”, explicó Martina.
Se planteó cómo actuaría en el caso de una huelga de maestros. “No les diría que levanten la huelga porque el que debe garantizar la educación es el Estado, no ellos. Un juez no puede ordenar el levantamiento de una huelga”.
Alfredo Osés (subroga a Carla Castiglioni) casi saltó de su asiento para preguntarle qué haría en un corte de ruta o calles con quema de cubiertas, “lo cual afecta el medio ambiente”.
Con la misma serenidad, la candidata le contestó que “le buscaría límites a la protesta, lo cual no va en desmedro de la protesta. Creo que con los bombos alcanza para hacerse escuchar”, sonrió.
Olivera le preguntó si para ella el corte de ruta representaba el delito del artículo 194 del Código Penal (reprime al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra” etc.).
Con total sinceridad, Martina le dijo que “ni lo había pensado desde el derecho penal. Pensaba que llegaba a mi juzgado un amparo, o una medida autosatisfactiva”.
Igual no esquivó la pregunta: “no todo corte constituye de por sí el delito del 194”.
La perla del final: Rocamora le planteó que en una vivienda en llamas están los abuelos y el nieto. “Usted puede salvar a uno solo ¿A quién salvaría y por qué?”.
La abogada le respondió: “al que tenga más posibilidades fácticas de ser rescatado”. Y creyendo intuir dónde estaba la trampa, agregó: “No creo que la mayor edad sea un demérito”.
Enry Rebolledo, perspicaz, le retrucó con una sonrisa: “no le creo. Yo creo que usted haría el esfuerzo para salvar al que está en mayor peligro”.
