En este post están las estadísticas completas del Poder Judicial respecto de los expedientes iniciados en los juzgados de Familia por casos de la ley 2212 en base a los cuales armé la nota que hoy se publica en el diario.
Antes, mucho antes que otros medios, publiqué en el blog el informe sobre femicidios en 2009 en Argentina (el autobombo siempre está de más, pero es un clásico de los blogs).
Y aquí está el informe sobre el mismo tema de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El siempre recomendable Visión 7 Internacional repitió hoy un informe sobre la trata de personas, el tercer negocio más lucrativo del mundo detrás del narcotráfico y el contrabando de armas.
Aquí están el video y el guión del documento especial.
Mauro del Castillo, intendente de Villa Pehuenia. “Tenemos una opinión política, la jurídica seguramente la van a dar otros participantes. Entendemos que el planteo que se hizo en 2004 obedeció a otros intereses, entre ellos intereses políticos que me parece que hoy están dejados atrás. La Confederación Mapuche tiene intereses políticos, por lo tanto sus opiniones y denuncias tienen que ver con esto. Nunca hemos tenido el apoyo de la Confederación para solucionar estos problemas, siempre se ha hecho presente cuando hemos tenido problemas con el tema tierras. Ellos tienen otros intereses. La vida de las personas en este lugar no ha sido alterada de manera negativa por lo tanto no es aplicable la inconstitucionalidad que se pretende argumentar. El municipio, que es el Estado ha estado presente”.
Verónica Huilipán, dirigente de la Confederación Mapuche Neuquina. “Escuché a Castillo y siempre buscan cuestiones para ensuciar. Se ha creado una ley para crear un Municipio sin consulta al pueblo mapuche. Nosotros somos una organización política y buscamos un fin de acuerdo a nuestros intereses. En este caso estamos debatiendo la municipalización de estos territorios sin consulta al pueblo mapuche. En primer lugar decimos la inconstitucionalidad de esta ley porque viola derechos de la Constitución provincial y nacional. Entre amigos se favorecieron mucho con políticos y funcionarios y no ven el grave daño que se le hace a los territorios de las comunidades mapuches por intrusos que vienen a quitarnos las tierras. El complejo de Batea Mahuida está construida y controlado por la Comunidad Mapuche y no es un lugar de gestión municipal”.
Pablo Tomasini, delegado regional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “Nosotros saludamos la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia utilice el mecanismo de audiencia pública para temas como estos. La posición nuestra es de respeto a las garantías constitucionales. La reforma de la Constitución Nacional y de la Provincial incluyen garantías importantes para las comunidades originarias como lo es la consulta sobre las decisiones que se toman que pueden afectar sus territorios y sus interese. En el caso de Villa Pehuenia no hubo consultas de ningún tipo. Eso implica una violación constitucional. Vamos a ir claramente con esta posición que nos parece de mínima respecto a lo que los pueblos indígenas necesitan que se cumpla desde el Estado. Las tierras que los pueblos indígenas tienen en este momento no es la tierra que necesitan o que ocuparon en su momento, desde otra cosmovisión, porque no había una idea de título de propiedad de las tierras. La tierra era de todos”.
Juan Manuel Salgado, integrante del Observatorio de Derechos Humanos Indígenas. “Yo represento a las partes, a la comunidad Catalán y a la comunidad mapuche. De ellas parte la iniciación del juicio, hace cinco años. El Estado no tiene atribuciones para tomar decisiones sobre cuestiones que afectan directamente al pueblo mapuche, sin hacer un proceso de consulta. Esto no es un invento, está en la Constitución Provincial, Nación y en el Convenio de la OIT. La consulta no es hacer un acta como dijo el gobernador, que está poco asesorado en el tema. La demanda se hizo antes de que se hiciera la primera elección de autoridades. El Estado ha dejado pasar cinco años y se tendrá que hacer cargo de eso. El municipio se ha encargado de repartirse tierras entre amigos y en atacar a la comunidad mapuche. En este momento estamos pidiendo la anulación. El gobierno provincial acostumbra tomar decisiones ignorando los intereses de las comunidades mapuches. Si desaparece el municipio de Pehuenia como entidad autónoma, habrá que ver el tema de los resarcimientos a las comunidades. Después de la audiencia pública, el Tribunal Superior de Justicia tendrá 70 días para dictar sentencia”.
Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Neuquén. “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene como responsabilidad asesorar ante la cuestión de los derechos humanos. Hemos tenido una participación importante en el seguimiento de los problemas que han tenido las comunidades originarias con agentes privados. La creación del municipio de Villa Pehuenia no tuvo la consulta previa a la comunidad originaria que plantea la norma jurídica internacional que fue aceptada por la Constitución de 1994. Yo entiendo que la decisión la tomará el Tribunal Superior de Justicia. Ese municipio fue creado sin la consulta de la comunidad involucrada. Creo que si corre la anulación, habrá que ver cómo se salvan los derechos que han sido postergados”.
Quienes vieron la película Avatar se sorprendieron por una alusión a Venezuela que no está subtitulada correctamente al menos en la versión que se exhibe en Neuquén. La traducción de los sitios de películas gratis on line es pésima, pero tiene la virtud de ser fiel en algunos tramos.
Hice algo sencillo: busqué en Google la asociación de las palabras “Avatar” y “Venezuela”. Y entre muchas referencias a la exhibición de la película en ese país encontré esta opinión que un anónimo dejó en un foro:
“Futuro. En un mundo superpoblado, un veterano de guerra parapléjico, Jake Sully (Sam Worthington), es trasladado al planeta Pandora. Allí se encontrará con los Na’vi, una pacífica raza extraterrestre. Lo curioso es que no llegará con su misma identidad sino que lo hará con una identidad extraterrestre, con un Avatar (un híbrido capaz de respirar el aire de Pandora y caminar nuevamente). La película es, en efcto, sorprendente. De hecho, ya podemos ver que es lo que vienen en el futuro de la tecnología.
“Sin embargo, como venezolano, no pude dejar de notar, dejando de leer los subtítulos y escuchando, que el Coronel de la película, al conversar con el protagonista (Jack Zully), hace mención de que su discapacidad se debe a que no le fue muy bien en las operaciones en Venezuela. O sea, que el hombre se había quedado paralítico en Venezuela. Es la tercera película de acción que veo donde se hace mención de Venezuela como país de conflictos con el ejercito de USA. ¿Nos están dejando ver lo que vendrá?”
La idea que le acercaron a Jorge Sapag fue que si no se podía desalojar a los vocales designados por Sobisch y si ellos no renunciaban, había que marcar la diferencia de alguna manera, por ejemplo, elaborando una lista de conjueces de lujo que por contraste dejara en evidencia a la task force que ocupó espacios en 2004.
La historia fue por otros caminos, ese plan nunca se ejecutó y hoy tenemos una lista de conjueces cuya aprobación generó un interesante debate legislativo que podrán leer más abajo.
Todo este preámbulo viene a justificar el elemento noticioso que nunca debe faltar: el 13 de enero, el Tribunal Superior hará el primer sorteo público para elegir a un conjuez que intervendrá en la causa de las comunidades mapuches contra la provincia por la creación del municipio de Villa Pehuenia.
El sorteo es trascente por varios motivos: porque es el primero que se hace en público y no a puertas cerradas como antes; porque es el primero en el que entran en el bolillero conjueces que recibieron aucerdo legislativo (con todas las notas al pie que quieran agregarle); porque ese conjuez se sumará al Tribunal para participar de la primera audiencia pública sobre un tema de trascendencia.
Aquí la versión taquigráfica del debate en la Legislatura, del 9 de diciembre pasado. Click en fullscreen para verlo en pantalla completa.
Jueces de Córdoba cobrarán igual que los federales
Ya fue tema del blog la cuestión salarial en las provincias de la Patagonia.
Ahora leo en Diario Judicial que los magistrados de Córdoba lograron lo que sus pares neuquinos también aspiran: cobrar igual que los federales. El gremio se quedó afuera y protesta.
Dice la nota que “una ley sancionada por la Legislatura provincial señala que los sueldos de los magistrados serán fijados “en el 90 por ciento de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal”.
“El anteúltimo día de 2009 la Legislatura de Córdoba aprobó una ley que equipara las remuneraciones de los jueces provinciales con las de sus pares de la justicia federal. El texto de la iniciativa establece que las “compensaciones remuneratorias” de los jueces cordobeses serán fijadas en el 90 por ciento “de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal”.
“El artículo 4º del texto, aprobado a instancias de los legisladores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical (UCR), indica que “durante la etapa de transición” (desde el 1º de enero de 2010 hasta el 1º de enero de 2012) “el reajuste correspondiente será gradual y progresivo hasta alcanzar el tope del noventa por ciento (90%), conforme a criterios de oportunidad y apreciación que ponderará el Poder Ejecutivo mediante la reglamentación pertinente”.
“A mediados de noviembre, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Abel Fleming, había señalado, en una entrevista con este diario, que para la entidad era prioritario resolver “la diferencia entre la retribución que perciben los jueces de distintas provincias”.
“Entre las provincias más castigadas por los bajos salarios a los jueces provinciales había señalado a La Rioja, Jujuy y Catamarca. Pero no nombró a Córdoba.
“Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) criticaron en duros términos la ley 9725 pues entendieron que “consolida la inequidad al interior del Poder Judicial ya que se margina al grueso de sus trabajadores”.
“En un comunicado que llevó la firma de la secretaria general de la AGEPJ, Irina Santesteban, el gremio reivindicó el “sistema porcentual” de salarios, que establece un puntaje para todas las categorías, desde la más alta hasta la más baja, con “enganche” a la remuneración que percibe la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia, según que se tome el “enganche” nacional o provincial.
“La AGEPJ aclaró que no se opone a que el sector de magistrados y funcionarios tenga un aumento en sus remuneraciones (“pues no han percibido incrementos desde hace un año y medio”, aseguró) pero repudió el incremento otorgado por ley pues, según el gremio, se dio luego de que el gobierno provincial le negara un aumento a los trabajadores estatales y docentes, alegando que “no había plata”.
“Con esta ley se demuestra que sí había plata” agregó el comunicado y subrayó que se trata de “aumentar las remuneraciones de quienes más ganan”.
“Desde la AGEPJ alertaron que “detrás de la equiparación de los jueces provinciales con la Justicia Federal, se viene la equiparación de los legisladores, con lo cual, los ‘representantes del pueblo’ votaron en realidad un aumento para ellos mismos”.
“Y pidieron llegar a una discusión tripartita (entre el TSJ, los magistrados y el gremio) sobre la distribución de la masa salarial al tiempo que reivindicaron el derecho de los trabajadores a “discutir en paritarias, un convenio colectivo de trabajo”.
“A mediados de diciembre, los jueces del TSJ no participaron en una reunión convocada por el gremio para discutir paritarias.
“Una paritaria siempre es voluntaria, nunca se impone”, había dicho en ese momento el vocal ante el TSJ Luis Rubio en diálogo con DiarioJudicial.com.
