Los diarios digitales, tan ágiles para utilizar las herramientas del periodismo 2.0, armaron de inmediato encuestas con el pedido de renuncia de la presidenta Cristian Fernández al titular del Banco Central, Martín Redrado.
Hubo sutilezas en el modo de formular la pregunta, como muestras estos ejemplos de Crítica, Clarín y La Nación:
El Gobierno decretó hoy que se desclasifique toda la documentación secreta sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, por considerar que en los juicios contra los represores se requiere "gran cantidad de información".
Lo hizo mediante el Decreto 04/2010:
Artículo 1º — Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su Decreto Reglamentario Nº 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar.
Art. 2º — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1º del presente Decreto, toda la información
y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter
interestatal.
Art. 3º — En ningún caso, se dejará sin efecto la clasificación de seguridad otorgada a la información
de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley Nº 25.520.
Destituir a la jueza Rosa Parrilli fue sencillo para el jurado de enjuiciamiento. Con toda la opinión pública volcada en contra de la magistrada porque tuvo la mala fortuna de que la pescaron cuando maltrataba a empleadas de Tránsito, atrapada en un video que se convirtió en uno de los hit del año, sólo quedaba por decidir cuántos adjetivos ponerle al fallo. Y fueron muchos. ¿Qué mejor oportunidad para demostrar que el sistema funciona?
Aunque hubo uno de los jurados, creo que no casualmente juez, que estuvo en desacuerdo con la destitución.
Diario Judicial publica el fallo completo. Extrae algunos párrafos, y dice por ejemplo que el juez José Casas, a cargo del primer voto, sostuvo que el video que se hizo público “no sólo da cuenta de una conducta descontrolada de la jueza Parrilli que se traduce en hostigamiento, discriminación y violenta agresión verbal dirigidos contra las agentes públicas que debían atenderla en cumplimiento de sus obligaciones, sino de un palmario caso de abuso de poder.”
El magistrado agregó que las expresiones de la ex jueza “denuncia un proceder ilegal y autoritario que se traduce en un comportamiento agraviante para con la Democracia recuperada, el Estado de Derecho y la Carta Fundamental por la cual juró la magistrada, al convertirse, como jueza-ciudadana, en servidora de la República y no en detentadora privilegiada de un poder personal, que la convertiría en inmune a la ley y en titular de una potestad, en su concepto, pasible de ser ejercitada en provecho propio”.
Tremendas frases que me gustaría leer en otra sentencia de algún caso donde no haya videos como prueba ni personajes tan menores como esta jueza comprometidos, y que la opinión pública esté dividida, tironeada por los medios.
Sigamos. El abogado Leandro Vergara sostuvo, por su parte, que “la Ciudad de Buenos Aires no puede admitir que se mantenga en funciones a una Magistrada que no conoce los límites de la autoridad que le confiere su cargo, y que lo invoque como escudo para evitar una sanción, utilizando además la agresión verbal y la mentira como un medio para conseguir sus propósitos.”
Lapidario.
Y entonces llegamos a la disidencia del juez Guillermo Treacy quien, señala Diario Judicial, acaba de ser nombrado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Treacy había votado por devolver el caso al Consejo de la Magistratura para que se le aplique a Parrilli una sanción disciplinaria.
“No puede hablarse de mal desempeño, sin que exista una vinculación probada entre esas conductas extrajudiciales y su incidencia en el ejercicio del cargo de juez. En particular, debe establecerse si se trata de conductas graves o habituales que tengan entidad para afectar el bien jurídico tutelado, que es la eficaz prestación del servicio de justicia”, consideró Treacy.
El juez sostuvo que Parrilli tuvo “una conducta reprochable” con expresiones que “son inapropiadas en un magistrado” y que “son sancionables”. Pero señaló que en el caso de las agresiones a las empleadas de tránsito “falta el necesario correlato con el desempeño del cargo o un aprovechamiento de esta circunstancia para obtener un beneficio o, al menos, esto no se encuentra probado”.
Si no entendí mal, para Treacy con una vara se mide lo que sucede adentro del despacho y con otra lo que se hace en la calle.
La Casa del Encuentro dio a conocer su informe sobre femicidios cometidos en 2009 en Argentina.
Sobre un total de 231 casos este es el rango por provincias:
Buenos Aires: 66
Santa Fe: 28
Córdoba: 21
Mendoza: 14
Misiones:11
Salta: 11
Formosa: 9
Santiago del Estero: 9
Jujuy: 9
Ciudad de Buenos Aires: 8
Tucumán: 8
Neuquén: 6
Río Negro: 6
Entre Ríos: 5
San Luis: 5
Chaco: 4
La Pampa: 3
Corrientes: 2
Chubut: 2
La Rioja: 1
Catamarca: 1
Santa Cruz: 1
Tierra del Fuego: 1
Rango Vínculo con la víctima:
Esposos-parejas-novios: 65
Ex/esposos-parejas-novios: 68
Hermanos–hermanastros: 5
Padres–padrastros: 9
Otros familiares: 15
Hijos: 1
Vecinos/ conocidos: 19
Sin vínculo aparente/ sin detenidos: 49.
Estos datos demuestran que en 163 casos el Femicidio se produce en el círculo afectivo directo y 19 entre vecinos y conocidos.
El ajetreo de fin de año hizo pasar inadvertido para el gran público este intercambio epistolar breve pero intenso entre la Asociación de Magistrados y el Consejo de la Magistratura a propósito de la prórroga en la inscripción del concurso 25, destinado a elegir un juez de Cámara para Cutral Co.
En su momento el Consejo de la Magistratura informó que el Colegio de Abogados de esa circunscripción había pedido la prórroga debido a que el concurso tuvo, al momento del cierre, sólo dos inscriptos (lo que dio lugar a este post: ¿Nadie quiere ser camarista en Cutral Co?)
Dijo el Consejo: “Considerando la importancia del cargo a cubrir y en pos del beneficio que traerá aparejado una mayor participación, el Pleno entendió oportuno y conveniente disponer la reapertura del plazo de inscripción” a partir del 22 de febrero de 2010 hasta el 26 de ese mes y año.
La postergación no le cayó nada bien a la Asociación de Magistrados que le envió una carta al Consejo. Pueden leerla completa más abajo, los párrafos destacados (a mi criterio) son estos:
“La decisión de proceder a la reapertura del plazo para la inscripción importa un apartamiento infundado de la conducta tenida en relación a anteriores concursos, a la vez que una violación al principio de igualdad de trato para con los postulantes.
“Además, la reapertura del plazo de inscripción importa discriminar a los actuales inscriptos para el Concurso nº 25.
Al final, la estocada: “Indudablemente los hechos apuntados en poco contribuyen a generar confianza en la actuación de los señores Consejeros, y solamente aportan a la opacidad de los concursos convocados. Siendo estas circunstancias, quizás, las que determinan la escasa cantidad de postulantes que se presentan a los concursos, y no la época del año en que se publica la convocatoria”.
El Consejo de la Magistratura respondió con idéntica esgrima. El texto completo está más abajo, y dice entre otras cosas:
“No advirtiendo motivos o razones fundadas, ni argumento jurídico válido, cumplo en comunicarles que se ha resuelto rechazar el pedido formulado, sin soslayar que la medida adoptada por este Consejo fue requerida por otra institución, como resulta de vuestro conocimiento, y que además resultó consentida por los únicos dos inscriptos al referido Concurso”.
“La decisión adoptada no tiene objetivos subalternos siendo su único propósito colaborar con el mejoramiento del servicio de justicia”.
¡Qué panorama le espera a Graciela Martínez, próxima presidenta del Consejo de la Magistratura! Y el concurso en cuestión es nada menos que para cubrir la vacante que ella dejó...
Esta es la lista de magistrados y funcionarios que se jubilaron durante 2009:
Magistrados:
Silvia Grichener (Juez de Cámara Civil de Zapala)
Enrique Videla Sánchez (Juez de Cámara Civil de Neuquén)
Carlos Manuel Sierra (Juez de Cámara Penal de Neuquén)
Humberto Mazzitelli (Juez de Primera Instancia Penal del Niño y el Adolescente)
Elizabeth Rivero de Taiana (Jueza Laboral. Está en marcha el concurso para reemplazarla).
Funcionarios:
Elba Burgos Gallardo (Fiscal de Cámara)
Ignacio Cano (Fiscal de Cámara)
Carlos Lardit (Defensor de Cámara)
Miriam Elizabeth Luque (Defensora Oficial)
Claudio A. Moyano (Defensor Adjunto)
Pablo Pechin (Secr. de primera Instancia)
Otras jubilaciones:
Julio Alberto Pichau (Juez de Paz – Zapala)
Yolanda Inés Perez (Juez de Paz Aluminé)
Ignacio López Proumen (Jefe del equipo interdisciplinario de la defensoría del Niño)
Mariela Kugler (Subjefe del Cuerpo Médico Forense)
Marcelo Chambo (Médico Forense)
Alberto Paponi (Jefe Departamento Planificación)
Carmen Funes (Secretaria del TSJ)
Otras vacantes para cubrir:
Cámara de Todos los Fueros de San Martín de los Andes.
Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co (el concurso está en marcha).
Con punto de partida en esos datos, escribí esta nota para el diario:
En el Poder Judicial de Neuquén hay alrededor de 15 cargos vacantes de camaristas, jueces, fiscales y defensores. Todos los aspirantes a cubrir esos puestos deben pasar por los concursos del Consejo de la Magistratura, un organismo que este año estará atravesado más que nunca por tensiones políticas: es el último año de mandato de los consejeros; hay pedidos formales del Tribunal Superior de Justicia y de la Asociación de Magistrados para que se congelen las designaciones por seis meses; y en la Legislatura se acumulan los proyectos para introducir reformas en el mecanismo de selección.
Un acuerdo político entre el sobischismo y el quiroguismo alumbró el formato del Consejo de la Magistratura durante la reforma constitucional de 2006. El autor del proyecto fue el radical Hugo Prieto, hoy distanciado de Horacio Quiroga.
El mandato de sus integrantes es asincrónico: los cuatro representantes de la Legislatura reflejan el reparto de las bancas que estuvo vigente hasta el 9 de diciembre de 2007. El último día de febrero de 2011 asumirán sus reemplazantes, elegidos por la actual composición de los bloques y con mandato hasta 2015.
Lo único que ha variado es la presidencia, que está reservada a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Y no es casual: la rotación refleja los bruscos cambios ocurridos en la cabeza del Poder Judicial. Este año ocupará el lugar Lelia Graciela Martínez de Corvalán.
Con críticas y tropiezos, el Consejo de la Magistratura no detuvo nunca el ritmo de concursos para buscar reemplazantes a medida que se iban produciendo vacantes.
Pero el presidente saliente del TSJ, Oscar Massei, ha expresado la necesidad de hacer una pausa. La razón que esgrimió fue que en la Legislatura avanza –si bien a paso de buey- el proyecto de reforma procesal penal del cual pueden surgir nuevas necesidades y desaparecer otras. ¿Para qué apurarse a cubrir cargos que en el nuevo diseño de la justicia penal podrían ser inútiles?, es el razonamiento.
A esta postura se plegó en los últimos días de 2009 la Asociación de Magistrados pero con otros argumentos: congelar el ingreso de personal, sean camaristas o empleados, por seis meses, hasta que se recomponga la crítica situación económica y financiera del Poder Judicial.
Es que fue justamente la creación alocada de organismos y designación de personal sin freno en el período 2004/2007 una de las razones de la crisis actual.
La Asociación de Magistrados nunca superó la herida que le provocó haberse quedado afuera del Consejo de la Magistratura, donde no hay un solo representante de los jueces contra cinco de los abogados de la matrícula o de los partidos políticos (y algunos con doble representación). Difícilmente cambie esta realidad en mucho tiempo: sólo una reforma constitucional podría lograrlo, y los proyectos presentados en ese sentido son los que menos entusiasmo despiertan al actual oficialismo.
La vicegobernadora Ana Pechen admitió, en la entrevista publicada en el diario, que la reforma del Consejo se limitará a la ley que lo reglamenta. Es decir, modificarán las pautas de evaluación de los candidatos para tratar de inyectarle algo más de objetividad, y sólo eso.
Leo: La Corte firma convenio para filmar los juicios de lesa humanidad en todo el país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribió un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para filmar en todo el país los juicios orales sustanciados por delitos de lesa humanidad.
El INCAA, por medio de su Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo a los requerimientos que formule la Corte.
El Convenio establece que “las imágenes logradas son de propiedad del Poder Judicial de la Nación. En ese sentido, el INCAA queda obligado a hacer entrega diariamente del material filmado en bruto al tribunal oral donde se sustancie el juicio.
El Convenio fue suscripto por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta del INCAA, Liliana Mazure.
