Quién sabe por ahora con cuánto de convicción y cuánto de necesidad, Barack Obama ha convertido el viejo dicho en su frase de cabecera.
Así lo menciona, entre muchas otras publicadas en los últimos días, esta nota del diario ABC de España.
Transcribo un párrafo: “Este cambio sustancial en Washington ha empezado con la anulación de la polémica orden ejecutiva en virtud de la cual la Administración Bush otorgó en noviembre del 2001 a ex presidentes, e incluso a sus herederos, el privilegio de mantener el secreto de sus documentos oficiales más allá de los doce años contemplados por la legislación de EE.UU. Al anunciar su cambio de rumbo, Obama ha recalcado su objetivo de terminar con tanta arbitrariedad a la hora de retener información pública”.
También estarán disponible en páginas web los gastos, licitaciones y proyectos de ley para que la ciudadanía opine, como se detalla en el post siguiente con enlace a una excelente nota de la revista Ñ.
Quizá la teoría del derrame de la que hablan los economistas pueda aplicarse también a esta brisa de transparencia que se dice comenzó a soplar en el norte. (¿Contagio anticipado?: Unos post más abajo encontarán la información de que el Tribunal Superior de Justicia decidió, por fin, publicar en Internet sus acuerdos administrativos, al alcance de todo el que quiera verlos).
Tuti Gadano se hizo eco de estos temas en esta nota y en esta otra sobre la falta de reglamentación del artículo constitucional que libera el acceso a las fuentes de información y sobre la reticencia a liberar información sobre algunos temas del pasado reciente, como por ejemplo los contratos del gobierno neuquino con Damovo.
Como aporte al debate me hicieron llegar esta Declaración de Principios Sobre el Derecho de Acceso a la Información del Comité Jurídico Interamericano. Su artículo primero dice:
“Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación”.
Aquí está el texto completo. Mini manual de uso (y bienaventurados quienes lo consideren superfluo): con un click sobre el nombre (en este caso, “accesoinfo”), el documento queda disponible para descargar, leer en pantalla, cambiar tipografía, etc. También se puede hacer un click sobre el pequeño cuadrado del extremo derecho (que parece un televisor) y lograr efectos parecidos.
Bonus track: Algunos maestros de periodismo aconsejan matizar la información dura con otra más blanda o liviana. Bien, el Casancrem de este post está a cargo de esta maravilla que permiten las nuevas tecnologías: como con los mapas de Google, se puede maniobrar sobre esta fotografía del acto de asunción de Barack Obama para alejar y acercar las imágenes hasta apreciar las pestañas de los que asistieron al acto.
Son más de 200 fotos tomadas desde uno de los palcos de prensa y montadas para crear el efecto.
Si quieren jugar un poco: encuentren a los francotiradores que protegieron al presidente.
La prensa lo definió como el primer e-president, aunque nadie está demasiado seguro de lo que significa. Será por su famoso uso de la Blackberry (el día de su asunción había carteles que decían “comprendemos tu dolor” porque al parecer ya no podrá utilizarla), será por su ingenioso método de obtención de fondos, será porque al lado de McCain pareció más moderno y más aplicado al uso de las nuevas metologías. Será porque todo lo vinculado a Internet vende, y hay que buscarle el e–costado a las notas.
La cuestión es que sólo a partir de ahora se tendrá un atisbo de si la democracia virtual, o digital, o directa, es posible.
Obama prometió mantener el vínculo directo con los ciudadanos estadounidenses y aprovechar las ventajas de la tecnología para testear en tiempo real qué es lo que piensan sobre determinados temas.
Uno de los mejores análisis que leí estos días sobre las posibilidades concretas y las dificultades para llevar a la práctica lo que dijo en campaña es esta nota de Sonia Jalfin en la Revista Ñ de Clarín.
Un párrafo, a manera de gancho:
“El gobierno electrónico busca hacer más eficientes las relaciones entre gobernantes y gobernados, facilitando trámites online y transparentando información; pero no altera el modelo de comunicación unidireccional, del gobierno hacia el usuario. La democracia electrónica, en cambio, prefiere hablar de ciudadanos, a quienes involucra en la toma de decisiones para así ampliar la legitimidad democrática. Las novedades implementadas por Obama responden al modelo de eficiencia organizativa del gobierno electrónico. Pero, a la vez, confían en la participación como herramienta de cambio. Los próximos cuatro años dirán si ambos modelos pueden convivir”.
Aquí está el fallo completo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional entre cuyos argumentos figuran los habituales (carece de antecedentes penales, posee arraigo, etc) y uno que me llamó la atención: “debe valorarse que el imputado hasta el momento de su detención gozaba de prestigio en su profesión de licenciado en psicología en la cual era muy conocido en el ámbito académico”.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró “inejecutable” el mandato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que había ordenado la reincorporación a sus cargos de los tres integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, jueces Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha Contreras y Ana María Ruggeri. La CIDH había ordenado la indemnización de tres ex magistrados. Así lo dice esta nota de Diario Judicial.
El gobernador, la vicegobernadora, todos los diputados (del MPN, la Concertación, Alternativa Neuquina, Opción Federal, etc); la ONG Convocatoria Neuquina; la Asociación de Magistrados, ¿qué tienen en común?
Que todos están a favor de reformar el Consejo de la Magistratura. Algunos lo plasmaron en proyectos concretos para enmendar la Constitución provincial e introducir cambios de fondo, otros en proyectos de reforma de la ley que lo reglamenta.
En esta lista falta un actor de peso directamente interesado en el tema: el Colegio de Abogados. De hecho se ha convertido en quizá el único aliado del Consejo de la Magistratura con su gesto de no sumarse al coro de quienes piden cambios.
Como se comentó en este post de setiembre de 2008 hay dos cuestiones centrales en debate: la integración del Consejo y el método de evaluación de los candidatos, en especial la entrevista personal, más en especial el poder discrecional de los consejeros.
La Asociación de Magistrados argumenta que está en desventaja en ambos campos. En el primero, porque no hay magistrados que integren el Consejo; en el segundo, porque el sistema de consideración de los antecedentes favorecería a quienes están “afuera” del Poder Judicial (cuestión discutible reflejada en el post de referencia).
El debate a su vez se remonta a la Convención Constituyente, cuando Hugo Prieto era un ancho de espadas y no un cuatro de copas, lo que le permitió imponer su proyecto de Consejo de la Magistratura.
Prieto representaba al radicalismo pero, sobre todo, al Colegio de Abogados. Desde ahí frenó los avances de la Asociación de Magistrados que quería meter un representante a toda costa.
Y su Consejo de la Magistratura lleva dos años funcionando sin que le hayan tocado una coma al proyecto original, por más que los magistrados fueron a la Corte Suprema e hicieron venir a la provincia a su referente nacional para darle relieve al pataleo.
¿Esto significa que el Colegio de Abogados tiene más poder que la Asociación de Magistrados? No lo sé, pero se me ocurrió que podía ser un tema de encuesta.
Este año el Tribunal Superior de Justicia comenzará a publicar en la página web del Poder Judicial los acuerdos administrativos ordinarios y extraordinarios para que estén al alcance de quien los quiera ver.
“De esta manera y sin perjuicio de la publicidad interna que actualmente efectúa y la externa que se cumple con la información que se brinda a aquellos que soliciten estos actos administrativos, el Tribunal apunta a plasmar de manera contundente el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno”, dice un comunicado de prensa de hoy viernes a la tarde.
La disposición está contenida en un decreto del presidente Ricardo Kohon.
Hubo una época en la que los acuerdos no se publicaban ni siquiera en la red interna del Poder Judicial, o aparecían con meses de retraso.
Aún conservo como un (mal) ejemplo de aquella época todos los acuerdos de los años 2004 y 2005 que una valiente funcionaria se atrevió a copiar de la red interna para enviármelos por correo.
Quizá algunos magistrados y funcionarios recuerden que también por esos años abrieron cuentas de correo electrónico en Hotmail o Yahoo para intercambiar cierto tipo de información que no querían enviar por sus cuentas en @jusneuquen.gov.ar.
Además dejaron de usar sus celulares cuando se conversaban ciertos temas.
Con fundamentos o no, muchos estaban convencidos de que los espiaban.
Bueno, dejemos las comparaciones porque confrontada con esa, cualquier otra época parece una maravilla.
Lo último: voy a anotar esta resolución como un modesto logro del blog, que se había propuesto entre sus tareas para este año lograr que se publiquen los acuerdos en Internet.
Esta es una de las muchísimas herramientas para blogs que hay en Internet. Permite saber cómo llegaste al blog y desde dónde te conectás. No es la mejor época para instalarla porque este mes hay poco tráfico. Pero más adelante se apreciará su utilidad.
