El Tribunal Superior de Justicia pidió más fondos. Y lo hizo por la vía formal: envió un proyecto de ley a la Legislatura mediante el cual reclama que se eleve del 18 al 24 por ciento el porcentaje de la coparticipación de impuestos que nutre su autárquico presupuesto.
Hace apenas unas horas el Poder Ejecutivo provincial había informado que el cálculo de gastos que había hecho el Tribual Superior para 2010 era de 310 millones de pesos.
Pero leyendo el acuerdo extraordinario 4470 del martes 15 (aquí está completo) vemos que el TSJ pidió 430.050.528 pesos para el año próximo.
Rescato dos puntos del acuerdo:
“Que para afrontar los desafíos presupuestarios para el ejercicio 2010 resulta imprescindible solicitar a la Honorable Legislatura provincial un incremento en el porcentaje asignado en el régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales establecido en la Ley 1971, pasando de un dieciocho (18%) por ciento a un veinticuatro (24%) por ciento”.
“Que, en efecto, la Constitución de la Provincia, en su art. 240 inc. d) asegura al Poder Judicial que su presupuesto “...será suficiente y adecuado a las necesidades de la administración de Justicia...”, el que no puede ser vetado total o parcialmente”.
El proyecto fue enviado el martes a la Legislatura. Todos los detalles están en el enlace que les sugiero.
Un resumen con los datos duros más relevantes, aquí.
El presupuesto del Poder Judicial para 2010 es de 301 millones de pesos.
El presupuesto del Consejo de la Magistratura es de 9,8 millones.
La información oficial indica que el presupuesto general de la provincia para el 2010 asciende a 7.169.576.310 pesos.
La cifra representa un 14% más que el aprobado por ley en el ejercicio 2009.
De ese total, los organismos del poder Ejecutivo que comprende la administración central requerirán 6.039 millones de pesos; 729 millones tienen como destino los municipios de la provincia a través de la coparticipación; el poder Judicial ha presupuestado 301 millones de pesos; el poder Legislativo, 89,8 millones y el Consejo de la Magistratura, 9,8 millones de pesos.
El déficit previsto es de 732 millones de pesos para el cual contempla un abanico de fuentes de financiamiento.
No gana más dinero el abogado que litiga durante más tiempo sino el que llega con más eficacia a un acuerdo. Esa es la sustancia de un interesante proyecto de ley para modificar la ley de aranceles que presentó la diputada Soledad Martínez.
Dice en sus fundamentos: "Nuestra tradición –al amparo del actual régimen legal– tácitamente reconoce como una pauta de gran relevancia la excesiva litigiosidad como un método para prolongar indefinidamente los juicios por cuanto establece que el juez valore "...la extensión del trabajo..." (artículo 6º). A los efectos de comenzar a revertir esa tradición y contribuir a la baja de litigiosidad es que se propone al fijar los honorarios incluir la efectivización de acuerdos como una pauta que estimule esta práctica entre los profesionales".
El proyecto propone: "Modifícase el inciso d) del artículo 6º de la Ley de Aranceles nº 1584 (ojo diputada, es la 1594), el que quedará redactado de la siguiente manera:
"d) El mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad y eficacia del trabajo, especialmente la efectivización de acuerdos que reduzcan el nivel de litigiosidad y la actividad jurisdiccional".
La diputada también presentó otro poyecto de ley referido al "amicus curiae" o "amigo del tribunal".
Expresa entre otros fundamentos que "la institución denominada "amicus curiae" propone que terceros ajenos a una disputa judicial que, acreditando un justificado interés en la resolución final del litigio, puedan expresar sus opiniones en torno a la materia y realizar aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial".
"Esta ley, entonces no hará mas que dar marco normativo a la explicita muestra de la voluntad de la máxima autoridad jurisdiccional de la provincia por incorporar a nuestra práctica judicial la promisoria institución internacional del "amicus curiae".
Lo aseguró la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, en relación a las denuncias efectuadas por magistrados luego de que funcionarios desconocieran órdenes judiciales. Dijo que “si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva”.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, afirmó este miércoles, en declaraciones periodísticas, que “es preocupante que no se cumplan la órdenes de los jueces, porque entonces ¿para qué estamos?”. Lo dijo en relación a las denuncias efectuadas por magistrados luego de que funcionarios desconocieran órdenes judiciales.
En esa línea, Argibay aseguró que “si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva. La órdenes de los jueces hay que cumplirlas, y si no hay que discutirlas en el lugar que se debe”.
Y agregó: “Tenemos el caso del procurador Sosa, que la Corte ordenó hace tiempo reponerlo en su cargo y todavía está esperando”
Primero, una voz autorizada del periodismo: Roberto Guareschi, quien dirigió la redacción de Clarín entre 1990 y 2003, escribió en su blog esta nota titulada “Fracaso y culpa del periodismo”.
Extraigo algunos párrafos sin dejar de recomendar su lectura completa:
“El caso Pomar es un ejemplo de la inseguridad colectiva expuesta en un sufrimiento individual y familiar profundo e irreversible. El Estado no nos protege: creo que así se archiva en la conciencia colectiva. La imagen es tremenda: los cuatro cuerpos descomponiéndose en un campo, la policía simulando que los busca y los funcionarios políticos simulando eficacia en los medios masivos.
“Creo que los periodistas y los medios tenemos una responsabilidad en la construcción de esa falsedad que duró 24 días y quiero reflexionar sobre eso en esta columna.
“(…) ¿Por qué fallamos? Porque no cumplimos con nuestra responsabilidad, primero y principal, y por una inercia negativa propia de nuestro oficio. Los policías y los jueces y fiscales buscan culpables y muchas veces prejuzgan, nosotros buscamos historias y a veces “compramos“ y vendemos historias falsas.
“(…) En el caso Pomar los periodistas y los medios terminaron envueltos en una trama que no les pertenecía -las urgencias y miedos de Scioli y la policía- pero no fueron inocentes sino “partícipes necesarios“. Sacaron un beneficio (aparente y efímero) del engaño: construyeron una historia (vacilante, improbable) para satisfacer (chapuceramente) una supuesta demanda de sus públicos y competir con malas artes con otros periodistas y medios.
“Por eso se colgaron de las declaraciones de una fiscal que difundía hipótesis en contra de toda prudencia (…) Algunas de las hipótesis insustanciadas fueron pronunciadas por un miembro de la familia de las víctimas (…) La voz de un familiar no convalida una hipótesis ni da legitimidad a su publicación ni da inocencia (“Ah, no lo dije yo; lo dijo la suegra“).
“(…) He escuchado lamentos, “me da verguenza ser periodista“, de colegas que no han intervenido en el caso Pomar. Pero no he leído ni escuchado autocríticas con sustancia y sin reservas. No fueron “ciertos medios“ ni “ciertos periodistas“, fueron medios y periodistas concretos los que cayeron en este error, con distintos grados de culpa, la mayoría por acción y algunos por omisión: podríamos haber señalado a tiempo la mala práxis. Esta columna es una autocrítica.
“También intento reflexionar sobre el error para ayudar a comprenderlo y no repetirlo. Le pedimos autocrítica a Pepe Albistur y nos irritan sus gambetas… No somos proclives a reflexionar sobre nuestro trabajo y cuando lo hacemos no somos rigurosos, nos quedamos en la queja, transferimos culpas: “Lo dijo la suegra“, “lo impone la empresa“; maneras de renuncia. El periodismo que viene es una práctica y una teoría y se construye hoy”.
La lectura de estas líneas me movilizó y me tomé el atrevimiento de escribir algunas reflexiones sobre el caso que le envié a Guareschi, quien tuvo la gentileza de publicarlas en su blog.
Este fue mi aporte:
“Ante un caso criminal dado, en la enorme mayoría de los casos los periodistas recurrimos a las fuentes policiales. Y a esas fuentes debemos ponerlas bajo sospecha de inmediato: Son los primeros encubridores, los primeros que ofrecen información sesgada.
¿Lo hacen porque son corruptos, o para favorecer a alguien? No siempre. Lo hacen porque son parte interesada.
Quizá no tuvieron nada que ver con el caso policial en cuestión, pero sí tienen que ver con su esclarecimiento. Por eso se produce el fenómeno que vemos tan a diario: la banda que robó el banco y huyó sin ser atrapada será “una super banda”, los boqueteros que vaciaron el tesoro sin dejar rastros serán “sofisticados ingenieros”, y, siguiendo esa lógica, la familia que no aparece por ningún lado será “violenta, abusadora, traficante” y quién sabe cuántas cosas más, estará fuera del país u oculta por su voluntad en algún rincón inaccesible.
Y los periodistas solemos repetir esas definiciones sin chequearlas, sin siquiera tamizarlas por el sentido común o al menos preguntarnos: ¿y por qué esta fuente me cuenta esto?.
Salvo escasísimas excepciones, somos precarios investigadores y debemos asumirlo. Muchas veces no es por nuestra culpa, sino porque no disponemos de los medios o la formación necesarios.
Me ha tocado la cobertura, para el diario Río Negro, del asesinato del soldado Carrasco (1994) y del primer triple crimen de la ciudad de Cipolletti (1997), entre tantos otros casos resonantes.
Muchísimas veces llegábamos al final del día sin ninguna información confiable ni “fuerte” para llevar a la primera página.
¿Se debía a que éramos malos periodistas? Es posible, pero también intervinieron otros factores: nótese que al día de hoy existen dudas sobre si los condenados por la justicia fueron los respectivos autores.
Para la prensa, en ninguno de los casos era fácil conseguir datos confiables porque los mismos investigadores eran los que estaban sospechados y la información que filtraban era interesada.
Por suerte el diario no nos exigía un título de tapa por día, de modo que cuando no había, no había.
Pero si los canales de televisión, las radios y los medios digitales, en constante competencia, envían periodistas al lugar del hecho para obtener información, ¿qué hacen esos reporteros? Consiguen lo que sea. He visto por televisión informes de 10 minutos con un periodista hablando de un auto quemado que no era de los Pomar, y el informe no lo ocultaba, lo decía desde el comienzo. ¿Cómo se pueden “llenar” 10 minutos con un hecho no es noticioso?
Queda mucho más por decir (en especial sobre la intromisión política, nunca ausente), pero ya me extendí demasiado. Ojalá el debate continúe. Lo necesitamos.
Hasta aquí mis reflexiones.
Estaba por subirlas al blog cuando me llegó el aporte de una de las más fieles colaboradoras de este espacio, que a su vez no sabía acerca de qué tema andaba yo escribiendo.
Se trata de una nota publicada en la revista Humor en 1982 pero que bien podría haber sido editada hoy a la mañana. (Hasta encontrarán el uso del término “crispación”).
La firma Luis Frontera, “cronista policial acreditado ante la Policía de la provincia de Buenos Aires”, como él mismo describe.
En la primera lectura me sorprendió la vigorosa actualidad que contiene cada párrafo.
Después pensé, con tristeza, que no hay motivos para sorprenderse: esa vieja nota de 1982 y la última crónica escrita sobre el caso Pomar están unidas por un lazo que no hemos sabido cortar, y que está hecho de nosotros mismos.
