24 » Nov 2024
Diario Río Negro
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Guillermo Berto
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  24 » Jul 2008
Responsabilidades
 

Aquí está el fallo completo que condena al Estado nacional (Ministerio de Defensa, Ejército) a indemnizar a la viuda del teniente Fabián Ardito, uno de los seis muertos en la tragedia del cerro Tronador ocurrida el 22 de febrero de 2001.

El Estado argumentó que el fallecimiento de Ardito fue "un caso de riesgo exclusivo de la profesión" pero la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dijo por el contrario que está acreditado que el accidente fue "consecuencia previsible de un acto de servicio, según resoluciones emanadas de la propia demandada".

"Corresponde, entonces, aplicar la doctrina según la cual el personal de las fuerzas armadas o de seguridad que sufre una minusvalía físico-psíquica durante la prestación del servicio tiene derecho a reclamar la indemnización que prevén las normas del derecho común", dice el fallo.

La excepción "la constituye la circunstancia de que la minusvalía física o psíquica provenga de una “acción bélica”, de un “acto de beligerancia”, porque ése es el riesgo específico, propio, que asume el militar cuando elige la carrera de las armas. En autos es evidente que el fallecimiento del teniente Ardito no fue producto de una acción bélica, por lo que la excepción citada no resulta en modo alguno aplicable".

La sentencia completa la obtuve de diariojudicial.com
 
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  24 » Jul 2008
Vacantes
  Atención los interesados en pasarse al fuero federal. Y no para reemplazar a Guillermo Labate, sino para cubrir vacantes en la Cámara Federal de General Roca. Según publica diariojudicial.com "ya se convocó a sorteo para integrar los jurados de dos nuevos concursos que se abrirán en poco tiempo. Uno de los procesos será para reemplazar a Graciela Arriola, que dejó su cargo de vocal en la Cámara Federal de Mar del Plata, en tanto que el otro será destinado a cubrir las renuncias de Arturo Pérez Petit y Carlos Müller a sus cargos en la Cámara Federal de General Roca".
(G.B.)
 
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  21 » Jul 2008
Desempate
  Gustavo Arballo se puso a bucear en la historia del derecho constitucional para revelar de dónde salió eso de que el vicepresidente desempata. El artículo completo, aquí.  
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  18 » Jul 2008
Libertad de expresión
  En el juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba (y perdonen que insista, pero dejó ricos elementos para considerar) el querellante Gustavo Palmieri esbozó que podría querellar al defensor Ladislao Simon por el contenido de su alegato. Si lo hace, abriría un interesante debate sobre la libertad de expresión de magistrados, funcionarios y abogados particulares en el contexto de un juicio oral.
Se sabe, Simon (ahora abogado particular, pero antes fue juez y fiscal) formuló críticas para todos lados: empezó por el Tribunal Superior de Justicia, siguió por su fiscal, y en línea descendente cuestionó a la Cámara de juicio, al juez de Instrucción, a la agente fiscal, al querellante, a los peritos oficiales, a los testigos e incluso a los imputados en la causa Fuentealba II.
Sobre la libertad de expresión de magistrados y funcionarios se habla poco y nada, acaso porque no es habitual que se critiquen públicamente entre ellos (aunque en privado sea otra cosa).
A través del diario Página/12 se conoció que un defensor salió absuelto de un juicio por calumnias e injurias que le iniciaron jueces que se consideraron agraviados por conceptos que incluyó en una carta de lectores. La nota de Página, aquí.
(G.B.)
 
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  17 » Jul 2008
Cambios en la casación
  Durante el juicio oral por el asesinato de Carlos Fuentealba se habló de que, ante una eventual condena al cabo primero José Darío Poblete, el defensor podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia e invocar el fallo "Casal". Ahora veo en diariojudicial.com que un grupo de diputados nacionales presentaron un proyecto para ampliar las facultades del imputado para presentar un recurso de casación penal: lo podría hacer por cuestiones de hecho y no estipula penas. El texto completo de la nota aquí y proyecto aquí.
(Este post fue editado, gracias al aporte de Inés)
(G.B.)
 
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  16 » Jul 2008
Seguridad
  Paula Sánchez, la diputada de Alternativa Neuquina, presentó un proyecto de ley para crear un Sistema Provincial de Seguridad Pública. El texto completo puede descargarse haciendo click acá, son 11 páginas en formato word.  
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  15 » Jul 2008
En directo, no
 

Sigo sin entender demasiado por qué los jueces prohíben la transmisión en vivo de los juicios orales, en especial aquellos que aportan a la construcción de la memoria colectiva de la sociedad.

Quizá habría que analizar caso por caso antes que imponer una regla general. Pero los jueces resuelven sin margen para el debate. Pasó con el caso Fuentealba y pasará con el juicio contra militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), querellante en la causa, hizo saber que el Tribunal Oral Federal decidió limitar la difusión en vivo de las audiencias que comenzarán en agosto. En un comunicado, el CEPRODH dijo: "nos oponemos a que se impida transmitir en vivo a toda la sociedad los puntos centrales del juicio, porque este juicio se relaciona con nuestra historia, e impedir que sea televisado y trasmitido en vivo, es funcional a la impunidad y a la ocultación de la verdad. Presentaremos un recurso por escrito contra esta resolución, pues no podemos permitir que luego de 32 años de impunidad la sociedad no pueda ser parte de esta pelea histórica. Todos debemos ser testigos de lo que suceda en el juicio, y debatir los alcances de este genocidio de clase. Pues el juicio nos pertenece a todos los trabajadores y el pueblo, quienes fuimos las víctimas de ese genocidio".

Uno de los argumentos de la Justicia es el respeto por el debido proceso. Supuestamente los testigos deben declarar sin haber escuchado a los anteriores. Pero si alguna sensación quedó después de 16 audiencias de juicio por el caso Fuentealba fue que los policías parecían haberse puesto de acuerdo antes de que empezara el juicio sobre lo que debían decir, y más, sobre lo que no debían decir. Y cito la conducta de los policías (y no de los docentes) porque el imputado era uno de ellos y era esperable que intentaran encubrirlo como ocurrió, salvo un par de excepciones.

El caso Fuentealba llegó a la etapa pública después de 14 meses de investigación secreta, sólo accesible para las partes. Las causas de derechos humanos llegan después de 32 años de silencio. ¿Tiene sentido impedir la transmisión en vivo?

Además la publicidad puede funcionar como antídoto contra un fallo arbitrario, y eso beneficia en primer lugar al imputado.

Iba a proponer como lectura complementaria este artículo pero me encontré con que es igual a este otro artículo y no sé a cuál de los dos citar como fuente.
(G.B.)
 
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  13 » Jul 2008
Presiones visibles...
 

Los jueces reciben presiones. De todo tipo, todo el tiempo. Si existiera un medidor de la afectación de la independencia, ¿cuáles serían las presiones más “eficaces”?

Algunos usuarios de este blog dejaron mensajes críticos hacia la manifestación docente en la puerta de la vieja Legislatura durante el juicio por el caso Fuentealba. Creen que esa presencia influyó en el ánimo de los jueces y les impidió ser totalmente independientes para juzgar al cabo primero José Darío Poblete.

Argumentos similares se han planteado en otras ocasiones, generalmente vinculadas con hechos de amplia repercusión política.

Se pueden conseguir sin demasiado esfuerzo ejemplos de movilizaciones que en apariencia no han servido para nada porque los jueces fallaron contra lo que pedían los manifestantes, y otros en los cuales la sentencia coincidió con las expectativas del grupo que reclamaba.

Quizá lo novedoso en el caso Fuentealba es que se mencionó una supuesta afectación a la independencia en la etapa más pública del proceso y más sujeta al control ciudadano. Lo frecuente es que las sospechas se instalan durante la instrucción, período muy poco transparente en el cual sólo las partes tienen acceso a lo que está sucediendo en el expediente.

El tema es amplio, complejo, y se puede abordar desde muchos lugares. Nunca nos vamos a poner de acuerdo ni lo vamos a agotar. Si este post sirve para reabrir el debate, mejor.

Como primer punto, las manifestaciones de este tipo son una realidad instalada. No es deseable que un juez tenga que resolver con el tronar de bombos en la puerta de su despacho (para usar una imagen fácilmente reconocible por todos), pero en los hechos sucede, y cada vez más.

También habría que preguntarse cómo llegó la Justicia a colocarse en esa situación. Es decir, por qué hay tantas sospechas de que ningún juez es verdaderamente independiente y que sólo bajo presión hará “justicia”.

En segundo lugar, no todas las personalidades son iguales. Tener una manifestación en la puerta puede amedrentar a unos y templar el ánimo de otros. Si no, bastaría con reunir un grupo de personas para lograr que el fallo o la resolución salgan de determinada manera y hay ejemplos, decía, que lo desmienten.

Por lo mismo, hay jueces que desde la íntima convicción resolverían de determinada manera, pero ajustados a derecho lo hacen de otra aunque saben que no van a convertirse en los más populares sino, a veces, todo lo contrario.

Tercero, me pregunto cómo afecta en concreto una manifestación la conducta que debe presumirse independiente de un magistrado. ¿De qué manera le perturba el ánimo y le quita independencia? ¿Le genera temor a una agresión física? ¿A un escrache? ¿Al escrutinio de su trabajo? Sin desconocer lo molesta que pueda resultar una manifestación –masiva o no- en la puerta del trabajo, me gustaría conocer mejor de qué manera real, concreta y efectiva le quita independencia.

Y lo planteo así porque hay otras presiones que reciben los jueces, más solapadas, de las que se habla bastante menos, y que les pueden traer consecuencias tan o más relevantes.

De eso trata el siguiente post.
(G.B.)
 
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