¿De qué se habla cuando se habla de modificar el Consejo de la Magistratura? La nave insignia de este debate es la integración. Hay un aceptable consenso en que los magistrados deben formar parte del proceso de elección de sus pares, y también los diputados (en vez de sus representantes, como ahora). Así se restañaría el desequilibrio actual.
Pero se habla menos de otro aspecto fundamental: la forma de evaluación de los antecedentes y capacidades técnicas de los candidatos a determinado cargo.
Este aspecto ocupa más espacio en las conversaciones incluso que la influencia política que el gobierno de turno pueda ejercer sobre el organismo.
Se sabe, este Consejo de la Magistratura tiene la impronta de Hugo Prieto, convencional del radicalismo quiroguista y por sobre todo abogado que ejerce libremente la profesión.
Mientras sesionaba la Convención Constituyente, en ese enloquecedor verano de 2006, la Asociación de Magistrados y Funcionarios hizo lo imposible por meterse adentro del Consejo de la Magistratura pero se quedó afuera. Y desde entonces muchos de sus afiliados se sienten en desventaja respecto de los abogados matriculados.
¿Por qué? Por ejemplo porque en el Consejo de la Magistratura no hay magistrados (que supuestamente defenderían las candidaturas de sus pares) y sí hay abogados matriculados (que supuestamente, defienden a aquellos colegas que quieren ingresar al Poder Judicial).
Pero además, interpretan que el sistema de puntaje por antecedentes los desfavorece.
Uno de los ejemplos son las maestrías. El sistema actual otorga hasta 10 puntos por "títulos de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados a los requerimientos específicos del cargo" y otros 5 cuando son "no relacionados a los requerimientos específicos del cargo".
Algunos magistrados me han dicho que "es imposible que un juez desatienda los asuntos de su despacho para dedicarse a una maestría; eso está armado para los abogados particulares". Curiosamente, otros magistrados me han comentado: "el único que puede hacer una maestría es un juez, que se toma licencia para eso e igual le pagan el sueldo".
Por eso la Asociación de Magistrados no se conformó con elaborar un proyecto de enmienda constitucional para cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, sino que se metió también con la ley reglamentaria: propuso una nueva que contempla otro sistema de evaluación de los antecedentes. (Y de paso pone a dieta el peso de las entrevistas personales, que han demostrado amplia capacidad para definir un ganador).
En eso la Asociación fue mucho más allá que el proyecto de enmienda presentado por Alternativa Neuquina, que firmó Soledad Martínez pero como ella misma dice, elaboró casi en su totalidad el ex vocal Marcelo Otharán.
Ambos proyectos impulsan muchas otras modificaciones interesantes, de las que podremos ocuparnos más adelante. Por ahora, este post ya se hizo demasiado largo.
Más abajo van a encontrar el de Alternativa Neuquina, que me envió el bloque, y el de la Asociación de Magistrados (ley reglamentaria incluida), que recibí por gentileza de un lector habitual del blog.
El siguiente post es un ejercicio de comparación en los dos aspectos centrales del debate: integración y evaluación, tal como está ahora y según las modificaciones propuestas.
Bonus track: De los 23 candidatos que seleccionó hasta ahora el Consejo de la Magistratura (incluyo a la Cámara de San Martín), 4 provienen de afuera del Poder Judicial. El resto ya estaba adentro.
Información sobre los concursos que vienen, aquí.
(G.B.)
Integración: Ahora: Un representante del Tribunal Superior de Justicia, que lo preside, cuatro representantes de la Legislatura que no son diputados, 2 representantes de los abogados. Propuesta de Alternativa Neuquina:
El presidente del Tribunal Superior de Justicia; tres magistrados con rango no inferior a camarista; cuatro abogados de la matrícula con una antigüedad en el título no inferior a diez años; un empleado no abogado del Poder Judicial con una antigüedad en el mismo no inferior a diez años; cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales con no menos de cinco años de residencia efectiva en la provincia. Propuesta de la Asociación de Magistrados: Tres magistrados o funcionarios del Poder Judicial, uno de los cuales corresponderá a un juez del Tribunal Superior de Justicia; tres abogados de la matrícula provincial y tres legisladores provinciales.
Evaluación de antecedentes, escala de puntajes: Ahora: Hasta 40 puntos por antecedentes así discriminados:
Antigüedad (en el ejercicio de la profesión o en la función judicial): hasta 7
Título de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados con los requerimientos específicos del cargo: hasta 10
Título de posgrado, maestrías y doctorados no directamente relacionados con los requerimientos específicos del cargo: hasta 5
Docencia: hasta 5
Publicaciones: hasta 5
Dictado de conferencias, ponencias, etc: hasta 5
Asistencia a congresos: hasta 3
Examen escrito: hasta 20 puntos.
Examen oral: hasta 20 puntos.
Entrevista personal: hasta 20 puntos.
Proyecto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios: Hasta 100 puntos por antecedentes, así discriminados:
Antigüedad en el Poder Judicial: 30
Antigüedad en el ejercicio privado de la profesión: 30
Desempeño de funciones judiciales o labores profesionales vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir: 40
Antecedentes académicos: hasta 30 puntos así discriminados:
Publicaciones: hasta 10
Docencia: hasta 10
Doctorado: hasta 10
Quedarán fuera de concurso quienes reúnan menos de 50 puntos.
Examen escrito: hasta 60 puntos.
Examen oral: hasta 40 puntos
Entrevista personal: no fija puntaje mínimo ni máximo, pero establece que la resolución debe estar debidamente fundada.
(G.B.)
Las nuevas tecnologías han modificado costumbres culturales, como bien refleja con cierta acidez incluida esta nota de Página 12 sobre la explosión de los blogs, pero también nuevos desafíos legales, como lo demuestran esta y esta columnas de un abogado (y blogger) español.
La primera advierte que al subir fotos al popular Facebook como hacen millones de adolescentes (y no tanto) le están dando derecho a perpetuidad para que las comercialicen. La segunda pone el acento sobre algo similar vinculado con Chrome, el nuevo navegador de Google. Este debate en algún momento llegará al país.
El Consejo de la Magistratura rechazó todas las impugnaciones presentadas contra el orden de mérito definitivo del concurso para la Cámara de San Martín de los Andes, que quedó tal cual estaba.
En consecuencia la semana que viene el Consejo enviará a la Legislatura los pliegos de María Julia Barrese, Andrés Arla y Juan José Gago.
Hace un tiempo publiqué este post que entre otros detalles se hacía eco de una versión: el futuro hombre fuerte del Poder Judicial, Guillermo Labate, podría poner un ojo en los números y trámites que rodearon la licitación y adjudicación de la Ciudad Judicial.
Donde ya se inició un sumario es en el área de Administración por las marchas y contramarchas de la licitación del edificio de Chos Malal, algo que anticipaba esta nota de diciembre de 2006.
La semana pasada le pregunté por este tema al actual Administrador, Roberto Frassetto. Su respuesta fue bastante escueta: "Hay un sumario en marcha que no conozco bien de una licitación anterior que quedó sin efecto. No hubo perjuicio fiscal porque la licitación no se había adjudicado, con lo cual el Estado tiene la posibilidad de dejarla sin efecto".
Si es por licitaciones dejadas sin efecto y vueltas a hacer con impugnaciones en el medio, es bastante ilustrativa la historia de la Ciudad Judicial, que finalmente fue adjudicada a la impugnante Riva SA. Un recordatorio, aquí.
(G.B.)
...en la reunión de hoy del Consejo de la Magistratura, de modo que el orden de mérito definitivo de la Cámara de San Martín de los Andes se conocerá recién el jueves. Cinco de los siete concursantes impugnaron el resultado. (G.B.)
